La diputada del PRI, Paola Gárate, ha lanzado una dura interpelación a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ante la aparente indiferencia y dilación con la que se ha tratado su caso de amenazas graves. La legisladora, quien ha sido objeto de intimidaciones que incluyen una pistola en la cabeza y la recepción de una corona fúnebre en su domicilio, cuestiona la postura de la Sedena de "analizar" si otorga protección, cuando la evidencia de peligro es contundente y ha sido denunciada formalmente.

El incidente más reciente, la entrega de una corona fúnebre en su casa, se suma a un historial de intimidación que pone en entredicho la efectividad de las instituciones de seguridad para proteger a quienes, precisamente, deberían estar bajo su resguardo. Gárate ha expresado su frustración ante la falta de una respuesta contundente, señalando que las autoridades parecen no tener la información completa o, peor aún, la están minimizando.

"¿Qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?", inquirió Gárate, evidenciando la profunda desconfianza generada por la respuesta oficial. La diputada del PRI, un partido que ha sido históricamente cuestionado por su manejo de la seguridad y su cercanía con ciertos poderes fácticos, se encuentra ahora en una posición vulnerable, exigiendo a la Sedena que cumpla con su deber constitucional.

La respuesta del titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, sugiriendo a la diputada interponer una denuncia para "analizar su caso", ha sido recibida con escepticismo. Trejo explicó que se realiza un análisis de riesgos, involucrando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, para determinar la procedencia de otorgar escoltas o realizar patrullajes. Sin embargo, Gárate asegura haber cumplido con todos los protocolos y haber presentado las declaraciones correspondientes desde el primer momento.

"Antes de cumplirse 24 horas ya estaba en las oficinas de la Fiscalía del Estado dando la cara, como siempre lo he hecho", afirmó Gárate en sus redes sociales, desmintiendo implícitamente la versión de que no ha acudido a interponer una demanda. Esta discrepancia en la información subraya la opacidad y la posible negligencia en el manejo del caso por parte de las autoridades.

La legisladora también criticó la idea de que la protección se limite a "actos oficiales", argumentando que su responsabilidad como diputada no tiene horarios. "Como si mi responsabilidad como diputada se pudiera prender y apagar por horario", sentenció, rechazando la noción de que su vida y su seguridad solo importan durante sus funciones públicas.

El PRI, partido al que pertenece Gárate, ha enfrentado severas críticas a lo largo de los años por su supuesta incapacidad para garantizar la seguridad en el país y por las acusaciones de corrupción y complicidad con el crimen organizado. La situación actual de la diputada pone de manifiesto las profundas fallas en el sistema de protección a figuras públicas y la fragilidad de la democracia ante la creciente ola de violencia e intimidación.

La historia de Gárate no es un hecho aislado. En México, la inseguridad galopante ha cobrado la vida de innumerables ciudadanos y ha puesto en jaque a las instituciones. La recurrente narrativa de "análisis de riesgo" y "protocolos de seguridad" parece insuficiente ante la brutalidad de las amenazas que enfrentan quienes alzan la voz o desempeñan funciones públicas.

La diputada recordó un incidente previo en 2021, cuando fue "levantada" durante un proceso electoral, y la amenaza más reciente con arma de fuego en octubre pasado. Estos eventos, sumados a la corona fúnebre, configuran un patrón de hostigamiento que exige una respuesta inmediata y contundente, no un mero trámite burocrático.

La postura de la Sedena, al parecer, es la de dilatar y justificar la falta de acción, apelando a procedimientos que, en la práctica, no están garantizando la seguridad de la legisladora. Esto genera un ambiente de impunidad y fomenta la idea de que las amenazas contra figuras públicas son toleradas o, en el peor de los casos, ignoradas.

El PRI, en su conjunto, se ve envuelto en esta polémica, pues la seguridad de uno de sus miembros está en juego y la respuesta institucional ha sido cuestionada. La falta de protección efectiva para Gárate no solo es un atentado contra su persona, sino también contra la representatividad democrática y la libertad de expresión.

La pregunta que queda en el aire es si la Sedena finalmente actuará ante la gravedad de la situación o si se requerirá un evento trágico para que se tome conciencia de la urgencia de proteger a quienes están en la primera línea de la vida pública y, a menudo, en la mira de la delincuencia.

La ciudadanía observa con atención, esperando que las instituciones cumplan con su deber y demuestren que la vida de una ciudadana, y en particular la de una representante popular, es prioritaria ante cualquier análisis burocrático. La exigencia de Gárate es un llamado de alerta sobre la fragilidad de la seguridad en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para todos.