La diputada local del PRI, Paola Gárate, ha sido forzada a abandonar su estado natal, Sinaloa, y buscar refugio en la Ciudad de México ante el temor fundado por su vida. La gota que derramó el vaso fue la macabra entrega de una corona fúnebre en la puerta de su domicilio, un mensaje inequívoco y escalofriante que en el argot criminal se traduce como una sentencia de muerte. Este acto de intimidación extrema es la culminación de años de valentía, rayana en la temeridad, de Gárate, quien ha alzado la voz contra la presunta injerencia del Cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021, proceso que catapultó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura. Su denuncia la convirtió en blanco, sufriendo incluso un secuestro con el objetivo de sacarla de la contienda electoral.

La gravedad de la situación se magnifica al considerar que estas denuncias cobraron notoriedad nacional hace unas semanas, tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez servidores públicos sinaloenses por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. A pesar de la urgencia y el peligro inminente, Gárate se encontró con un muro de indiferencia institucional. A finales de mayo, solicitó protección a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Gobernación. La respuesta, o la falta de ella, ha sido desoladora: silencio absoluto.

La diputada no se dio por vencida y buscó directamente al general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, para solicitar un análisis de riesgo que fundamentara la protección necesaria. Fue el general Julices Julián Tadeo González, coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, quien finalmente la atendió. Sin embargo, la reunión en su oficina no trajo el alivio esperado. En lugar de una estrategia de seguridad clara, se le ofreció una vaga promesa de "estar en contacto". La protección 24/7 que Gárate demandaba fue ignorada. Se le sugirió que, si salía a carretera, informara para "ver" si había elementos disponibles en la zona, y que solo contaría con acompañamiento de la Guardia Nacional para traslados oficiales o en caso de "riesgos" identificados. La pregunta obvia es: ¿cómo se determina un riesgo cuando la amenaza es permanente y existencial?

La negativa del general a proporcionar por escrito cualquier compromiso o medida de protección, a pesar de la insistencia de Gárate, es un indicio alarmante de la omisión gubernamental. El general, al parecer, se permitió el lujo de minimizar la situación de una persona que se encuentra en el umbral de un posible asesinato. Cuando la corona fúnebre apareció en su casa, Gárate contactó al general, quien envió una patrulla. Sin embargo, esta protección, ya de por sí insuficiente, fue retirada el sábado, tras unas declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien, falsamente, afirmó que Gárate contaba con protección estatal y federal. Esta contradicción expone la falta de coordinación y la posible desinformación o manipulación de la información por parte de las autoridades.

El gobierno parece no aprender de sus errores, o peor aún, está dispuesto a sacrificar a miembros de la oposición, asumiendo el costo de más muertes políticas. Paola Gárate ha sido meticulosa en sus denuncias, evitando confrontar directamente a las facciones del Cártel de Sinaloa en guerra. Su enfoque ha sido señalar a los políticos corruptos que, según ella, están vinculados al crimen organizado. Esto sugiere que el interés en silenciarla no provendría directamente del cártel, sino de aquellos políticos que se verían expuestos por sus señalamientos. La documentación de su caso durante seis años apunta a que su verdadero problema no es el crimen organizado per se, sino los políticos de Morena que, presuntamente, forman parte estructural de estas organizaciones criminales o colaboran con ellas.

Este patrón de abandono y posible complicidad recuerda trágicamente el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, ejecutado la noche del Día de Muertos el año pasado. Manzo también había solicitado protección federal insistentemente, pero le fue negada. Su asesinato desencadenó una crisis de credibilidad para la estrategia de seguridad del presidente y levantó sospechas sobre figuras de Morena en Michoacán como posibles autores intelectuales. Desde entonces, la insensibilidad del gobierno y su tendencia a blindar a políticos señalados por vínculos con el crimen organizado solo se han profundizado.

La discrecionalidad con la que el gobierno decide a quién proteger y a quién considerar "desechable" es inaceptable y profundamente preocupante. Si Paola Gárate fuera asesinada, la responsabilidad política recaería directamente en la presidenta Claudia Sheinbaum, no por ser la autora material, sino por ser la máxima responsable de la seguridad en el país. El asesinato de Manzo ya había representado un golpe severo para la administración. Javier Tejado, en su columna de El Universal, documentó cómo en solo 48 horas, el volumen de mensajes sobre el deceso de Manzo alcanzó el 70% de los registrados en 21 días sobre el campo de exterminio en Teuchitlán, con una abrumadora mayoría de comentarios negativos.

El contexto actual, sin embargo, podría hacer que la ejecución de Gárate tuviera un impacto aún mayor. El asesinato de Manzo puso los crímenes contra políticos opositores bajo un escrutinio internacional sin precedentes. El caso de Gárate, además, está intrínsecamente ligado a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses. Uno de los implicados, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, con quien Gárate ha tenido enfrentamientos públicos, se ha entregado a las autoridades y negocia convertirse en testigo cooperante en Nueva York. El perfil de la diputada, y su papel en las denuncias que sustentan la acusación de la administración estadounidense, la convierten en una figura clave. Su asesinato sería, en efecto, un golpe directo a la credibilidad y legitimidad del gobierno federal, resonando en los más altos niveles de poder en México y en el extranjero.

La amenaza contra Paola Gárate no es un incidente aislado, sino un síntoma de una enfermedad más profunda que aqueja al sistema político mexicano: la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder y la consecuente vulnerabilidad de quienes se atreven a denunciarlo. La falta de protección efectiva para Gárate, a pesar de sus reiteradas solicitudes y de la gravedad de las amenazas, subraya una preocupante tendencia a la omisión y, potencialmente, a la complicidad. El gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que administraciones anteriores, parece estar atrapado en un ciclo de negación y reacción tardía, donde la seguridad de los ciudadanos, especialmente de aquellos que desafían al poder establecido, queda relegada a un segundo plano.

La situación de Gárate pone de manifiesto la fragilidad del Estado de derecho en México y la impunidad que rodea a los actos de violencia política. La corona fúnebre no es solo una amenaza personal, sino un mensaje dirigido a todos aquellos que consideran alzar la voz contra la corrupción y el crimen organizado. La respuesta del gobierno, hasta ahora, ha sido insuficiente y desalentadora, dejando a la diputada en una posición de extrema vulnerabilidad. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades actuarán antes de que sea demasiado tarde, o si permitirán que otra vida valiosa se sume a la larga lista de víctimas de la violencia política en México.

El PRI, partido al que pertenece Gárate, se encuentra en una posición particularmente delicada. Históricamente asociado con el poder en México, el partido ha enfrentado un declive significativo y ahora se ve envuelto en un escándalo que expone la inseguridad y la posible complicidad de figuras políticas con el crimen. La defensa de Gárate y la exigencia de justicia para ella se convierten en una prueba de fuego para la dirigencia del partido, que debe demostrar su capacidad para proteger a sus miembros y para enfrentar las graves acusaciones que pesan sobre el actual gobierno y sus aliados.

La inacción del gobierno federal y del gobierno de Sinaloa ante las amenazas contra Paola Gárate no solo pone en riesgo su vida, sino que también socava la confianza pública en las instituciones. Si un representante electo no puede garantizar su seguridad, ¿qué esperanza tienen los ciudadanos comunes? La respuesta a esta crisis de seguridad y política definirá, en gran medida, la percepción pública sobre la capacidad del gobierno para enfrentar al crimen organizado y para defender los principios democráticos. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, estará observando de cerca los próximos pasos, dado el involucramiento del Departamento de Justicia en el caso.

La narrativa que rodea a Paola Gárate es un reflejo de los desafíos monumentales que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Su caso, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la valentía frente a un sistema que, en ocasiones, parece ceder ante las fuerzas del mal. La esperanza reside en que su situación sirva como catalizador para un cambio real y contundente en las políticas de seguridad y justicia del país, antes de que sea demasiado tarde.