Veinte años han transcurrido desde que el estado oaxaqueño fue escenario de una de las páginas más oscuras de su historia reciente: la represión violenta contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantenían un plantón en la capital. La orden provino del entonces gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz, cuyo mandato (2004-2010) quedó marcado por la sangre y la opresión.

Yenny Aracely Pérez, actual dirigente magisterial en Oaxaca, alzó la voz para denunciar la persistente ausencia de justicia y castigo para los perpetradores de aquellos actos. "Siguen sin castigo", sentenció, recordando las vidas perdidas, los heridos y los encarcelados que dejó la brutalidad desatada en 2006. La exigencia de rendición de cuentas, que debería ser un pilar de cualquier democracia, parece desvanecerse ante la inacción y el olvido.

El contexto de aquel entonces era de profunda tensión social. El magisterio oaxaqueño, en lucha por mejores condiciones laborales y salariales, había establecido un plantón que se extendió por semanas. Lo que comenzó como una manifestación pacífica se tornó en un infierno cuando las fuerzas de seguridad, bajo el mando directo del gobierno estatal, arremetieron contra los profesores. Las imágenes de violencia indiscriminada dieron la vuelta al país y al mundo, exponiendo la cara más autoritaria del PRI en el poder.

La narrativa oficial intentó minimizar los hechos, calificándolos como un simple enfrentamiento. Sin embargo, testimonios y evidencias documentales pintaron un cuadro muy distinto: un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y una clara intención de disolver por la vía de los hechos a un movimiento social legítimo. La responsabilidad política y moral recaía directamente en Ulises Ruiz Ortiz, cuya administración se vio envuelta en múltiples escándalos de corrupción y abuso de poder.

La denuncia de la lideresa magisterial no es un hecho aislado, sino el eco de una herida que no ha cerrado. A lo largo de dos décadas, las víctimas y sus familias han buscado incansablemente que se haga justicia. Han presentado denuncias, han marchado, han exigido respuestas, pero la maquinaria de la impunidad, a menudo facilitada por las estructuras de poder heredadas, parece impenetrable. El PRI, partido que gobernó Oaxaca en ese entonces, ha navegado estas aguas turbulentas con una habilidad pasmosa para evadir responsabilidades.

La falta de castigo a los responsables de la represión de 2006 no solo es una afrenta a la memoria de las víctimas, sino también un síntoma alarmante de la debilidad del Estado de derecho en México. Cuando los crímenes cometidos por autoridades o con su anuencia quedan impunes, se envía un mensaje peligroso: que la ley no se aplica por igual para todos, y que el poder político puede ser un escudo contra la justicia.

Este aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el legado del priismo en Oaxaca y en el país. La administración de Ulises Ruiz Ortiz es un recordatorio sombrío de cómo el autoritarismo y la corrupción pueden coexistir bajo el manto de un partido que, en su momento, se jactaba de ser la "institución" por excelencia. La represión de 2006 no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que buscaba silenciar la disidencia y mantener el control a cualquier costo.

La exigencia de justicia para los caídos y heridos en 2006 se entrelaza con la lucha actual por un sistema de justicia más equitativo y transparente. La CNTE, a pesar de las adversidades, ha demostrado una resiliencia notable, manteniendo viva la memoria de los hechos y la demanda de que se haga justicia. Su lucha es un faro para otros movimientos sociales que enfrentan obstáculos similares en su búsqueda de derechos y reconocimiento.

El papel de los partidos políticos en la consecución de la justicia es crucial. En este caso, la sombra del PRI se cierne sobre la impunidad. ¿Qué garantías existen de que un partido con un historial de este tipo no repita sus errores? La respuesta, a juzgar por la persistencia de la impunidad, es desalentadora. La clase política, en su conjunto, parece tener una deuda pendiente con las víctimas de la violencia estatal.

La inseguridad y la violencia que aún azotan a diversas regiones de México tienen raíces profundas, y la impunidad de casos como el de Oaxaca en 2006 es una de ellas. Cuando los responsables de actos de violencia estatal no enfrentan consecuencias, se fomenta un ciclo de impunidad que debilita la confianza en las instituciones y perpetúa la inseguridad. La justicia no es solo un asunto de reparación del daño, sino también de prevención.

La dirigencia magisterial ha reiterado su compromiso de no claudicar en la exigencia de justicia. La lucha por la memoria, la verdad y la reparación del daño continúa. Este aniversario sirve como un llamado de atención a las autoridades actuales y a la sociedad en general: la impunidad no puede ser la norma. El recuerdo de la represión de 2006 debe servir como un motor para construir un futuro donde la justicia prevalezca sobre el poder y la complicidad.

La memoria histórica es una herramienta poderosa contra la repetición de los horrores. Al mantener vivo el recuerdo de la represión de 2006 y la exigencia de castigo para los responsables, la CNTE y sus aliados buscan sentar un precedente. La impunidad de ayer es la inseguridad de hoy. La justicia pendiente en Oaxaca es un espejo de las deudas que el sistema político mexicano aún tiene con su pueblo.

El PRI, como partido que gobernó en aquel entonces, tiene una responsabilidad histórica ineludible. La falta de un reconocimiento explícito de los errores cometidos y de una colaboración activa para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables perpetúa la herida abierta. La exigencia de justicia trasciende el ámbito local y se convierte en un clamor nacional por un Estado de derecho efectivo y una democracia sin sombras de autoritarismo.

En conclusión, a 20 años de la represión en Oaxaca, la denuncia de Yenny Aracely Pérez resuena con fuerza: la justicia sigue esquiva. La impunidad que rodea a los responsables del PRI en el caso Ulises Ruiz Ortiz es un recordatorio doloroso de las fallas estructurales del sistema judicial y político mexicano. La lucha por la verdad y la rendición de cuentas es un camino largo, pero indispensable para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo.