La Cámara de Diputados ha dado luz verde a una reforma significativa a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que impactará a las empresas a partir de 2027. La iniciativa, aprobada con 322 votos a favor y 115 en contra, busca endurecer las reglas fiscales, limitar deducciones y combatir prácticas de evasión, enviando el dictamen al Senado para su ulterior revisión.
Tres Pilares de la Reforma Fiscal
La reforma se centra en tres modificaciones clave que alterarán el panorama fiscal para las compañías. En primer lugar, se establece que una misma empresa no podrá acogerse simultáneamente a dos estímulos fiscales distintos. Esta medida busca evitar la duplicidad de beneficios y asegurar una aplicación más equitativa de los incentivos fiscales.
En segundo término, se modifica el artículo 147 de la Ley del ISR para que los pagos realizados al extranjero solo sean deducibles en el ejercicio fiscal en el que efectivamente se realice el pago de la contraprestación. Esto implica una mayor transparencia y control sobre las operaciones transfronterizas, obligando a las empresas a alinear sus deducciones con los flujos de efectivo reales.
Finalmente, el artículo 36 de la ley se ajusta para imponer límites a las deducciones empresariales. Específicamente, las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos no podrán deducir más del 96.67 por ciento de sus ingresos acumulables. Este cambio tiene como objetivo principal presionar a las grandes corporaciones para que contribuyan en mayor medida al erario público.
Implicaciones y Alcance de los Cambios
Estas modificaciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte del Congreso para fortalecer la recaudación fiscal y cerrar brechas de evasión. La reforma no solo se enfoca en las deducciones directas, sino que también introduce ajustes en otros aspectos de la fiscalidad empresarial y de las plataformas digitales.
Entre las medidas adicionales, se contempla la reducción del límite para la deducción de intereses netos, que pasará del 30 al 20 por ciento de la utilidad fiscal. Asimismo, se propone limitar la amortización de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores al 50 por ciento de la utilidad. Estas disposiciones buscan incentivar una mayor rentabilidad y desincentivar estrategias de elusión fiscal basadas en la acumulación de pérdidas.
Ampliación del Régimen Simplificado y Tasas para Plataformas Digitales
La reforma también contempla una ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas, elevando el límite de ingresos anuales para tributar en este esquema de 3.5 a 5 millones de pesos. Esto podría beneficiar a un mayor número de pequeños y medianos contribuyentes, simplificando su carga fiscal.
En el ámbito de las plataformas digitales, la iniciativa introduce una retención fija del ISR del 2.1 por ciento sobre los ingresos brutos para servicios de transporte y reparto, afectando a empresas como Uber, DiDi y Rappi. Para el comercio electrónico, se establece una tasa de retención del 2.5 por ciento, tanto para personas físicas como morales. Estas medidas buscan asegurar una mayor tributación por parte de las economías de plataforma.
Contexto y Perspectivas Futuras
La aprobación de esta reforma se da en un contexto donde el gobierno busca consolidar las finanzas públicas y asegurar recursos suficientes para la operación del Estado y la implementación de programas sociales. Históricamente, las reformas fiscales han sido herramientas clave para ajustar la política económica y responder a las necesidades recaudatorias.
Los analistas señalan que estos cambios podrían generar presiones adicionales sobre las empresas, especialmente aquellas con estructuras fiscales complejas o que dependen fuertemente de deducciones y estímulos. La implementación de estas nuevas reglas requerirá una adaptación por parte de los contribuyentes y una supervisión rigurosa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La ruta legislativa aún no concluye, ya que el Senado deberá analizar y votar el dictamen. Es posible que durante este proceso se introduzcan ajustes o modificaciones adicionales, dependiendo de las negociaciones políticas y las preocupaciones expresadas por los diferentes actores económicos y legislativos.
La entrada en vigor de estas disposiciones en 2027 marcará un punto de inflexión en la forma en que las empresas operan y declaran sus impuestos en México. La efectividad de la reforma dependerá, en gran medida, de su correcta implementación y de la capacidad del SAT para fiscalizar su cumplimiento, así como de la respuesta de los sectores empresariales ante las nuevas obligaciones fiscales.