Cinco años han transcurrido desde aquel 11 de julio de 2021, fecha que marcó un antes y un después en la historia reciente de Cuba. Miles de cubanos salieron a las calles, alzando la voz con el emblemático lema "Patria y vida", una clara contraposición al tradicional "Patria o muerte". Estas manifestaciones representaron las mayores protestas antigubernamentales desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, impulsadas por un profundo anhelo de mejores condiciones de vida y un cambio en el sistema político. Hoy, la realidad para los 9.6 millones de habitantes de la isla es sombría, agravada por un férreo bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y nuevas sanciones que disuaden la inversión extranjera, paralizando la economía y la vida cotidiana.
El Aumento Constante de las Protestas
La precariedad que se vive en la isla ha exacerbado el descontento popular, traduciéndose en un incremento notable de las protestas contra el gobierno. Expertos como Cecilia Bobes, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, señalan que la "combinación entre precarización social, erosión de derechos sociales, debilitamiento del consenso y cierre político genera tensiones crecientes de gobernabilidad. Y la protesta aparece entonces como la expresión visible de tensiones más profundas".
Laritza Diversent, directora de Cubalex, ha destacado que desde el 11J, la población civil cubana no ha cesado de manifestarse, evidenciando un "cambio de perspectiva dentro de la ciudadanía" y la creación de "mecanismos para manifestarse". Los datos de Cubalex son contundentes: solo en junio de este año se registraron 253 protestas, una cifra récord desde que la organización comenzó a documentar las manifestaciones antigubernamentales en 2022. El 19 de junio, coincidiendo con severos déficits eléctricos, se alcanzaron 31 eventos de protesta en un solo día, superando el pico anterior de 30 registrado el 13 de mayo.
Las formas de protesta se han diversificado, abarcando no solo carteles, cacerolazos y manifestaciones públicas, sino también el cierre de calles, daños a la propiedad estatal, propaganda, quema de basureros, desnudos públicos, caminatas individuales, distribución de octavillas y protestas dentro de instituciones, según detalla el informe mensual de Cubalex sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, reportó 11,268 protestas, denuncias y declaraciones críticas en Cuba durante 2025, lo que representa un aumento de más del 25% respecto a las 8,443 registradas en 2024. Diciembre de 2025 cerró con un récord de 1,333 acciones.
Sin embargo, a pesar de la creciente frecuencia y diversidad de las protestas, su impacto en la transformación del régimen político sigue siendo limitado. Analistas del International Crisis Group advierten que la oposición cubana aún carece de la estructura organizativa y el liderazgo necesarios para catalizar un levantamiento nacional sostenido y efectivo.
La Sombra de la Represión
Paralelamente al auge de las protestas, el gobierno cubano ha intensificado su respuesta represiva. Manuel Cuesta Morúa, un opositor cubano liberado el año pasado, señaló en una entrevista con EFE que el gobierno "endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos".
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 10 de marzo de 2026, organizaciones cubanas de derechos humanos, junto con Amnistía Internacional, denunciaron la muerte de 46 manifestantes detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, presuntamente por falta de atención médica adecuada en prisión.
Las manifestaciones públicas, donde la identificación de los participantes es más sencilla, han sido seguidas por un patrón de castigo directo, ya sea durante los eventos o posteriormente, resultando en detenciones masivas. Diversas organizaciones de la sociedad civil, utilizando distintas metodologías, estiman que el número de personas detenidas por motivos políticos en Cuba oscila entre 754 y 1,214, configurando la cifra más alta de presos políticos documentada en América Latina.
Human Rights Watch ha informado que, cinco años después del 11J, alrededor de 800 presos políticos permanecen encarcelados, casi la mitad de ellos por su participación en aquellas manifestaciones. Adicionalmente a las detenciones, se han registrado citaciones, multas y amenazas dirigidas a quienes se atreven a expresar su descontento.
Un Futuro Incierto Bajo Sanciones
La situación económica de Cuba se ha visto severamente afectada por las sanciones estadounidenses y el contexto internacional. El país ha experimentado apagones eléctricos recurrentes, tres de ellos generales en menos de diez días recientes, y cinco en lo que va del año, reflejando la profunda crisis energética y la parálisis de la infraestructura.
La escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos se ha vuelto la norma, empujando a muchos cubanos a buscar alternativas, incluyendo la emigración, a pesar de los riesgos. La falta de oportunidades y la persistente represión alimentan un ciclo de descontento que, aunque fragmentado, se mantiene latente y con potencial de resurgir.
En este contexto, el gobierno cubano enfrenta el desafío de gestionar un malestar social creciente mientras navega por un entorno internacional adverso, marcado por las sanciones y la presión diplomática. La capacidad del Estado para mantener el control y responder a las demandas de su población sigue siendo el eje central de la compleja realidad cubana.