Miles de personas que buscan refugio en México se encuentran atrapadas en un limbo burocrático que les impide acceder a un empleo formal, a servicios bancarios y a otros derechos básicos. La causa principal: la drástica reducción y suspensión de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), un documento crucial que se ha vuelto casi imposible de obtener desde octubre de 2023.

En el contexto de una década marcada por un cambio en la vocación migratoria de México, que ha pasado de ser un país de tránsito a un destino para miles de personas huyendo de la violencia y la precariedad económica, la falta de documentación se erige como una barrera formidable. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), México ha recibido alrededor de 600,000 solicitudes de asilo desde 2019, posicionándose entre los 10 países con mayor número de peticiones a nivel mundial.

Solo en 2025, el país registró 70,500 solicitudes, de las cuales un 42% se concentraron en Tapachula, Chiapas, el principal punto de entrada en la frontera sur. La Ciudad de México también ha visto un aumento significativo, acaparando el 30% de las solicitudes, mientras que los estados del norte experimentaron un alza del 56% respecto al año anterior. El 82% de quienes buscan protección provienen de Cuba, Venezuela y Haití, naciones sumidas en profundas crisis humanitarias.

Para estas personas, muchas de las cuales llegan a México con escasos o nulos documentos, la posibilidad de obtener un empleo formal o abrir una cuenta bancaria se convierte en una quimera. A pesar de que la legislación mexicana les otorga el derecho a trabajar, la ausencia de la TVRH, que servía como documento provisional mientras se resuelve su solicitud de asilo, ha truncado este derecho.

La caída en la emisión de este documento es alarmante. Mientras que en 2023 se entregaron 94,829 TVRH, en 2024 la cifra se desplomó a solo 618, y hasta julio de 2025 se habían emitido 1,918. Esto representa una disminución de casi el 99.3% en 2024 y alrededor del 98% en 2025 en comparación con 2023. La ACNUR advierte que esta carencia documental no solo dificulta el acceso al empleo formal, sino que también expone a los solicitantes a la explotación laboral, el robo de salarios, la extorsión e incluso la trata de personas.

La falta de la TVRH también repercute en la obtención de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y en la revalidación de estudios, limitando la capacidad de los refugiados para demostrar sus habilidades y conocimientos ante empleadores potenciales. Este escenario de vulnerabilidad se agrava al intentar acceder a servicios financieros.

Barreras en la Inclusión Financiera

Abrir una cuenta bancaria es un requisito indispensable para recibir el pago de nómina en empleos formales, pero para muchos refugiados, esta meta es prácticamente inalcanzable debido a los requisitos restrictivos de muchas instituciones financieras. Aunque la ley permite la apertura de cuentas de nivel uno y dos con documentos migratorios o incluso solo con la CURP, en la práctica, las instituciones bancarias a menudo exigen documentos adicionales como el pasaporte, un requisito que muchos solicitantes no pueden cumplir.

La situación es particularmente compleja para aquellos que han cortado lazos con sus países de origen y no pueden recurrir a embajadas o consulados para obtener documentación. A pesar de este panorama, algunas instituciones bancarias han implementado buenas prácticas. Banco Dondé ha abierto más de 1,500 cuentas para personas refugiadas, y Banorte ha facilitado cerca de 12,000 desde 2022, demostrando que la inclusión financiera es posible con voluntad y productos adaptados.

Revalidación de Estudios y Desconocimiento Empresarial

Otro obstáculo significativo para la inserción laboral es la validación de los estudios cursados en los países de origen. Al huir de situaciones de violencia, muchos refugiados no logran llevar consigo títulos o certificados originales apostillados. Si bien México ha flexibilizado los criterios, eliminando en muchos casos la necesidad de apostillas o traducciones legales, el proceso aún presenta complejidades.

Joselin Barja, asociada senior de Soluciones Duraderas del ACNUR en México, explica que la revalidación de estudios básicos y medios es relativamente sencilla. Sin embargo, para estudios superiores, el proceso se complica debido a la necesidad de evaluar la equivalencia de los planes de estudio y la compatibilidad de los programas académicos entre las universidades de origen y las mexicanas.

Finalmente, el desconocimiento de los empleadores sobre la situación y la documentación válida de las personas refugiadas constituye una barrera adicional. Algunos empresarios temen infringir la ley al no saber qué documentos son válidos para dar de alta a un extranjero en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que los lleva a buscar asesoría en organismos como el ACNUR o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

En un esfuerzo por fomentar la contratación inclusiva, más de 650 empresas, incluyendo gigantes como Mabe y FEMSA, se han comprometido a contratar a personas refugiadas, especialmente en los corredores industriales del centro y norte del país. Este tipo de iniciativas son vitales para transformar la realidad de miles de personas que buscan una vida digna y productiva en México, pero que actualmente se ven frenadas por la burocracia y la falta de documentos.

La situación actual pone de manifiesto la urgencia de agilizar los trámites y emitir la documentación necesaria para que los solicitantes de asilo puedan ejercer plenamente sus derechos, integrarse al mercado laboral formal y contribuir al desarrollo económico del país. La falta de un documento no debería ser un impedimento para la dignidad y el progreso de quienes buscan protección internacional.

En el contexto de la política migratoria mexicana, la suspensión de la TVRH representa un retroceso significativo en los esfuerzos por integrar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Si bien la intención de regularizar la migración es loable, las medidas implementadas parecen generar más obstáculos que soluciones, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad.

La comunidad internacional, a través de organismos como ACNUR, ha reiterado la importancia de garantizar el acceso a documentos y derechos básicos para las personas en situación de refugio. La falta de acción o la lentitud en la resolución de estos trámites no solo afecta a los individuos, sino que también puede generar tensiones sociales y económicas en las comunidades receptoras.

Es fundamental que las autoridades mexicanas reevalúen la política de emisión de la TVRH y establezcan mecanismos más eficientes y accesibles para garantizar que los solicitantes de asilo puedan acceder al empleo y a los servicios financieros, elementos esenciales para su autosuficiencia y dignidad.

La experiencia de países como Cuba, Venezuela y Haití, de donde provienen la mayoría de los solicitantes, subraya la necesidad de una respuesta humanitaria y pragmática por parte de México. La falta de oportunidades laborales y la exclusión financiera no solo perpetúan la precariedad, sino que también pueden forzar a las personas a recurrir a la economía informal, con todos los riesgos que ello implica.

En última instancia, la integración laboral y financiera de las personas refugiadas no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una oportunidad para el desarrollo económico y social de México. Al facilitar el acceso a empleos formales y servicios bancarios, el país puede beneficiarse de las habilidades y el talento de una población diversa y resiliente, fortaleciendo así su tejido social y económico.

La situación actual, sin embargo, requiere una intervención decidida para revertir la tendencia y asegurar que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección a refugiados y solicitantes de asilo. La burocracia no puede ser un muro infranqueable para la esperanza y la oportunidad.