La Ciudad de México enfrenta una crisis silenciosa pero alarmante en su sistema penitenciario: al menos cinco de las 13 cárceles bajo su jurisdicción operan bajo un régimen de autogobierno impuesto por los propios reclusos. Esta grave situación, documentada en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expone un panorama desolador donde la autoridad formal parece haber cedido el control a las organizaciones criminales que operan desde el interior de los muros.

El Poder de los Internos

Según el informe de la CNDH, estos cinco centros penitenciarios se han convertido en feudos donde los internos no solo dictan las reglas, sino que también organizan y ejecutan actividades delictivas. Las extorsiones, tanto a otros reclusos como a sus familias, son una práctica común y lucrativa, evidenciando la ausencia de un control efectivo por parte de las autoridades. Este autogobierno no se limita a la imposición de cuotas; abarca la operación de negocios ilícitos y la distribución de poder dentro de los penales, creando un ecosistema criminal que opera con impunidad.

Un Diagnóstico Preocupante

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es una herramienta fundamental para evaluar las condiciones de los centros de reclusión en el país. Su edición de 2025 arroja luz sobre las deficiencias estructurales y la falta de gobernabilidad en varios reclusorios de la capital. La CNDH ha señalado consistentemente la necesidad de fortalecer la presencia y la autoridad del personal penitenciario, así como de implementar programas efectivos para prevenir y combatir la corrupción y el crimen organizado al interior de las cárceles. Sin embargo, los hallazgos de este último diagnóstico sugieren que las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes para revertir la tendencia.

Implicaciones de la Inseguridad Penitenciaria

La consolidación del autogobierno en las cárceles de la Ciudad de México tiene profundas implicaciones para la seguridad pública. Estos centros, lejos de ser lugares de readaptación social, se convierten en verdaderas escuelas del crimen, donde los internos perfeccionan sus habilidades delictivas y fortalecen sus redes criminales. La extorsión y la violencia que emanan de estos muros no se quedan dentro; a menudo se proyectan hacia el exterior, afectando a la sociedad en general. La falta de control penitenciario es un caldo de cultivo para la reincidencia y un obstáculo formidable en la lucha contra la delincuencia organizada.

El Papel de la Autoridad

Este escenario plantea serias interrogantes sobre la capacidad y la voluntad de las autoridades capitalinas para ejercer un control efectivo sobre el sistema penitenciario. La CNDH, a través de sus diagnósticos, ha fungido como un órgano de fiscalización y denuncia, pero la responsabilidad última de garantizar la seguridad y el orden dentro de las cárceles recae en las instituciones encargadas de su administración. La persistencia de estas condiciones de autogobierno sugiere fallas significativas en la supervisión, la inteligencia penitenciaria y la aplicación de protocolos de seguridad.

Antecedentes y Contexto

Históricamente, el control de los reclusorios por parte de internos o grupos criminales ha sido un problema recurrente en diversos sistemas penitenciarios a nivel mundial, incluyendo México. Factores como la sobrepoblación, la corrupción del personal, la falta de recursos, la debilidad institucional y la infiltración del crimen organizado contribuyen a la erosión de la autoridad formal. En el contexto de la Ciudad de México, la magnitud del problema, evidenciada por la CNDH, sugiere que estos factores se han combinado de manera particularmente perniciosa.

¿Qué Sigue?

Los hallazgos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades. Es imperativo que se implementen acciones inmediatas para recuperar el control total de los cinco reclusorios señalados. Esto podría incluir la rotación de personal, la intervención de áreas clave, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y inteligencia, y la aplicación rigurosa de sanciones para el personal cómplice o negligente. Asimismo, es fundamental revisar y fortalecer los programas de reinserción social para abordar las causas subyacentes de la criminalidad y la violencia en estos entornos.

La Perspectiva de la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir este diagnóstico, no solo señala un problema, sino que también insta a la acción. Su labor es fundamental para visibilizar estas realidades y presionar a las autoridades para que cumplan con su obligación de garantizar un sistema penitenciario seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos. La persistencia de estas condiciones de autogobierno es una afrenta a los principios del sistema de justicia penal y un foco de inseguridad que debe ser erradicado.

El Impacto Social

La noticia de que cinco cárceles de la capital están controladas por presos es un golpe a la percepción de seguridad de los ciudadanos. Refuerza la idea de que el crimen organizado tiene una capacidad de penetración y operación que desafía las estructuras de contención del Estado. La extorsión, una de las actividades ilícitas mencionadas, afecta directamente a la economía familiar y genera un clima de miedo y desconfianza. La sociedad espera que las autoridades actúen con determinación para desmantelar estos centros de operación criminal y restaurar el orden y la legalidad en los penales.

Un Llamado a la Acción

Este informe de la CNDH no es solo un dato estadístico; es una alerta roja sobre la fragilidad del sistema penitenciario en la Ciudad de México. La Presidenta Claudia Sheinbaum y su administración tienen la responsabilidad de abordar esta crisis de manera frontal. Ignorar estas advertencias o minimizarlas sería un grave error con consecuencias potencialmente devastadoras para la seguridad pública y la gobernabilidad de la capital. La recuperación del control penitenciario es un paso indispensable para fortalecer el Estado de derecho y proteger a la ciudadanía.