El gobierno federal, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha abierto una ventana de oportunidad para la explotación de gas natural mediante la técnica del fracturamiento hidráulico, mejor conocida como fracking. Esta decisión, presentada como un avance en la soberanía energética, viene acompañada de una serie de condiciones técnicas, ambientales y científicas que deberán cumplirse rigurosamente antes de que cualquier operación pueda iniciar.

La presentación de los primeros resultados del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional marcó el escenario para este anuncio. Dicho comité, integrado por 54 especialistas, ha delineado un camino que, si bien contempla el potencial del fracking, también establece límites claros para proteger recursos vitales y comunidades.

Exclusión de Tampico-Misantla: Un Respiro para el Ecosistema

Una de las determinaciones más significativas anunciadas por la presidenta Sheinbaum es la prohibición explícita de la actividad de fracking en la cuenca Tampico-Misantla. Esta región, que concentra una porción considerable de los recursos potenciales de gas natural no convencional del país, ha sido excluida debido a las complejas condiciones sociales y ambientales que harían inviable el desarrollo de esta técnica extractiva.

Con esta exclusión, México renuncia a aproximadamente el 15 por ciento de sus recursos potenciales de gas natural no convencional. La cuenca Tampico-Misantla albergaba recursos prospectivos estimados en 20.7 millones de millones de pies cúbicos, de un total nacional proyectado en 141.5 millones de millones de pies cúbicos. La decisión subraya una priorización de la protección ambiental y la armonía social sobre la explotación de estos yacimientos en zonas sensibles.

Enfoque en Cuencas Específicas

En contraste, el grupo de especialistas recomendó enfocar los esfuerzos de evaluación y potencial desarrollo en dos cuencas clave: Sabinas-Burro Picachos, ubicada en los estados de Coahuila y Nuevo León, y la Cuenca de Burgos, en el noreste de Tamaulipas. Estas regiones concentran recursos potenciales significativos, ascendiendo a 67 y 53.8 millones de millones de pies cúbicos, respectivamente.

La decisión de concentrar la exploración en estas áreas responde a un análisis técnico que considera las condiciones geológicas y la viabilidad de implementar las medidas de mitigación ambiental y social requeridas para el fracking.

Compromiso con el Agua: Un Pilar Fundamental

Un aspecto central de la estrategia gubernamental para viabilizar el fracking es la gestión del agua. La presidenta Sheinbaum fue enfática al señalar que cualquier operación de extracción de gas natural no convencional deberá garantizar el uso de agua salada proveniente de formaciones geológicas profundas o de aguas residuales tratadas. El objetivo es evitar a toda costa el uso de agua dulce, un recurso ya comprometido para el consumo humano, la agricultura y otras actividades esenciales.

José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, detalló que el agua salada, extraída de profundidades de entre mil y mil 500 metros, es inadecuada para el consumo humano debido a su alta salinidad y características geoquímicas. Este recurso, al ser utilizado para la fracturación de rocas, facilitaría la recuperación del gas sin competir con las fuentes de agua dulce.

Además, se establecerá un compromiso para la reutilización y reciclaje de al menos el 75 por ciento del agua empleada en el proceso. Paralelamente, se implementará un monitoreo constante de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, para detectar y corregir cualquier posible afectación.

Supervisión y Desarrollo Económico

La implementación del fracking estará sujeta a una serie de condiciones adicionales. Se llevarán a cabo consultas ciudadanas en las zonas de influencia directa de los proyectos, buscando asegurar el consentimiento y la participación de las comunidades locales. Asimismo, se exigirá que estas iniciativas generen empleos y contribuyan al desarrollo económico de las regiones donde se asienten.

La reducción del impacto superficial derivado de la perforación de pozos también será una prioridad, buscando minimizar la huella ecológica de las operaciones.

El Desafío de la Soberanía Energética

No obstante los avances y las promesas, expertos como Alma América Porres, integrante del Comité Científico, advierten que la autosuficiencia energética sigue siendo un reto mayúsculo. Aun implementando medidas de eficiencia energética, incrementando la producción de yacimientos convencionales y promoviendo fuentes renovables, México continuaría dependiendo de las importaciones de gas natural, principalmente de Estados Unidos.

Se estima que, incluso con un aumento en la extracción de gas convencional, la oferta nacional apenas cubriría el 49.5 por ciento de la demanda. El 50.5 por ciento restante tendría que ser importado, lo que pone de manifiesto la persistente vulnerabilidad del país en materia de seguridad energética.

Porres subrayó que, de no implementarse medidas contundentes para contener la demanda, el consumo nacional de gas natural podría incrementarse significativamente para 2030, exacerbando la dependencia externa. La búsqueda de la soberanía energética, concluyó, requiere esfuerzos adicionales y sostenidos más allá de la explotación de gas no convencional.

En el contexto de la política energética mexicana, la decisión de explorar el fracking representa un equilibrio delicado entre la necesidad de asegurar el suministro de combustibles y la imperativa protección del medio ambiente y los recursos hídricos. Las condiciones impuestas buscan mitigar los riesgos inherentes a esta técnica, pero la viabilidad a largo plazo y el impacto real en la soberanía energética del país seguirán siendo objeto de escrutinio y debate.