El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desatado una ofensiva sin precedentes contra las empresas factureras, aquellas compañías que emiten comprobantes fiscales por operaciones simuladas con el fin de evadir impuestos, desviar recursos públicos o lavar dinero. Sin embargo, las nuevas y contundentes facultades otorgadas a la autoridad fiscal, implementadas a partir de la reforma al Código Fiscal de la Federación a inicios de 2026, no solo apuntan a los evasores confeso, sino que extienden su alcance a todas las empresas, incluyendo a las que operan en la formalidad y cumplen con sus obligaciones fiscales.

La estrategia, que busca erradicar de una vez por todas a las llamadas empresas fantasmas, ha sido calificada por algunos expertos como una medida que podría generar un efecto colateral devastador para el tejido empresarial mexicano. La contadora pública Edna P., quien prefirió mantener su identidad en reserva, relató a Expansión una experiencia que ilustra la nueva realidad: "Llegaron sorpresivamente, no se identificaron, no formalizaron, me dieron una lista de todos los documentos que tenía que facilitarles en ese momento. Yo tenía todo digital y tuve que imprimir, comprobar toda la materialidad. No te hablan por teléfono ni te avisan por Buzón Tributario. Es una realidad que estamos viviendo, toman fotos a la hora de llegar, a la hora de irse", describió sobre una visita del SAT a su domicilio particular, donde resguarda información contable de una empresa.

Un Legado de Fiscalización

La lucha contra las factureras no es nueva. Se remonta a 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando se facultó al SAT para investigar y publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los RFC de presuntas empresas que facturaran operaciones simuladas. Si estas no presentaban pruebas suficientes a la autoridad, eran catalogadas como definitivas. Posteriormente, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la política recaudatoria se enfocó en la fiscalización de grandes corporativos, mientras se impulsaba la digitalización y el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias fiscales. El Plan Maestro de Operación del SAT, implementado a partir de 2021, sentó las bases para un combate más tecnológico contra la evasión y elusión fiscal.

La administración actual, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha heredado y reforzado estas estrategias. Con un mayor acervo de información, procesos digitalizados y experiencia en el uso de inteligencia artificial, el gobierno busca intensificar el combate a la compraventa de comprobantes fiscales falsos. La magnitud del problema es considerable: se estima que las factureras generan un daño al erario público de aproximadamente 250,000 millones de pesos anuales, sumando 2.5 billones de pesos en la última década, según estimaciones del fiscalista Luis Pérez de Acha. "Pienso yo que nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR", declaró Sheinbaum en agosto de 2025, al anunciar la reforma.

Auditorías Exprés y Riesgo Generalizado

La reforma de 2026 otorga al SAT facultades para realizar auditorías exprés. Estas auditorías inician con una notificación entregada en el domicilio fiscal, y se acompañan de levantamiento de pruebas mediante cámaras, grabadoras de audio y drones. Una de las medidas más drásticas es la posible suspensión temporal del sello digital, herramienta indispensable para la emisión de facturas.

Aunque el gobierno asegura que estas nuevas facultades se dirigen específicamente a las factureras, y que el uso de IA permitirá "tiros más precisos", las nuevas disposiciones para enfrentarlas o evitarlas aplican para todos los contribuyentes. "Todos corremos el riesgo, en algún momento, de que se nos aplique esa disposición y, por lo tanto, caigamos en las listas como empresa que factura operaciones simuladas. Esa contingencia existe, es real", advierte Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Las nuevas disposiciones no distinguen entre grandes o pequeños contribuyentes. Se extienden a quienes hayan utilizado facturas de empresas que resulten publicadas en las nuevas listas (denominadas EFOS, Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) para obtener beneficios fiscales, y que a su vez son catalogados como EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas).

El Factor Tiempo y la Complejidad Operativa

A diferencia de las auditorías previas, que podían durar hasta 110 días, las nuevas auditorías se reducen a un plazo máximo de 24 días. De este tiempo, solo cinco días se destinan a que el contribuyente demuestre la materialidad de sus operaciones. Esto implica presentar pruebas materiales y documentales como contratos, evidencia de personal, infraestructura, bienes, reportes, fotografías, videos, registros contables o flujos de efectivo.

"Cinco días es muy poco, pues en las nuevas disposiciones no se define un límite de facturas a requerir. Hay clientes que emiten más de 100,000 facturas diarias. Mientras la autoridad corrobora pruebas y emite fallo, te bajan el switch, que es ponerle pausa al sello digital, indispensable para emitir facturas", detalla Ulises Castilla, socio líder de la Práctica Legal de KPMG México.

La suspensión del sello digital no solo impide la emisión de facturas, sino que también complica la timbración de nómina y las operaciones de comercio exterior, según Giovanni Sosa, Counsel mercantil y financiero de Hogan Lovells. Tras la presentación de pruebas, la autoridad fiscal tiene 15 días para notificar su resolución. Si se demuestra la materialidad de las operaciones, el sello digital se reactiva. De lo contrario, el nombre y RFC del contribuyente se publican en el DOF, activando alertas para el resto de los contribuyentes que hayan utilizado facturas de dicho ente.

Estrategias de Defensa y Contingencia

Ante este panorama, las empresas formales han comenzado a implementar estrategias para monitorear sus operaciones y evitar caer en las listas negras del SAT. Esto incluye una revisión exhaustiva de sus proveedores y clientes, así como la digitalización y organización rigurosa de toda la documentación que respalde la materialidad de sus transacciones.

La presión fiscal y la complejidad de las nuevas normativas obligan a las compañías a ser extremadamente diligentes en sus procesos contables y administrativos. La posibilidad de una auditoría exprés y la suspensión del sello digital representan un riesgo significativo que puede paralizar las operaciones de cualquier negocio.

El desafío para el SAT será aplicar estas nuevas facultades de manera justa y eficiente, sin afectar indebidamente a las empresas que cumplen con la ley. Para los contribuyentes, la clave estará en la prevención, la organización y la capacidad de respuesta rápida ante cualquier requerimiento de la autoridad fiscal.

La reforma busca recaudar fondos significativos, pero el costo para la economía formal podría ser elevado si no se maneja con la debida cautela y transparencia. La efectividad de esta medida dependerá de la capacidad del SAT para distinguir entre evasores y empresas legítimas, y de la agilidad con la que estas últimas puedan demostrar la veracidad de sus operaciones.

En este contexto, la asesoría fiscal especializada se vuelve crucial. Los contadores y abogados fiscales juegan un papel fundamental en guiar a las empresas a través de este complejo entramado legal y administrativo, asegurando el cumplimiento normativo y minimizando los riesgos.

La batalla contra las factureras continuará siendo un tema central en la agenda fiscal del país, con implicaciones directas en la operación y estrategia de miles de empresas mexicanas.