En un acto de desafío abierto contra la dirigencia de su propio partido, las diputadas poblanas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares han decidido impugnar las medidas cautelares impuestas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. La sanción, que suspende temporalmente sus derechos partidistas, surge a raíz de comentarios considerados edadistas y ofensivos hacia las personas adultas mayores, vertidos durante la transmisión de un podcast.
Las legisladoras, que buscan asegurar su participación en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027, han presentado un recurso de revisión ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Con esta maniobra, pretenden anular la suspensión que les impide participar en asambleas, consejos, comités o comisiones del partido, así como ejercer su derecho al voto y, crucialmente, postularse para cargos de representación popular. Salvatori aspira a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, mientras que Palomares busca revalidar su curul en el Congreso local.
El incidente que ha desatado esta crisis interna se remonta a un episodio del podcast DesCasadas, emitido el pasado 21 de julio. Durante la conversación, Salvatori y Palomares se mofaron de la expresión "huelen a baúl", asociada comúnmente a las personas de mayor edad. La situación escaló cuando Palomares añadió de forma despectiva: "es que ya se están pudriendo". Estos comentarios fueron calificados por la dirigencia nacional de Morena como "indicios de edadismo y trato degradante", al vincular de manera peyorativa el olor, el deterioro físico, la enfermedad o la muerte con el simple hecho de ser mayor.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, actuando bajo la solicitud de la dirigencia nacional, emitió las medidas cautelares el pasado 6 de agosto. Estas restricciones, sin embargo, fueron notificadas formalmente a través de los folios 26-002287 y 26-002288, dando cuenta de la recepción de los escritos de revisión por parte de las diputadas. La Comisión ha indicado que integrará estos recursos al expediente para emitir una resolución conforme a la normativa aplicable.
Nayeli Salvatori, conocida también por su faceta de influencer, ha declarado públicamente su intención de considerarse temporalmente como diputada independiente. "Como hay medidas cautelares no tienes un partido, no tienes voz dentro del partido, podría nombrarme independiente en este momento en lo que pasa el proceso", explicó. A pesar de la suspensión de sus derechos partidistas, Salvatori ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando en la gestión de proyectos y atenciones en su distrito, demostrando una aparente desconexión entre su rol legislativo y su militancia partidista.
Es importante destacar que, según aclaró el propio partido, las medidas cautelares son de carácter interno y no afectan las funciones legislativas de Salvatori y Palomares ni sus cargos como diputadas en el Congreso de Puebla. Ambas pueden seguir ejerciendo sus responsabilidades legislativas mientras el procedimiento interno se desarrolla, una distinción que subraya la complejidad de las normativas partidistas frente a las responsabilidades públicas.
Tras la controversia, ambas diputadas emitieron mensajes de disculpa pública. Nayeli Salvatori reconoció que sus expresiones fueron un error y que la reacción en redes sociales tuvo un fuerte impacto emocional, llegando a considerar la reanudación de su tratamiento antidepresivo. Por su parte, Graciela Palomares también ofreció una disculpa sincera a quienes se sintieron ofendidos, buscando mitigar el daño reputacional.
Sin embargo, la decisión de impugnar la sanción pone de manifiesto una profunda fractura dentro de Morena en Puebla y una clara priorización de las ambiciones electorales sobre la disciplina partidista y el respeto a los principios éticos. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ahora enfrenta el desafío de resolver esta disputa, en un contexto donde la credibilidad del partido se ve mermada por este tipo de escándalos.
El caso de Salvatori y Palomares no es un hecho aislado en la política mexicana, donde las figuras públicas a menudo se ven envueltas en polémicas por declaraciones desafortunadas. La reacción del partido, aunque tardía, intenta marcar un precedente contra el discurso de odio y la discriminación, especialmente hacia grupos vulnerables como los adultos mayores. No obstante, la impugnación de la sanción por parte de las propias señaladas sugiere que la batalla por el control interno y las candidaturas de Morena apenas comienza.
La situación pone en relieve la tensión entre la necesidad de mantener una imagen pública intachable y las aspiraciones políticas individuales. Mientras las diputadas buscan recuperar sus derechos para competir en 2027, la dirigencia de Morena deberá sopesar la gravedad de las ofensas contra la necesidad de unidad partidista, en un escenario político cada vez más polarizado y vigilante.
El desenlace de este recurso de revisión será crucial para entender la fortaleza de las normativas internas de Morena y la capacidad de su Comisión de Honestidad y Justicia para hacer valer las reglas, incluso frente a figuras con aspiraciones políticas significativas. La opinión pública, especialmente la de los adultos mayores, estará atenta a la resolución, que podría sentar un precedente sobre cómo el partido maneja las faltas de ética y respeto.
En el trasfondo, la disputa también refleja las luchas de poder internas que caracterizan a Morena, un partido que, a pesar de su reciente dominio, enfrenta constantes desafíos para cohesionar a sus distintas facciones y mantener una línea ideológica clara y respetuosa. La pugna por las candidaturas de 2027 se perfila como un campo de batalla donde las lealtades y las ofensas del pasado jugarán un papel determinante.
La estrategia de las diputadas de impugnar la sanción, declarándose incluso independientes temporalmente, demuestra una audacia que podría ser interpretada como un acto de valentía o como una muestra de descaro, dependiendo de la perspectiva. Lo cierto es que han puesto a Morena en una encrucijada, obligándolo a tomar una decisión que podría tener repercusiones significativas en su imagen y en la unidad del partido de cara a futuros procesos electorales.
El partido se encuentra ahora en la tesitura de defender sus principios éticos o ceder ante las presiones de sus militantes con ambiciones, en un delicado equilibrio que definirá su postura frente a la discriminación y el respeto a los grupos vulnerables. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la palabra, y su fallo será observado de cerca por la ciudadanía y por la propia militancia morenista.