La opacidad se cierne sobre el destino de miles de millones de pesos en Zacatecas. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), representada por la diputada federal Noemí Berenice Luna, y la senadora priísta Claudia Anaya, han lanzado un contundente llamado al gobernador David Monreal Ávila para que aclare el paradero de la astronómica suma de 3 mil 654 millones de pesos. Estos fondos, provenientes de un fideicomiso creado en 2023, estaban originalmente destinados a la construcción de un ambicioso viaducto elevado de 3.4 kilómetros en la capital del estado.

Sin embargo, la obra, que prometía aliviar el congestionamiento vial y modernizar la infraestructura de la ciudad, fue sorpresivamente cancelada en mayo de 2025 por el propio mandatario estatal. La decisión de dar marcha atrás a un proyecto de tal envergadura, y sobre el cual ya se habían comprometido recursos millonarios, ha generado profunda indignación y sospechas entre la oposición y la ciudadanía.

La exigencia de transparencia por parte del PAN y el PRI no es menor. Señalan que la falta de una explicación clara sobre el uso o destino de los 3 mil 654 millones de pesos constituye un grave atentado contra la rendición de cuentas y un posible desvío de recursos públicos. La diputada Luna y la senadora Anaya han sido enfáticas al demandar que se detalle cada peso gastado, cada contrato firmado y, sobre todo, qué sucedió con el dinero que ya no se invertirá en el viaducto.

Este escándalo pone de relieve las prácticas de opacidad que, lamentablemente, se han vuelto recurrentes en diversas administraciones estatales. La creación de fideicomisos, si bien pueden ser herramientas útiles para la gestión de proyectos a largo plazo, también se prestan a la discrecionalidad y al manejo poco transparente de los fondos si no existen mecanismos de supervisión robustos y una voluntad política firme para la rendición de cuentas.

El caso de Zacatecas se suma a una larga lista de proyectos de infraestructura que, tras generar expectativas y movilizar recursos significativos, terminan en el limbo, dejando tras de sí cuestionamientos sobre la planeación, la ejecución y, sobre todo, la administración de los dineros públicos. La cancelación de obras de esta magnitud, sin una justificación pública detallada y convincente, alimenta la desconfianza ciudadana hacia las autoridades.

La senadora Claudia Anaya, figura prominente del PRI en Zacatecas, ha sido una voz constante en la crítica a la administración de Monreal. Su participación en esta exigencia subraya la fractura política en el estado y la determinación de la oposición por fiscalizar cada acción del gobierno estatal, especialmente cuando se trata de recursos que deberían beneficiar a la población.

Por su parte, el PAN, a través de su legisladora federal, busca capitalizar el descontento social y posicionarse como un contrapeso efectivo al gobierno de Morena en Zacatecas. La exigencia de transparencia sobre el fideicomiso del viaducto se convierte así en una bandera política para evidenciar presuntos malos manejos y la ineficiencia del gobierno actual.

La pregunta que resuena en Zacatecas es clara: ¿dónde están los 3 mil 654 millones de pesos? La respuesta no puede ser un simple silencio administrativo o una justificación vaga. Los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo se utilizan sus impuestos y qué se hizo con el dinero destinado a un proyecto que, hoy por hoy, solo existe en los planos y en las promesas incumplidas.

La cancelación del viaducto elevado, anunciada en mayo de 2025, debió venir acompañada de un informe detallado sobre el estado financiero del fideicomiso. La ausencia de esta información es lo que ha provocado la reacción de la oposición y la demanda de una auditoría exhaustiva que permita rastrear el flujo de los recursos y determinar si hubo irregularidades.

Este episodio no solo afecta la imagen del gobernador David Monreal, sino que también pone en entredicho la capacidad de gestión y la transparencia de su administración. La falta de claridad en este asunto podría tener repercusiones políticas significativas, fortaleciendo a la oposición y erosionando la confianza de los votantes en el partido en el poder.

El futuro de la infraestructura en Zacatecas y la confianza en sus gobernantes penden de un hilo. La exigencia de cuentas sobre los 3 mil 654 millones de pesos es solo el principio de lo que podría ser una investigación profunda sobre el manejo de los recursos públicos en el estado. La ciudadanía zacatecana merece respuestas claras y contundentes.

La presión política y social sobre David Monreal para que aclare el destino de estos fondos millonarios continuará intensificándose. La oposición no cederá hasta obtener una explicación satisfactoria y, de ser necesario, se buscarán las vías legales para garantizar que los recursos públicos sean administrados con la máxima transparencia y responsabilidad.

Este caso es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y del papel fundamental que juegan los partidos de oposición en la fiscalización del poder. La transparencia no es una opción, es una obligación ineludible de todo gobierno que aspire a servir legítimamente a su pueblo.