A 20 años de la infame represión orquestada por el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon ayer en la capital oaxaqueña para conmemorar el fallido desalojo y, sobre todo, para clamar por justicia y castigo a los responsables de una masacre que dejó una profunda herida en la entidad.

El evento, que se cumplió este domingo, no es un mero acto de memoria histórica; es un grito de hartazgo ante la impunidad que ha prevalecido durante dos décadas. La marcha, que recorrió las calles de la ciudad de Oaxaca, sirvió como plataforma para recordar los hechos violentos que desencadenaron un conflicto sociopolítico de más de cinco meses, un periodo oscuro marcado por la violencia de Estado, con un saldo oficial de más de 20 personas asesinadas y decenas de desaparecidos.

La exigencia principal de los docentes es clara: que se haga justicia y se sancione a quienes orquestaron y ejecutaron la brutalidad contra el magisterio. El nombre que resuena con fuerza es el de Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca (2004-2010), bajo cuyo mandato se perpetró el desalojo y la subsecuente violencia. La CNTE señala directamente al PRI y a sus estructuras de poder de la época como responsables directos de la masacre y de la posterior impunidad.

El conflicto de 2006, que se extendió por más de cinco meses, no solo dejó un rastro de sangre y desapariciones, sino que también evidenció la profunda crisis de derechos humanos y la descomposición social que se vivía en Oaxaca bajo el régimen priísta. La respuesta del gobierno de Ruiz Ortiz fue desproporcionada y violenta, utilizando a las fuerzas de seguridad para reprimir a los maestros que mantenían un plantón y exigían mejores condiciones laborales y educativas.

La marcha de ayer fue un recordatorio sombrío de la fragilidad de la justicia en México, especialmente cuando los perpetradores pertenecen a élites políticas con amplias redes de protección. La CNTE ha denunciado en múltiples ocasiones que, a pesar de las pruebas y testimonios, los responsables directos de los crímenes cometidos durante el conflicto de 2006 han gozado de impunidad, protegidos por el manto del poder y la complicidad.

Este aniversario pone de manifiesto la persistente lucha del magisterio oaxaqueño por la verdad y la justicia. La CNTE, a través de sus voceros, ha reiterado que no cesarán en su empeño hasta que se abran las carpetas de investigación, se juzgue a los culpables y se repare el daño a las víctimas y sus familias. La memoria de los caídos y desaparecidos es un motor que impulsa su demanda.

La narrativa oficial de aquellos años intentó minimizar los hechos, presentándolos como un simple enfrentamiento entre autoridades y un grupo de inconformes. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruda: un uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todo ello orquestado desde las altas esferas del poder priísta en Oaxaca.

El PRI, que en aquel entonces ostentaba el poder en la entidad, ha sido señalado como el principal responsable de la violencia. La exigencia de justicia hoy se dirige no solo a los autores materiales, sino también a quienes, desde la cúpula del partido, dieron las órdenes y crearon el clima de represión. La falta de castigo ejemplar ha sentado un precedente peligroso, permitiendo que la cultura de la impunidad se arraigue.

La jornada de protesta también sirvió para reflexionar sobre el estado actual de la seguridad y los derechos humanos en México. Aunque han pasado 20 años, las demandas de justicia y el reclamo contra la violencia de Estado siguen siendo pertinentes. La CNTE aprovecha estos aniversarios para visibilizar las deudas pendientes del Estado mexicano en materia de derechos humanos y para exigir que no se repitan episodios tan oscuros como el de 2006.

La comunidad oaxaqueña, marcada por la tragedia, acompaña la exigencia de los maestros. La marcha fue un acto de solidaridad y un llamado a la conciencia colectiva para no olvidar los horrores del pasado y para trabajar por un futuro donde la justicia prevalezca sobre la impunidad. La memoria colectiva es una herramienta poderosa contra el olvido y la complicidad.

El legado de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca está intrínsecamente ligado a la violencia y la represión. Su administración es recordada como una de las más oscuras en la historia reciente del estado, y la masacre de 2006 es la cicatriz más profunda. La exigencia de justicia es, en gran medida, un intento por saldar esa deuda histórica y por dignificar la memoria de las víctimas.

La CNTE ha anunciado que esta conmemoración es solo el inicio de una serie de acciones para mantener viva la exigencia de justicia. Se espera que en los próximos meses se intensifiquen las movilizaciones y las denuncias para presionar a las autoridades y asegurar que los responsables de la masacre de 2006 no sigan impunes. La lucha por la verdad y la justicia continúa.

Este aniversario es un llamado de atención para el PRI y para todas las fuerzas políticas que han sido señaladas por actos de violencia y represión. La memoria de los maestros caídos y desaparecidos exige que la justicia no sea una quimera, sino una realidad tangible. La exigencia de castigo para los responsables es un imperativo moral y democrático.

La falta de justicia en el caso de la represión de 2006 en Oaxaca no solo afecta a las víctimas directas y sus familias, sino que también debilita el Estado de derecho y la confianza en las instituciones. La CNTE y la sociedad civil organizada urgen a las autoridades a actuar con celeridad y determinación para cerrar este capítulo de impunidad y violencia.