El gobierno de Javier Milei en Argentina ha anunciado con bombo y platillo la expulsión de aproximadamente 14 mil extranjeros en los últimos seis meses. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se jactó de esta cifra, detallando que entre los expulsados se encuentran personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y aquellos que intentaron ingresar al país incumpliendo las normativas.
Monteoliva, a través de un video difundido en redes sociales, enfatizó que Argentina está abierta para quienes llegan a trabajar, invertir y respetar la ley. Sin embargo, lanzó una advertencia clara: aquellos que no cumplan con estos preceptos, "no tienen lugar" en la nación sudamericana. Esta declaración subraya un giro drástico en la política migratoria del país, alineándose con un discurso de control fronterizo y seguridad.
Las acciones del gobierno de Milei no son aisladas. En mayo de 2025, se implementaron reformas significativas al régimen migratorio. Estas reformas incluyeron restricciones más severas para la obtención de la residencia, la eliminación de la gratuidad en la atención médica para extranjeros en hospitales públicos y la introducción de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes. Estas medidas buscan, según el gobierno, priorizar los recursos y la atención para los ciudadanos argentinos y residentes legales.
Además, en noviembre de 2025, el Ejecutivo de Milei dio un paso más al anunciar la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria. Este organismo tiene como objetivo coordinar las acciones de las fuerzas fronterizas, policiales y de inteligencia en materia migratoria, buscando una gestión más centralizada y eficiente del control de fronteras.
Como parte de este fortalecimiento del control, en febrero pasado se puso en marcha el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF). Este centro está diseñado para potenciar el análisis de datos y la inteligencia en las fronteras, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva ante posibles amenazas o irregularidades migratorias.
La retórica y las políticas de Milei han sido comparadas frecuentemente con las de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, quien también implementó políticas migratorias restrictivas y un discurso enfocado en la seguridad fronteriza. La cifra de 14 mil expulsiones en seis meses evoca las acciones de la administración Trump, quien también presumió de un número elevado de deportaciones y expulsiones durante su mandato.
Sin embargo, la comparación no se detiene en las expulsiones. El mismo día del anuncio, Milei también modificó por decreto el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Una de las modificaciones más notables fue la eliminación de la recomendación de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional al momento de cubrir las vacantes del máximo tribunal.
Esta reforma, firmada por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, revierte decretos anteriores que buscaban promover una mayor representatividad y equilibrio en la composición de la Corte Suprema. La eliminación de estos criterios sugiere un enfoque diferente en la selección de los más altos magistrados del país, priorizando otros aspectos que el gobierno considere más relevantes.
Entre los cambios específicos, el decreto elimina la etapa de recepción de observaciones, adhesiones e impugnaciones ciudadanas que previamente se presentaban ante el Ministerio de Justicia antes de que el pliego de candidatos fuera enviado al Senado. Si bien el proceso de audiencia pública, impugnaciones y votación en el Senado se mantiene, la eliminación de esta fase ciudadana reduce el escrutinio público previo.
Adicionalmente, la nueva normativa deja sin efecto la obligación de publicar los antecedentes de los postulantes en diarios de circulación nacional y local. La difusión se limitará ahora al Boletín Oficial y a la página web del Ministerio de Justicia, con plazos de publicación más reducidos. Esta medida ha generado preocupación entre sectores que abogan por una mayor transparencia en los procesos de designación de altos funcionarios.
La decisión de eliminar la recomendación de contemplar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la procedencia regional en la selección de jueces de la Corte Suprema ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y juristas, quienes argumentan que esto podría llevar a una Corte menos representativa y más homogénea, alejándose de los principios de pluralismo y equidad.
El gobierno argentino defiende estas medidas como necesarias para fortalecer la seguridad nacional y garantizar el orden. Argumentan que las expulsiones se dirigen a individuos que representan un riesgo para la sociedad, y que las reformas judiciales buscan agilizar y optimizar los procesos de selección, asegurando la idoneidad de los candidatos.
No obstante, las acciones de Milei continúan generando un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. Mientras sus seguidores aplauden su firmeza y su enfoque en la soberanía y la seguridad, sus detractores expresan preocupación por el posible menoscabo de derechos y garantías, así como por la deriva hacia políticas que recuerdan a regímenes autoritarios.
La comparación con Trump es inevitable, dado el estilo de liderazgo y las políticas implementadas. Sin embargo, es crucial analizar cada medida en su contexto argentino, considerando las particularidades del país y los desafíos específicos que enfrenta la administración Milei. El tiempo dirá si estas políticas migratorias y judiciales logran los objetivos declarados por el gobierno o si, por el contrario, generan consecuencias negativas a largo plazo para la sociedad argentina.