Un exalto directivo de Meta ha sacudido los cimientos de la compañía al declarar en un juicio federal que Instagram, la popular plataforma de fotografía, operaba bajo una política de "no preguntes, no digas" respecto a la presencia de menores de 13 años en su red. Arturo Béjar, quien ocupó el cargo de director de ingeniería, afirmó categóricamente que la empresa matriz, Meta, ha priorizado de manera sistemática las ganancias económicas por encima del bienestar y la seguridad de sus usuarios más jóvenes.
El Dilema de las Ganancias vs. la Seguridad Infantil
Durante su testimonio en el tribunal federal de Oakland, California, Béjar detalló cómo el diseño de los productos de Meta se enfocaba en maximizar el tiempo que los usuarios pasaban en la plataforma y la frecuencia de su uso. Esta métrica, crucial para la generación de ingresos publicitarios, a menudo se lograba a expensas de la salud mental y el bienestar de los usuarios, especialmente los más vulnerables. "Si dejas de usar el producto, no van a ganar dinero", sentenció Béjar, subrayando la lógica comercial que, según él, imperaba en la toma de decisiones de la compañía.
El juicio, que se perfila como histórico, enfrenta a Meta con varios estados de Estados Unidos, incluyendo California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Estos estados interpusieron una demanda en 2023, alegando que la compañía contribuye a la crisis de salud mental entre los jóvenes mediante el diseño deliberado de funciones adictivas y el ocultamiento de sus efectos perjudiciales. La acusación también señala que Meta recopila datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento parental, violando la ley federal.
"No Preguntes, No Digas": La Política Hacia los Menores
La declaración de Béjar sobre la política de "no preguntes, no digas" es particularmente grave. Implica que la empresa, en lugar de implementar medidas proactivas para verificar la edad y proteger a los menores de 13 años, optó por una estrategia de omisión, permitiendo su acceso y exposición a contenidos potencialmente dañinos. Esta postura, según el exdirectivo, era una decisión consciente para no perder usuarios jóvenes que, a la larga, se convertirían en consumidores de sus servicios y, por ende, en fuentes de ingresos.
Meta, por su parte, ha negado rotundamente las acusaciones. Paul Schmidt, abogado de la compañía, declaró que las pruebas presentadas demostrarán el compromiso de Meta con la seguridad de los jóvenes. "Son temas importantes, y son temas en los que Meta cree que tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de actuar por su cuenta. Tiene la responsabilidad de intentar trabajar con los adolescentes y padres de familia en conjunto para tratar de abordar esas preguntas", afirmó Schmidt, buscando proyectar una imagen de responsabilidad corporativa.
Antecedentes y Contexto del Juicio
Arturo Béjar no es ajeno a las preocupaciones sobre la seguridad en las redes sociales. Trabajó en Facebook entre 2009 y 2015, enfocándose en la lucha contra el ciberacoso. Regresó a la compañía como contratista entre 2019 y 2021 para abordar asuntos de seguridad. Su testimonio ante el Congreso en 2023 ya había puesto de manifiesto su preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, asegurando que los altos ejecutivos de Meta, incluido Mark Zuckerberg, estaban al tanto de los daños que Instagram causaba, pero optaron por no implementar cambios sustanciales.
Las evaluaciones de desempeño y la compensación de los empleados que trabajaban en productos orientados al usuario, según Béjar, estaban intrínsecamente ligadas al número de usuarios y al tiempo que pasaban en la plataforma. "En ese contexto, la seguridad pasaba a segundo plano", afirmó, pintando un cuadro sombrío de las prioridades internas de la empresa. Este enfoque, argumentan los estados demandantes, ha tenido consecuencias devastadoras para una generación de jóvenes que han crecido inmersos en el ecosistema digital de Meta.
Implicaciones y Lo Que Sigue
Los estados demandantes buscan no solo cambios significativos en la experiencia de usuario de Facebook e Instagram, sino también indemnizaciones económicas que podrían ascender a miles de millones de dólares en sanciones. La oficina del fiscal general de California ha indicado que, en caso de una sentencia adversa para Meta, será el tribunal quien determine la cuantía de las indemnizaciones. Este juicio representa un punto de inflexión en la regulación de las grandes tecnológicas y su responsabilidad en la protección de los menores en el entorno digital. La resolución de este caso sentará un precedente crucial sobre cómo las plataformas de redes sociales deben equilibrar sus intereses comerciales con la obligación de salvaguardar la seguridad y el bienestar de sus usuarios más jóvenes, especialmente aquellos que aún no han alcanzado la mayoría de edad.