JUECES IMPONEN SU VOLUNTAD
El Poder Judicial de la Federación se paralizó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que ceder ante las presiones de los trabajadores. Tras un paro nacional y movilizaciones que afectaron diversas sedes judiciales, la Corte, junto con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y los principales sindicatos del sector, acordaron modificar el controvertido proceso de evaluación del desempeño. La principal concesión: garantizar que las nuevas pruebas no tendrán efectos sancionatorios ni implicarán la separación del cargo de los empleados.
La decisión se tomó después de una serie de reuniones entre el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y los representantes de los trabajadores. El acuerdo busca desactivar el conflicto desatado por la publicación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establecía un nuevo esquema de evaluación para el personal de carrera judicial, incluyendo secretarios, actuarios y oficiales.
LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES
La inconformidad de los trabajadores surgió a raíz de la percepción de que las nuevas evaluaciones, que contemplan exámenes para medir conocimientos y desempeño profesional, podrían poner en riesgo su estabilidad laboral, antigüedad y permanencia en sus puestos. Temían que los resultados se utilizaran como una herramienta para justificar despidos o sanciones.
Las protestas, que iniciaron el viernes 6 de noviembre, incluyeron un paro nacional de labores y movilizaciones en distintas ciudades del país. En la Ciudad de México, los manifestantes llegaron a cerrar instalaciones y bloquear vialidades, evidenciando la magnitud del descontento y la fuerza de la organización sindical.
LA CORTE RECTIFICA
En respuesta a la presión, la SCJN emitió un comunicado informando sobre los acuerdos alcanzados. Se determinó eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían ser solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales y se modificarán los porcentajes de los criterios de evaluación que pudieran tener un componente subjetivo. El objetivo explícito ahora es fortalecer la eficiencia y calidad en la impartición de justicia, desvinculando claramente las pruebas de cualquier consecuencia punitiva.
La Corte también anunció que las modificaciones sustantivas al Acuerdo General se publicarán próximamente en el DOF. Además, se establecerán mesas de trabajo permanentes para mantener un canal de diálogo abierto con la base trabajadora y atender sus inquietudes de manera continua.
DIÁLOGO Y NORMALIDAD
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo encuentros por separado con Jesús Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal (SNRS-TPJF). En estas reuniones, Aguilar Ortiz reiteró su disposición a escuchar las demandas y buscar soluciones institucionales.
Aguilar Ortiz enfatizó que el proceso de evaluación debe ser una herramienta para el desarrollo profesional y la mejora del sistema de justicia, y no un mecanismo de castigo. La SCJN confía en que estos acuerdos permitirán normalizar las actividades en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, los cuales, se informó, reanudarán labores con normalidad el lunes 9 de noviembre.
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Históricamente, el Poder Judicial de la Federación ha sido un bastión de estabilidad laboral para sus miles de empleados. Los procesos de evaluación, aunque necesarios para garantizar la profesionalización y eficiencia, siempre han sido un punto sensible para los sindicatos, quienes velan por la protección de los derechos adquiridos por sus agremiados.
La intervención de la SCJN, encabezada por su ministro presidente, para mediar en este conflicto subraya la importancia que se le otorga a mantener la gobernabilidad interna y evitar la escalada de protestas que pudieran afectar la operatividad del sistema de justicia a nivel nacional.
La decisión de modificar el acuerdo inicial refleja la capacidad de negociación de los sindicatos y la voluntad de la actual administración de la Corte por mantener un clima laboral de colaboración, aun cuando esto implique ajustar mecanismos previamente establecidos.
IMPLICACIONES A FUTURO
Este acuerdo podría sentar un precedente para futuras negociaciones entre el Poder Judicial y sus trabajadores. La creación de mesas de trabajo permanentes sugiere un compromiso a largo plazo para revisar y ajustar los procesos internos, buscando un equilibrio entre la necesidad de modernización y la protección de los derechos laborales.
Analistas señalan que la resolución de este conflicto es crucial para la imagen y la eficiencia del Poder Judicial. Un sistema de justicia que funciona adecuadamente requiere personal capacitado y motivado, y la percepción de inseguridad laboral puede minar ambos aspectos.
La SCJN, al dar marcha atrás en los aspectos más punitivos de la evaluación, demuestra una sensibilidad hacia las preocupaciones de sus empleados, pero también enfrenta el reto de implementar mecanismos de evaluación que sean efectivos sin generar desconfianza.
EL ROL DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos del Poder Judicial han demostrado una vez más su capacidad de movilización y negociación. Al lograr que la Corte modifique un acuerdo publicado en el DOF, consolidan su posición como interlocutores clave en las decisiones que afectan a sus agremiados.
La estrategia de paro nacional y protestas coordinadas resultó efectiva para presionar a las autoridades judiciales a reconsiderar sus políticas. Este éxito podría embolden a otros gremios del sector público a adoptar tácticas similares ante inconformidades.
La negociación exitosa también resalta la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos en la resolución de conflictos laborales, especialmente en instituciones tan sensibles como el Poder Judicial.
LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA
El debate sobre la evaluación del desempeño en el servicio público es recurrente. Si bien es fundamental para asegurar la profesionalización y la rendición de cuentas, su diseño e implementación deben ser cuidadosos para no generar efectos adversos.
En este caso, la clave estuvo en la percepción de que la evaluación se convertiría en un instrumento de control y despido, en lugar de una herramienta de mejora continua. La SCJN deberá ahora trabajar en un nuevo esquema que cumpla ambos propósitos: evaluar para mejorar, no para castigar.
La modificación del acuerdo es un paso importante, pero el verdadero desafío radicará en la implementación de las nuevas directrices y en la construcción de confianza entre la administración y los trabajadores del Poder Judicial.
REANUDACIÓN DE LABORES
Con el acuerdo alcanzado, se espera que el lunes 9 de noviembre las actividades en los juzgados y tribunales del país se desarrollen con normalidad. El levantamiento del paro nacional es una señal de que las partes han encontrado un camino para superar el diferendo.
La SCJN y los sindicatos se comprometen a mantener un diálogo constante a través de las mesas de trabajo permanentes. Este compromiso es vital para asegurar que cualquier ajuste futuro en los procesos de evaluación se realice de manera consensuada y transparente.
La resolución de este conflicto es un recordatorio de que, incluso en las instituciones más sólidas, la comunicación y la negociación son esenciales para mantener la armonía laboral y la eficiencia operativa.