En un giro significativo para las finanzas públicas de México, se proyecta que para el año 2027, los impuestos recaudados de los ciudadanos y empresas financiarán un asombroso 70% del gasto público total. Esta cifra representa el porcentaje más alto de dependencia de la recaudación tributaria desde al menos 1990, evidenciando una profunda transformación en la estructura de ingresos del país.
Declive Petrolero y Auge Tributario
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de los Precriterios de Política Económica 2027, ha revelado que los ingresos provenientes de la venta de petróleo apenas alcanzarán el 10.3% del total, una cifra que se traduce en 910,868 millones de pesos. Este nivel es el más bajo registrado históricamente, contrastando drásticamente con la época en que los hidrocarburos eran el pilar fundamental de las finanzas nacionales.
La caída en la aportación petrolera ha forzado a la administración federal a buscar alternativas para cubrir el gasto público, que para 2027 se estima superará los 6.1 billones de pesos. La estrategia principal, según los documentos oficiales, se centra en optimizar la recaudación fiscal existente, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o al aumento de las tasas impositivas actuales.
Presión y Cumplimiento Fiscal
Esta mayor dependencia de los impuestos directos e indirectos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los gravámenes a las importaciones, implica una presión considerable sobre los contribuyentes. Se espera un incremento en las labores de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacia empresas y personas físicas.
Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló a Expansión que el crecimiento proyectado del 2.5% en la meta de recaudación se explica por la necesidad de una mejor eficiencia recaudatoria, dado el criterio de no expandir la base impositiva.
Antecedentes de la Transición Fiscal
La tendencia hacia una mayor participación de los ingresos tributarios no es reciente. Se inició de manera significativa con la reforma fiscal de 2014, implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como respuesta al declive de los ingresos petroleros que comenzó un año antes. En 2008, la aportación petrolera alcanzó su pico máximo con un 44.3%, una cifra que hoy parece lejana.
Posteriormente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la política tributaria se enfocó en fortalecer la aplicación de las leyes fiscales existentes, intensificar la fiscalización y eliminar la condonación de impuestos a grandes corporativos. A pesar de estos esfuerzos, una reforma fiscal integral no se concretó, y la administración actual, encabezada por Claudia Sheinbaum, enfrenta el reto de consolidar esta transición sin medidas fiscales drásticas.
Estrategias de Recaudación: Incentivos y Fiscalización
Aunque la recaudación derivada de la fiscalización y revisión de empresas mostró una desaceleración en la primera mitad del año, se anticipa una recuperación hacia finales de 2026. Esto se debe, en parte, a la implementación de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) aplicadas desde este año, diseñadas para combatir la operación de empresas fantasma y factureras.
El SAT ha comenzado a publicar listas de contribuyentes que utilizaron facturas apócrifas, quienes deberán presentar declaraciones complementarias y renunciar a deducciones asociadas, generando así ingresos adicionales para el erario. Figueroa Moncada destacó que estas reformas buscan hacer más eficiente la fiscalización y podrían ser complementadas con nuevas modificaciones al CFF.
Paralelamente, se confía en que los contribuyentes cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales. La autoridad fiscal, de hecho, está evaluando la continuidad de programas como la Regularización Fiscal, que ofrece condonaciones de hasta el 100% en multas y recargos para créditos fiscales.
Erik Mendoza Campuzano, administrador desconcentrado de Recaudación DF 3, mencionó a principios de agosto que estos programas han demostrado ser exitosos, beneficiando a un número creciente de contribuyentes. La posibilidad de extender estos beneficios dependerá de la propuesta que la SHCP presente al Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico, el cual debe ser entregado a más tardar el 8 de septiembre.
El Futuro de las Finanzas Públicas
La configuración del Paquete Económico 2027 será crucial para definir el alcance de estas estrategias. La propuesta del Ejecutivo, a través de la SHCP, será analizada y votada por el Congreso, determinando si se mantienen los incentivos para la regularización voluntaria o si se priorizan otras medidas de control fiscal.
En resumen, México se encuentra en un punto de inflexión fiscal, donde la disminución de los ingresos petroleros ha obligado a una reconfiguración profunda de su estructura de financiamiento público. La carga recae cada vez más sobre los hombros de los contribuyentes, quienes deberán adaptarse a un entorno de mayor escrutinio fiscal, mientras el gobierno busca equilibrar las cuentas públicas a través de la eficiencia recaudatoria y, potencialmente, de programas de incentivo para el cumplimiento voluntario.