Productores de aguacate en el condado de San Diego, California, han alzado la voz en una batalla comercial que amenaza con escalar bajo el marco del T-MEC. Señalan que la importación masiva de aguacate mexicano está devastando su economía local, obligándolos a vender su cosecha a precios irrisorios que no cubren ni los costos de producción. La situación es tan crítica que, según sus estimaciones, una finca de aguacate en la región desaparece cada tres días.
Jennifer Bantle, una productora con 15 años de experiencia en la industria del aguacate Hass en San Diego, relata cómo las empacadoras le rechazan su fruta hasta marzo, pues ya están saturadas con producto proveniente de México desde enero. Este fenómeno ha provocado que los precios caigan a mínimos históricos, con Bantle reportando un pago promedio de apenas 90 centavos de dólar por libra, menos de la mitad de los dos dólares que necesita para operar con ganancias.
Jaime Kovaly, otro productor de la zona, comparte una historia similar. Con 1,200 árboles distribuidos en cinco hectáreas, Kovaly produce alrededor de 36,000 kilos de aguacate anualmente. En los últimos cinco años, ha visto cómo los costos de producción, incluyendo agua, mano de obra y agroquímicos, se han incrementado en casi un 50%. Mientras tanto, el precio mayorista de su producto se ha mantenido estancado, hasta desplomarse un 30% en 2026. La desesperación ha llevado a algunos de sus vecinos a abandonar sus huertas, dejando que los árboles se sequen antes que seguir perdiendo dinero.
Ante este panorama desolador, Bantle y Kovaly han llevado sus reclamos a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Buscan que sus quejas sean discutidas en el marco de la revisión del T-MEC programada para 2027. Si bien el tratado comercial sigue vigente, la decisión de Washington de no extender su vigencia por 16 años adicionales en la revisión conjunta de 2026 ha abierto la puerta a revisiones anuales, un escenario que los productores californianos buscan capitalizar.
Ambos productores califican la competencia con el aguacate mexicano como desleal y exigen la intervención de su gobierno. Sin embargo, sus propuestas para solucionar el problema difieren. Bantle aboga por una prohibición total de la entrada de aguacate mexicano a la costa oeste de Estados Unidos, e incluso propone extender este veto a todo el país. Si la opción de un cupo es considerada, ella estaría dispuesta a aceptarlo, pero únicamente entre septiembre y diciembre, los meses que ella identifica como su temporada baja, ya que su propia cosecha se extiende de enero a septiembre.
Por su parte, Kovaly se enfoca en establecer límites claros a la cantidad de aguacate que puede ingresar al mercado estadounidense durante la temporada de cosecha californiana. Propone la implementación de cuotas de importación, en lugar de aranceles, y sugiere un contingente arancelario. Su objetivo es fijar un límite dentro del propio tratado comercial que garantice un precio justo para su producto, permitiéndole mantener su huerta operativa. Kovaly argumenta que los exportadores mexicanos cuentan con otros mercados para colocar su fruta, y que les resulta más conveniente vender en Estados Unidos.
Kovaly estima que el costo de producción de aguacate en México es menos de una décima parte del que se maneja en California. Añade que el estado, que históricamente llegó a producir el 90% del aguacate de Estados Unidos, ahora apenas aporta alrededor del 10%. Su temor es que el cierre de más huertas californianas lleve al mercado estadounidense a depender por completo del abasto mexicano, un suministro que, según él, es vulnerable a problemas fitosanitarios y a la extorsión del crimen organizado.
Los productores advierten que la pérdida de fincas en el condado de San Diego es alarmante, con una finca desapareciendo cada tres días. Estiman que en California quedan aproximadamente 1,700 productores de aguacate, en su mayoría pequeños agricultores que se sienten cada vez más marginados. Denuncian que los importadores han ganado una influencia considerable sobre las reglas de comercialización, tanto a nivel federal como estatal, y señalan posibles conflictos de interés por parte de individuos con participaciones en empresas importadoras.
Además de la crisis económica, los productores californianos expresan preocupación por la escasez de agua y el creciente riesgo de incendios forestales. Alertan que si los agricultores dejan de regar sus huertas, miles de árboles podrían secarse, incrementando el peligro de incendios. Conservar las fincas, argumentan, también contribuiría a mantener el suministro de agua en la región.
Para Bantle, la capacidad de vender su cosecha está intrínsecamente ligada a lo que ella denomina "soberanía alimentaria". Sostiene que la desaparición de las huertas locales significaría una pérdida de control sobre el propio abasto de alimentos del país. En la frontera, la preocupación se extiende a las plagas, ya que señalan que desde la entrada en vigor del TLCAN se ha observado un aumento en la llegada de especies invasoras provenientes de México. Cuestionan la capacidad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para inspeccionar adecuadamente el volumen de fruta que cruza la frontera, dado el número limitado de inspectores.
Kovaly también subraya el riesgo fitosanitario como una razón fundamental para mantener la producción de aguacate dentro de California. La seguridad alimentaria y la protección contra plagas son argumentos clave en su defensa de la industria local.
En cuanto a las acusaciones relacionadas con el crimen organizado, Bantle afirma que el contrabando de narcóticos ha aumentado desde el inicio del TLCAN, y que a menudo se realiza a través de cargamentos agrícolas. Incluso acusa a los cárteles de comprar aguacate a precios extremadamente bajos, como 40 centavos de dólar por libra, en la frontera de Texas. Sostiene que un veto a las importaciones mexicanas podría contribuir a mitigar el problema del narcotráfico.
Kovaly, por su parte, alega que los cárteles mexicanos se han infiltrado en el mercado del aguacate con el propósito de lavar dinero proveniente del narcotráfico, particularmente del fentanilo. Los acusa también de ser responsables de la deforestación para expandir las áreas de cultivo y señala la extorsión como un riesgo latente para toda la cadena de suministro del aguacate.
Mientras los productores californianos claman por límites a la importación de aguacate mexicano, las cifras oficiales del USDA revelan una disminución en el valor de las compras de aguacate fresco mexicano por parte de Estados Unidos. Entre enero y septiembre de 2026, el valor de estas importaciones fue de 2,199.2 millones de dólares, lo que representa una caída del 14.9% en comparación con los 2,583.6 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025. Esta diferencia equivale a 384.5 millones de dólares menos, un dato que, si bien muestra una reducción en el valor total, no alivia la presión sobre los productores locales que enfrentan precios deprimidos y una competencia percibida como desleal.
El debate sobre el futuro del aguacate en el T-MEC apenas comienza, y las posturas encontradas entre los productores de California y los exportadores mexicanos prometen intensificar la disputa comercial en los próximos meses, con implicaciones significativas para la economía agrícola de ambos países.