La administración federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, documento que establece objetivos vinculantes para las dependencias del gobierno en materia de gestión del agua. Esta versión formaliza y actualiza el Plan Nacional Hídrico presentado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua, que no había sido oficializado.
El programa reconoce un panorama crítico: 104 de las 757 cuencas del país enfrentan problemas de disponibilidad, mientras que 286 acuíferos ya no cuentan con agua disponible. Regiones como el Valle de México registran niveles de presión hídrica superiores al 128 por ciento, según datos incluidos en el documento.
La estrategia se articula en cinco ejes: fortalecer la gobernanza del agua, garantizar acceso progresivo al líquido y al saneamiento, aumentar la eficiencia en usos agrícola e industrial, proteger cuencas y acuíferos, y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. El programa incorpora acciones específicas que antes eran promesas generales.
En materia de concesiones, el documento establece medidas concretas: revisar permisos existentes, corregir irregularidades, reincorporar volúmenes no utilizados y sustituir el Registro Público de Derechos de Agua por el nuevo Registro Público Nacional de Aguas. El objetivo declarado es combatir la compraventa de derechos entre particulares, práctica atribuida a fallas del modelo implementado desde 1992.
Jorge Arriaga, director del Centro de Seguridad Hídrica bajo auspicios de la Unesco, señaló durante el Foro del Agua México 2026 que el país enfrenta "muchas crisis simultáneas" relacionadas con disponibilidad, calidad y gobernanza del recurso. Destacó que el programa reconoce explícitamente problemas de corrupción y debilidad institucional en la administración de concesiones.
Valeria Bustamante, socia de Pontones & Ledesma, calificó el nuevo marco como "una ruptura histórica" al eliminar las transferencias de derechos y quitarle al agua el carácter de mercancía. Según la especialista, la prioridad es evitar la especulación con volúmenes concesionados y privilegiar el derecho humano al agua sobre otros usos.
Bustamante advirtió que persiste incertidumbre jurídica para nuevos proyectos industriales debido a la falta de datos actualizados y reglas secundarias claras. Subrayó que el principal desafío será la implementación efectiva de la regulación, incluida la recuperación de volúmenes no utilizados y la actualización de información sobre disponibilidad hídrica.
Arriaga enfatizó que el programa debe analizarse junto con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, ya que la resiliencia hídrica requiere financiamiento, reglas claras, datos confiables y participación social, no solo decretos.