En un movimiento que levanta más sospechas que certezas, Carlos Torres Piña, el Fiscal General de Michoacán, ha solicitado una licencia temporal de 30 días para separarse de su cargo. La maniobra, que se hará efectiva a partir del próximo 22 de junio, coincide sospechosamente con el inicio del proceso interno de Morena para definir a su candidato a gobernador en 2027. Este hecho, lejos de ser una simple formalidad administrativa, huele a una estrategia calculada para asegurar una candidatura bajo el manto protector de la Cuarta Transformación, mientras deja en el aire la crucial investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La solicitud de licencia, presentada formalmente el 15 de junio ante el Congreso de Michoacán, argumenta un supuesto “absoluto respeto al orden constitucional” y una “responsabilidad institucional”. Sin embargo, la realidad es que Torres Piña apenas lleva menos de un año en el cargo, habiendo sido electo fiscal general para un periodo de nueve años. Esta abrupta decisión de abandonar sus funciones, incluso temporalmente, mientras la Fiscalía que él encabeza investiga un crimen de alto perfil como el asesinato de un alcalde, genera serias dudas sobre sus verdaderas intenciones y su compromiso con la justicia.
El Congreso de Michoacán, previsiblemente, aprobará la licencia, cumpliendo con los requisitos formales. La legislación local contempla la suplencia del fiscal por parte del vicefiscal coordinador, asegurando que no haya un vacío institucional. Pero, ¿puede realmente garantizarse la continuidad y la imparcialidad de las investigaciones, especialmente la del caso Manzo, cuando el propio titular de la dependencia se encuentra en una clara maniobra electoral?
La timing de esta solicitud es, cuanto menos, escandalosa. Morena se encuentra en plena efervescencia interna para seleccionar a su abanderado para la gubernatura. El registro de aspirantes inicia el 22 de junio, justo el día en que Torres Piña se ausentará de su puesto. Él es considerado uno de los perfiles con mayor posicionamiento dentro del partido guinda para liderar el proyecto de la 4T en el estado, compitiendo en la misma liga que el senador Raúl Morón Orozco y la diputada local Fabiola Alanís Sámano.
La investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y líder de un sector opositor en Michoacán, sigue siendo un tema sensible y de gran relevancia política. La Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Torres Piña, ha estado al frente de estas indagaciones. La decisión del fiscal de pedir licencia en este preciso momento, cuando la investigación aún no ha arrojado resultados concluyentes y la presión política es alta, levanta la bandera roja de la posible interferencia o, peor aún, de la búsqueda de impunidad.
¿Es esta licencia una estrategia para evitar escrutinio público mientras se define su candidatura? ¿Busca Torres Piña asegurarse una posición política privilegiada, utilizando su cargo como trampolín, sin importar las consecuencias para la justicia en Michoacán? La 4T, que tanto ha pregonado contra la corrupción y la impunidad, parece ser el refugio perfecto para este tipo de maniobras.
La figura de Carlos Torres Piña como fiscal se ha visto empañada por esta decisión. Su compromiso con la ley y el orden se diluye ante la evidente ambición política. La confianza ciudadana en las instituciones, ya de por sí frágil, se ve aún más erosionada cuando quienes deben impartir justicia parecen priorizar sus intereses personales y de partido.
Este caso pone de manifiesto las prácticas cuestionables que a menudo rodean los procesos electorales en México, especialmente cuando figuras clave del gobierno se ven envueltas en procesos internos de partidos políticos. La línea entre la función pública y la aspiración política se vuelve peligrosamente delgada, y la justicia, en ocasiones, queda relegada a un segundo plano.
La 76 Legislatura del Congreso de Michoacán tiene ahora la responsabilidad de no ser cómplice de esta maniobra. Si bien la ley permite la licencia, el contexto político y la gravedad de las investigaciones en curso exigen una reflexión profunda sobre la idoneidad de aprobarla sin mayores cuestionamientos. La ciudadanía michoacana merece un fiscal comprometido con su deber, no un político en campaña.
La 4T, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha sido señalada en diversas ocasiones por permitir o incluso fomentar este tipo de prácticas. La búsqueda de candidaturas a toda costa, sin importar la ética o la legalidad, parece ser una constante en el ADN del movimiento. Este caso en Michoacán es solo un reflejo más de esa tendencia.
El futuro de la investigación del asesinato de Carlos Manzo pende de un hilo. Con el fiscal principal en campaña, las dudas sobre la imparcialidad y la efectividad de las indagaciones se multiplican. ¿Será posible que la justicia prevalezca o será aplastada por las ambiciones políticas de la 4T?
La ciudadanía de Michoacán observa atentamente. Esperan respuestas claras y acciones contundentes, no simulaciones ni estrategias electorales disfrazadas de responsabilidad institucional. La licencia de Carlos Torres Piña es una prueba de fuego para la integridad del sistema de justicia y para la propia 4T.
Este episodio subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y contrapeso en las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La autonomía y la independencia de los fiscales deben ser garantizadas, pero también deben ser exigidas con la máxima rigurosidad. La política no puede, ni debe, dictar el curso de la justicia.
En definitiva, la solicitud de licencia de Carlos Torres Piña no es un asunto menor. Es un síntoma preocupante de las dinámicas políticas que operan en Michoacán y en el país, donde la búsqueda del poder a menudo eclipsa la imperiosa necesidad de justicia y transparencia. El tiempo dirá si esta maniobra le reditúa políticamente, pero lo que es innegable es el daño que ya ha infligido a la credibilidad de las instituciones.