El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha lanzado una contundente advertencia que resuena en los pasillos del poder y en las calles del país: la creciente politización del combate a la inseguridad está jugando directamente a favor de los cárteles del narcotráfico.

En declaraciones que no dejan lugar a dudas, Johnson señaló que convertir el desafío de la seguridad en una disputa política partidista representa una "oportunidad perdida" para fortalecer la crucial asociación entre México y Estados Unidos, y, lo que es más importante, para proteger a las personas.

La crítica del diplomático estadounidense subraya una preocupación latente en ambos lados de la frontera: la tendencia de los actores políticos mexicanos a utilizar la violencia y la criminalidad como arma arrojadiza en sus contiendas internas, en lugar de enfocar sus esfuerzos en estrategias conjuntas y efectivas.

"Cuando convertimos el desafío de seguridad en una disputa política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas", afirmó Johnson, poniendo el dedo en la llaga de una dinámica que, según él, beneficia directamente a las organizaciones criminales.

Esta declaración llega en un momento particularmente sensible para México, donde la inseguridad ha sido uno de los temas centrales en el debate público y político. Las cifras de violencia, los enfrentamientos entre grupos criminales y las constantes noticias sobre decomisos y detenciones pintan un panorama sombrío que parece no tener fin.

La postura del embajador estadounidense no es una injerencia directa en los asuntos internos de México, sino una observación basada en la experiencia y en la naturaleza transnacional del crimen organizado. Los cárteles operan a ambos lados de la frontera, y su capacidad para desestabilizar regiones enteras depende, en gran medida, de las divisiones y debilidades que puedan explotar en los gobiernos.

Al politizar la seguridad, los políticos mexicanos, independientemente de su filiación, corren el riesgo de distraer recursos, atención y voluntad política de las tareas esenciales para desmantelar las redes criminales. Las acusaciones mutuas, las campañas de desprestigio y la búsqueda de culpables en lugar de soluciones, crean un ambiente de polarización que las organizaciones delictivas saben capitalizar.

La "asociación" a la que se refiere Johnson es fundamental. La cooperación en materia de inteligencia, extradición, combate al lavado de dinero y control de precursores químicos es vital para un frente unido contra el crimen. Cuando la relación bilateral se ve tensada por disputas políticas internas en México, esta cooperación se resiente, afectando la efectividad de las estrategias conjuntas.

El embajador no entró en detalles sobre qué actores políticos específicos están exacerbando esta politización, pero la advertencia es clara y aplicable a todo el espectro político. La tentación de culpar al gobierno en turno o a la oposición por la violencia es alta, pero el costo, como señala Johnson, es demasiado elevado.

La consecuencia directa de esta "oportunidad perdida" es, según la lógica del embajador, un debilitamiento del combate al crimen. Los cárteles, al ver que las autoridades están más preocupadas por sus disputas internas que por perseguirlos, ganan tiempo y espacio para reorganizarse, expandir sus operaciones y reclutar nuevos miembros.

La advertencia de Johnson debería servir como un llamado de atención para todos los niveles de gobierno en México, así como para los partidos políticos. La seguridad nacional no puede ser un peón en el tablero electoral. Requiere un consenso mínimo, una visión a largo plazo y, sobre todo, una colaboración genuina y desprovista de intereses partidistas.

El camino hacia la pacificación del país es arduo y complejo. Exige unidad, estrategia y perseverancia. La politización de la inseguridad, como bien advierte el representante de Estados Unidos, es un atajo que conduce directamente al fracaso y a un mayor sufrimiento para la población.

La pelota está ahora en la cancha de los políticos mexicanos. Tienen la oportunidad de escuchar la advertencia del embajador y reorientar sus esfuerzos hacia un objetivo común: devolver la paz y la seguridad a sus ciudadanos. Ignorar esta llamada podría tener consecuencias aún más graves para el futuro de México y su relación con su vecino del norte.