El expresidente Felipe Calderón Hinojosa ha lanzado una dura crítica contra el sistema de justicia mexicano, calificando la reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N', como un acto de "justicia discriminatoria y selectiva". La acusación surge tras la vinculación del exmandatario panista con una presunta red de huachicol fiscal, operada a través de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que habría evadido impuestos por miles de millones de pesos.

Calderón no se detuvo ahí y extendió sus señalamientos hacia el partido Morena y sus figuras. En una clara confrontación política, el expresidente contrastó la acción contra Ernesto 'N' con la aparente inacción hacia otros funcionarios públicos, a quienes acusó de estar protegidos por el gobierno actual. Mencionó explícitamente el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y del senador Enrique Inzunza, ambos señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

"No los tocan, los protegen", sentenció Calderón en sus redes sociales, añadiendo que "tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección". Esta declaración subraya la profunda polarización política y la desconfianza que, según él, impera en el manejo de la justicia en el país, sugiriendo que las acciones judiciales están motivadas por intereses partidistas y no por la búsqueda imparcial de la verdad.

El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente nacional Jorge Romero, se sumó a las críticas, interpretando la detención de Ernesto 'N' como una estrategia del gobierno federal para desviar la atención pública. Romero señaló directamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su presunta colaboración con autoridades estadounidenses, específicamente con el FBI. A pesar de que la gobernadora ha manifestado su disposición a cooperar, el gobierno federal ha negado la existencia de delitos que perseguir en su contra.

Romero insistió en la exigencia de que se investiguen a fondo las acusaciones contra Marina del Pilar, argumentando que "no permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención". La postura del PAN evidencia una estrategia de defensa de sus militantes y, al mismo tiempo, un ataque frontal a la administración actual, buscando capitalizar cualquier controversia para fortalecer su posición política.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, detalló la magnitud de la red de huachicol fiscal. Según la FGR, Ernesto 'N' formaba parte de una "red colosal" que operaba en al menos ocho estados del país, con un daño estimado de 4 mil millones de pesos por evasión fiscal. La red utilizaba la empresa Ingemar, S.A. de C.V. para importar hidrocarburos desde Texas, declarando cantidades significativamente menores a las reales ante las autoridades mexicanas para evadir impuestos.

Las operaciones de esta red, que se extendieron de enero a julio de 2025, involucraron 4 mil 238 importaciones de combustible a través de aduanas clave en Tamaulipas. La FGR explicó que la estrategia consistía en declarar solo el 10 por ciento de la capacidad real de los transportes, declarando unos 10 mil litros cuando en realidad se movían hasta 110 mil litros por unidad. Este modus operandi, según la fiscalía, permitió un fraude fiscal considerable.

El contexto de estas acusaciones se enmarca en un panorama de creciente inseguridad y crimen organizado en México, donde el robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, ha sido un problema persistente. La vinculación de funcionarios públicos con estas actividades ilícitas, sumada a las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, genera un clima de profunda desconfianza hacia las instituciones.

La narrativa de "justicia selectiva" promovida por Calderón y el PAN resuena en un sector de la opinión pública que percibe una aplicación desigual de la ley. Históricamente, las administraciones en México han enfrentado acusaciones de utilizar el aparato judicial con fines políticos, ya sea para perseguir opositores o para proteger a aliados.

El caso de Ernesto 'N' se convierte así en un nuevo frente en la batalla política entre la oposición y el partido en el poder. Mientras el gobierno defiende la legalidad de sus acciones, la oposición aprovecha para denunciar lo que considera abusos y favoritismos, exacerbando la polarización y el debate sobre el estado de derecho en el país.

Las implicaciones de estas acusaciones van más allá del ámbito político inmediato. La percepción de impunidad o de persecución selectiva puede erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia, un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo democrático.

La situación pone de manifiesto la compleja interrelación entre el crimen organizado, la corrupción y la política en México. La lucha contra el huachicol y otros delitos de alto impacto requiere no solo acciones contundentes de las fuerzas de seguridad y procuración de justicia, sino también una transparencia y equidad que disipe las dudas sobre posibles sesgos o intereses ocultos.

En este escenario, la postura de figuras como Felipe Calderón y el PAN busca posicionarse como guardianes de la legalidad y la justicia, contrastando su discurso con lo que perciben como un manejo partidista de los recursos y el poder por parte del gobierno actual.

La respuesta del gobierno federal y de la FGR será crucial para determinar si logran disipar las acusaciones de selectividad o si, por el contrario, la controversia se intensifica, alimentando aún más el debate sobre la imparcialidad del sistema judicial mexicano y la integridad de sus funcionarios.

El caso de Ernesto 'N' y las reacciones que ha generado son un reflejo de las tensiones políticas y la desconfianza que caracterizan el panorama actual de México, donde las acusaciones de corrupción y justicia selectiva se han vuelto moneda corriente en el discurso público.