La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ha dado luz verde a un dictamen que propone modificaciones significativas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca endurecer la batalla contra las empresas factureras y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de más contribuyentes, tanto personas físicas como morales, al Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Límite a Deducciones Empresariales
Una de las medidas centrales del dictamen es la imposición de un tope a las deducciones para empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos anuales. Para el próximo ejercicio fiscal, estas compañías no podrán deducir más del 96.7% de sus ingresos acumulables si superan dicho umbral. Aquellas empresas que no recurren a esquemas fiscales agresivos, es decir, que no buscan activamente minimizar su tasa impositiva efectiva, contarán con un límite de deducción del 99%. Esta medida busca desincentivar prácticas que, si bien son legales, pueden erosionar significativamente la base gravable del impuesto.
Adicionalmente, se establece una limitación a la amortización de pérdidas fiscales acumuladas, permitiendo deducir solo el 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio. Sin embargo, para mitigar el impacto negativo en las empresas, se amplía el plazo legal para deducir estas pérdidas de 10 a 20 años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) argumentan que estas disposiciones son cruciales para reforzar la lucha contra las empresas fantasma que simulan operaciones para obtener beneficios fiscales indebidos.
Según datos del SAT, una proporción considerable de las empresas que pagan las tasas efectivas de ISR más bajas utilizan al menos el 10% de facturas apócrifas para reducir su base imponible. Esta reforma se presenta en un contexto de preocupación por la recaudación del ISR, que ha mostrado tendencias a la baja.
Contexto de Recaudación y Reacciones Empresariales
De enero a agosto del presente año, la recaudación del ISR, principal contribución de las empresas, representó el 46.3% del total de los ingresos del gobierno federal. Esta proporción es la más baja registrada para un periodo similar desde enero-agosto de 2021, cuando el ISR aportó el 44% de los ingresos totales. La tendencia a la baja se ha mantenido por tercer año consecutivo: en 2023 alcanzó un máximo histórico del 50.3%, descendió a 49.7% en 2024, a 49% en 2025, y ahora se sitúa en 46.3%.
La propuesta ha generado un debate considerable entre empresarios, representantes de cámaras industriales y fiscalistas. Las advertencias apuntan a que estas medidas podrían limitar la inversión, afectar el flujo de efectivo de las compañías y, en última instancia, frenar el crecimiento económico. El sector financiero también ha expresado su inquietud ante las posibles repercusiones.
Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, defendió la reforma, señalando que su objetivo general es fortalecer un sistema fiscal más justo, sencillo y eficiente. La meta es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, impulsar la inversión y combatir la evasión, asegurando que quienes obtienen ingresos contribuyan equitativamente al desarrollo del país, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes.
El dictamen fue aprobado en lo general por la comisión con 26 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. Ahora, el documento ha sido turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con la expectativa de que sea discutido y votado en el pleno antes del próximo jueves 15 de octubre.
Ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico)
Paralelamente a las restricciones, el dictamen aprobado en la Comisión de Hacienda también contempla medidas para ampliar la base de contribuyentes y fomentar la formalidad, especialmente entre micro y pequeños negocios. Se busca integrar a talleres, tiendas de abarrotes y pequeños comerciantes al sistema fiscal formal mediante el aumento de los límites de ingresos para inscribirse en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
Para las personas físicas, el límite de ingresos anuales para tributar bajo este régimen se incrementará de 3.5 a 5 millones de pesos. Además, se eliminará la prohibición de reingreso al Resico por incumplimientos formales, permitiendo a los contribuyentes volver al régimen una vez que regularicen su situación. En el caso de las personas morales, el límite de ingresos se elevará de 35 a 50 millones de pesos.
El dictamen incluyó reservas presentadas por diputados del PT y Morena. Reginaldo Sandoval Flores, del PT, propuso medidas para otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y precisar el alcance de las restricciones en la aplicación conjunta de estímulos fiscales, buscando evitar interpretaciones extensivas o erróneas que pudieran limitar los beneficios previstos en la ley. Por su parte, Ana Ayala Leyva, de Morena, planteó la derogación de las referencias al "régimen opcional para grupos de sociedades" en diversos artículos de la Ley del ISR. Según la legisladora, este régimen ya cumplió su propósito de ofrecer flexibilidad organizacional y beneficios, y su eliminación formal armonizaría las leyes vigentes tras la conclusión del régimen de consolidación fiscal.
Otras Restricciones y Votación
El dictamen también introduce limitaciones a la capacidad de endeudamiento de las empresas. Se restringirá la deducibilidad de los intereses pagados cuando estos excedan el 20% de la utilidad fiscal neta. Adicionalmente, se aprobó un tope al estímulo fiscal relacionado con el uso de autopistas.
La votación en la comisión para la aprobación general del dictamen, con las reservas mencionadas, fue de 23 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. El siguiente paso es su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.