La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles, ha sido formalmente vinculada a proceso por la justicia mexiquense, acusada de simular su propio secuestro. La determinación judicial, emitida tras una maratónica audiencia de casi 11 horas, se sustenta en la presunta planeación del falso plagio desde febrero pasado, con el objetivo de desviar 40 millones de pesos del erario y justificar así un faltante de igual magnitud en las finanzas de su administración.

La audiencia, que comenzó el jueves por la mañana y concluyó entrada la noche, se llevó a cabo en los juzgados estatales de Tenancingo. La defensa de la alcaldesa solicitó que el proceso se realizara a puerta cerrada, lo que obligó a la salida de reporteros y ciudadanos que se habían congregado para presenciar el desarrollo del caso.

Afuera de las instalaciones judiciales, decenas de pobladores de Tenancingo se manifestaron para exigir la renuncia de Nápoles. Portando cartulinas fluorescentes y consignas, los manifestantes acusaron a la administración municipal de represión, abuso de poder e intimidación contra los comerciantes y ciudadanos. Señalaron directamente a figuras como Guillermina, directora de gobernación, y Lucero Cruz Aguilar, una asesora, de ejercer presión y amenazar a la población.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México apuntan a que la alcaldesa, junto con su esposo José Roberto ‘N’ y su cuñado Óscar ‘N’, habrían orquestado el autosecuestro. El propósito, según las indagatorias, era simular la sustracción de 40 millones de pesos para ocultar un desfalco ya existente en las arcas municipales.

Como parte de este presunto esquema, se reportó la captura de cómplices en Oaxaca: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’, quienes ya fueron vinculados a proceso. Sin embargo, el esposo de la alcaldesa y su cuñado, José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’, respectivamente, permanecen prófugos de la justicia, presuntamente involucrados en la simulación del plagio para justificar el millonario desfalco.

De acuerdo con las declaraciones iniciales de la propia alcaldesa ante el Ministerio Público, al momento de denunciar su supuesto secuestro, ella se encontraba en su vehículo Jetta fuera de su domicilio en Tenancingo. Fue entonces cuando, según su relato, un automóvil rojo con dos sujetos y una mujer se aproximó, obligándola a subir a su unidad y trasladándola junto con sus supuestos captores hacia San Pedro Zictepec, en el municipio vecino de Tenango del Valle.

Durante el trayecto, se le habría proporcionado un teléfono celular para que contactara a sus familiares y exigiera la suma de 40 millones de pesos, monto que supuestamente correspondía al faltante en las arcas de Tenancingo bajo su gestión. Sin embargo, la narrativa oficial sugiere que, ante la posibilidad de que el plan se saliera de control y ante el encuentro con patrullas, la alcaldesa y sus presuntos plagiarios habrían decidido abandonar el plan.

La versión de la alcaldesa indica que pidieron a Karla, Víctor Manuel y Christian que la dejaran en un paraje conocido como “El Capulín”, en Tenancingo, para simular que había logrado escapar de sus captores. Este giro en los acontecimientos habría sido una maniobra para dar apariencia de credibilidad a su huida y, con ello, intentar justificar la desaparición de los fondos públicos.

No obstante, la alcaldesa ha defendido su inocencia, argumentando en videos difundidos que los ministerios públicos manipularon la información proporcionada durante su declaración. Nápoles Pacheco ha sostenido que detrás de las acusaciones en su contra existe un propósito político destinado a desacreditar su administración y su gestión al frente del municipio de Tenancingo.

Este caso pone de relieve la grave problemática de corrupción y desvío de recursos que afecta a diversos municipios del Estado de México. La simulación de delitos como el secuestro se convierte en una estrategia desesperada para encubrir actos de malversación, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones y en los representantes electos.

La vinculación a proceso de Nancy Nápoles abre la puerta a una investigación más profunda sobre las finanzas de Tenancingo y la posible complicidad de otros funcionarios. La ciudadanía espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables, recuperando los fondos desviados y restaurando la gobernabilidad en el municipio.

El contexto de inseguridad y la percepción de impunidad en algunas regiones del país hacen que este tipo de casos sean particularmente sensibles. La ciudadanía demanda rendición de cuentas y acciones contundentes contra la corrupción, especialmente cuando involucra a servidores públicos que juraron proteger los intereses de la población.

La defensa de la alcaldesa podría argumentar la existencia de un complot político o la manipulación de pruebas, como ha insinuado. Sin embargo, la evidencia presentada por la fiscalía, que incluye la presunta participación de cómplices y la propia declaración de la alcaldesa, será crucial para determinar el curso del proceso legal.

La situación en Tenancingo subraya la necesidad de mecanismos de fiscalización más robustos y de una mayor vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos. La simulación de delitos para encubrir desfalcos es una muestra de la audacia con la que algunos funcionarios operan, poniendo en riesgo la estabilidad financiera y la confianza en el sistema democrático.

El desenlace de este caso sentará un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el Estado de México y enviará un mensaje claro sobre las consecuencias de la malversación de fondos públicos y la simulación de delitos para encubrir actos ilícitos.