Un año ha transcurrido desde que Ana Amelí García Gámez, una joven de 19 años, se esfumó en las faldas del Ajusco, dejando tras de sí un rastro de angustia familiar y una profunda indignación ante la aparente ineficacia de las autoridades.

La Glorieta de las y los Desaparecidos se convirtió este sábado en el punto de partida de una marcha que culminó en el Ángel de la Independencia, un acto de protesta y exigencia encabezado por la madre de Ana Amelí, Vanessa Gámez, y colectivos de búsqueda.

Con carteles, veladoras y consignas desgarradoras como “Ana Amelí, escucha, tu madre está en la lucha”, los manifestantes recorrieron las calles de la capital, visibilizando una tragedia personal que se ha convertido en un símbolo de la inseguridad rampante que azota a la Ciudad de México.

En el corazón de la protesta, se erigió un antimonumento con una leyenda lapidaria: “México, campeón mundial en desaparición; más de 135 mil en 2026”. Una cifra escalofriante que pinta un panorama desolador sobre la crisis de desapariciones en el país, y que pone en entredicho las promesas de seguridad del gobierno.

Vanessa Gámez, con la voz entrecortada pero firme, recordó el 12 de julio de 2025, día en que una llamada telefónica destrozó su vida. Ana Amelí, estudiante de la UNAM, se encontraba realizando una caminata en el Pico del Águila, en el Ajusco, una actividad que se tornó en una pesadilla sin fin.

Un senderista, último en verla, relató que Ana Amelí esperaba a un amigo y que le recomendó descender por las inclemencias del tiempo. Desde ese momento, el silencio se apoderó de su paradero, y la esperanza de un reencuentro se diluye con cada día que pasa.

Inicialmente, las autoridades intentaron encasillar el caso como un simple accidente de montaña. Sin embargo, la cruda realidad se impuso: tres meses después de la desaparición, la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se vieron obligadas a reconocer la presencia de grupos delictivos y crimen organizado en la zona del Ajusco.

“Hasta entonces deciden iniciar una investigación como nunca, pero con cero resultados como siempre”, sentenció Gámez, evidenciando la lentitud y la falta de resultados tangibles en las pesquisas. La familia sostiene que la investigación formal no arrancó sino hasta septiembre de 2025, dos meses cruciales perdidos en la búsqueda.

El caso de Ana Amelí ha trascendido las fronteras nacionales, obteniendo medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo ha instado al Estado mexicano a intensificar los esfuerzos de búsqueda y a adherirse a las recomendaciones internacionales sobre desaparición forzada, un flagelo que parece no tener fin en el país.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien ofrezca información que coadyuve a la localización de la joven. Un monto que, si bien busca incentivar la colaboración ciudadana, subraya la desesperación y la falta de avances concretos en la investigación.

El Ajusco, un paraje natural que debería ser sinónimo de esparcimiento y contacto con la naturaleza, se ha convertido en un foco rojo, un escenario de desapariciones y violencia que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. La historia de Ana Amelí es un doloroso recordatorio de que la seguridad en la capital sigue siendo una asignatura pendiente, una promesa incumplida que deja a familias enteras sumidas en la incertidumbre y el dolor.

La exigencia de justicia por Ana Amelí no es solo un clamor de una madre, sino el reflejo de una sociedad que clama por respuestas y por un Estado que garantice el derecho fundamental a la vida y a la seguridad. La montaña del Ajusco guarda secretos oscuros, y la esperanza de que Ana Amelí regrese a casa se aferra a la persistencia de su familia y a la presión social que busca desenterrar la verdad.