Las familias de las víctimas de las violentas protestas antigubernamentales que sacudieron Perú a finales de 2022 y durante 2023 han alzado la voz para rechazar categóricamente el virtual triunfo de Keiko Fujimori en las recientes elecciones presidenciales. Con un dolor palpable y una determinación férrea, los allegados de los 49 fallecidos y decenas de heridos han declarado que no aceptarán un gobierno encabezado por la hija del exdictador Alberto Fujimori, a quien acusan de haber protegido a los responsables de las masacres.
La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que agrupa a los afectados por la represión desatada contra quienes rechazaban a la entonces presidenta Dina Boluarte y exigían la liberación del expresidente Pedro Castillo, realizó un plantón frente al Palacio de Justicia para hacer oír su indignación. "No vamos a aceptar un gobierno de la hija de un dictador", sentenció Milagros Samillán, vocera principal de la organización y cuyo hermano fue asesinado en Juliaca mientras prestaba auxilio.
Samillán detalló que, desde que ocurrieron las muertes hace tres años, han luchado incansablemente por obtener justicia. Sin embargo, denunció que el partido de Fujimori, el fujimorismo, ha operado para blindar tanto a Dina Boluarte como a los ministros que estaban en funciones durante los actos de represión. Esta protección, según los manifestantes, se ha materializado en el Congreso a través de la promoción de leyes que buscan la impunidad para los policías y militares implicados en las muertes de sus seres queridos.
Con fotografías de los rostros de los fallecidos en manifestaciones en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, los familiares expusieron su sentir. Señalaron que Keiko Fujimori, heredera política de Alberto Fujimori, no los representa. En el sur del país, afirmaron, el candidato que ha ganado de forma contundente es Roberto Sánchez, evidenciando una clara división en el sentir nacional.
"Venimos tres años caminando en las calles y no vamos a parar. Haremos frente a un gobierno dictador, vendremos a la capital las veces que tengamos que venir para decir no más impunidad, no más blindaje a los responsables de los asesinatos y de las masacres vividas en nuestras regiones", advirtió Samillán, reafirmando su compromiso de lucha.
La asociación insiste en que la eventual llegada de Fujimori al poder representaría un grave retroceso en materia de derechos humanos para todo el país. Recordaron, además, que aún existen víctimas de delitos cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori que no han encontrado justicia, lo que agrava la desconfianza hacia la candidatura de su hija.
Activistas y familiares de víctimas han lanzado una seria advertencia: el gobierno de Keiko Fujimori sería considerado "ilegítimo". Esta percepción se fundamenta, en parte, en las presuntas irregularidades detectadas en el proceso electoral, particularmente en el conteo de votos provenientes del extranjero, donde Fujimori obtuvo una victoria. La falta de digitalización del voto extranjero en la segunda vuelta, a diferencia de la primera, ha generado suspicacias y ha sido interpretada como un "cambio de reglas en el último momento", minando la confianza del electorado.
"Responsabilizamos a Keiko de lo que pase en las calles porque sabemos cómo fue el pasado fujimorista y también cómo ha actuado en la actualidad con leyes procrimen y blindaje de responsables", declaró Samillán, anunciando la inminente organización de colectivos sociales, estudiantiles y otros movimientos para hacer frente a lo que consideran un futuro gobierno autoritario.
La asociación se defendió de posibles estigmatizaciones, aclarando que no son "terroristas por pedir justicia", sino ciudadanos peruanos que han sufrido la pérdida irreparable de sus seres queridos. Su lucha, enfatizaron, es por la verdad y la memoria.
Al 99 por ciento del escrutinio, Keiko Fujimori mantiene una ventaja mínima de apenas 30.000 votos sobre su contendiente, Roberto Sánchez. Sin embargo, la mayoría de las actas pendientes de contabilizar provienen de Lima, la capital, donde Fujimori goza de una amplia mayoría. Este escenario dibuja un triunfo muy probable para la hija del expresidente, quien busca por cuarta vez alcanzar el máximo cargo político del país, un puesto que su padre ocupó durante una década.
El contexto de estas protestas se remonta a diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución y detención de Pedro Castillo. Las manifestaciones, que se extendieron por varios meses, dejaron un saldo trágico de muertes y heridos, y estuvieron marcadas por la fuerte represión policial y militar. Las demandas de los manifestantes incluían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, además de la liberación de Castillo.
La figura de Alberto Fujimori sigue siendo una sombra en la política peruana. Su mandato (1990-2000) estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y un autogolpe de Estado. A pesar de ello, su legado es defendido por un sector de la población, mientras que otro lo recuerda como un dictador responsable de crímenes de lesa humanidad. La posible llegada de su hija al poder reaviva estas divisiones y temores.
El fujimorismo, como movimiento político, ha demostrado una notable resiliencia a lo largo de los años. A pesar de los escándalos y las condenas que han afectado a sus líderes, incluido el propio Alberto Fujimori, el partido ha logrado mantenerse como una fuerza relevante en el Congreso y ha postulado a Keiko Fujimori a la presidencia en múltiples ocasiones. Su capacidad para movilizar a su base electoral y negociar alianzas políticas le ha permitido seguir siendo un actor clave en la escena política peruana.
Las declaraciones de las víctimas y sus representantes ponen de manifiesto la profunda herida que aún no cicatriza en la sociedad peruana. La búsqueda de justicia y verdad se convierte en un pilar fundamental para la reconciliación nacional, y la posibilidad de un gobierno que, según denuncian, podría perpetuar la impunidad, genera una fuerte oposición y movilización social. La historia reciente de Perú, marcada por la inestabilidad política y la violencia, se encuentra en un punto crítico, donde las decisiones electorales tienen profundas implicaciones para el futuro de los derechos humanos y la democracia en el país.