La promesa de seguridad social para los trabajadores de plataformas digitales, piedra angular de la reforma laboral de hace más de un año, enfrenta serios cuestionamientos. Repartidores de Uber, en distintas ciudades del país, han alzado la voz para denunciar presuntas discrepancias en el cálculo de sus ingresos reportados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El meollo del asunto radica en la exclusión de bonos e incentivos, componentes que, según los afectados, pueden llegar a representar hasta la mitad de sus percepciones totales.
El colectivo Hermandad Delivery, liderado por Frida Villegas, ha recopilado testimonios de medio centenar de trabajadores que respaldan estas acusaciones. Según sus registros, durante el primer semestre de 2026, las cantidades reportadas por Uber al IMSS habrían sido entre un 19% y un 25% inferiores a los ingresos reales percibidos. Esta omisión, señalan, tiene un impacto directo y perjudicial en la capacidad de los repartidores para alcanzar el umbral de ingresos netos mensuales necesario para acceder a la seguridad social completa, es decir, a los cinco seguros que ofrece el Instituto.
Frida Villegas, en entrevista con Expansión, detalló la magnitud del problema. "Yo creo que sí representa la mitad de la tarifa porque, te aseguro, las tarifas ahorita están muy bajas", afirmó, refiriéndose a cómo los bonos e incentivos se han vuelto cruciales para complementar los pagos por entrega, los cuales han disminuido. Las plataformas, como Uber, suelen ofrecer estos estímulos a través de bonos, retos y desafíos por cumplir ciertas metas de pedidos o por trabajar en horarios específicos. Sin embargo, Villegas lamenta que muchas de estas metas son difíciles de alcanzar y las recompensas, a menudo, no justifican el esfuerzo adicional requerido.
El esquema actual de seguridad social para trabajadores de aplicaciones estipula que solo aquellos que superan un ingreso neto mensual determinado pueden acceder a la cobertura integral. Los datos oficiales del IMSS, al cierre de septiembre de 2026, revelan una preocupante realidad: de un millón 841,772 personas registradas bajo este modelo, solo 207,387 (aproximadamente el 11.3%) alcanzaron el umbral de ingresos necesario para los cinco seguros. El resto, es decir, la gran mayoría, solo cuenta con protección por riesgos de trabajo durante sus labores.
Revisión Oficial y Posibles Sanciones
Ante esta situación, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que el organismo está revisando activamente los registros de las plataformas digitales. Esta revisión se realiza en estrecha coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Robledo fue enfático al señalar que los bonos e incentivos deben ser considerados parte del salario base para el cálculo de las cotizaciones. Por lo tanto, cualquier omisión comprobada podría acarrear el pago de diferencias salariales, multas y recargos para las empresas infractoras.
Esta no es la primera vez que Uber enfrenta señalamientos de esta índole. En septiembre de 2026, conductores y repartidores ya habían denunciado prácticas similares, argumentando que la empresa excluía bonos, incentivos y cuotas de solicitud de los salarios reportados al IMSS. En su momento, Uber respondió que la regulación era nueva y técnicamente compleja, y que había actualizado sus procesos conforme las autoridades emitían aclaraciones. Sin embargo, la compañía no ofreció detalles específicos sobre si los bonos y cuotas de solicitud ya se incluían en las cotizaciones de todos sus trabajadores, ni explicó las discrepancias denunciadas.
Expansión intentó obtener una actualización de la postura de Uber ante los nuevos señalamientos y la revisión anunciada por el IMSS, pero la empresa no proporcionó respuesta hasta el cierre de esta edición. Otras plataformas del sector también fueron consultadas.
Posturas de la Competencia y Avances
DiDi, otro actor importante en el mercado de movilidad y reparto, aseguró cumplir con las obligaciones de la reforma laboral. La empresa afirmó haber implementado medidas para incorporar a sus trabajadores al nuevo esquema, destacando su compromiso con el bienestar de su comunidad y exigiendo un ecosistema justo donde se respete la ley. "El bienestar de quienes forman parte de la plataforma no es negociable", declaró la compañía en una postura oficial.
Por su parte, inDrive no emitió respuesta a la solicitud de comentarios. En cuanto a otras plataformas, Frida Villegas mencionó que, hasta el momento, los trabajadores no cuentan con pruebas suficientes para afirmar que otras empresas, además de Uber, incurran en las mismas irregularidades. Sin embargo, señaló a Rappi como un ejemplo de una plataforma que, desde su perspectiva, ha mostrado avances en el cumplimiento de ciertas obligaciones laborales. Destacó que Rappi es la única empresa de la que tienen conocimiento que ha realizado pagos correspondientes al reparto de utilidades, un indicador de un posible mayor apego a la normativa.
Petición a Presidencia y Exigencia de Sanciones
Ante la persistencia de estas posibles irregularidades, el colectivo Hermandad Delivery y otros trabajadores han decidido escalar su petición. Han comenzado a reunir firmas para solicitar una intervención directa de las autoridades federales. Frida Villegas informó haber entregado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por 50 firmas, en la que se solicita una aclaración oficial sobre qué conceptos deben integrar los ingresos de los trabajadores para fines de cotización. Además, exigen una revisión exhaustiva de los registros presentados por las plataformas y la implementación de mecanismos de verificación que aseguren el cumplimiento cabal de la reforma laboral.
La exigencia principal es que se establezcan mecanismos claros y transparentes para que los repartidores puedan verificar que sus ingresos reales, incluyendo todos los bonos e incentivos, se reflejen correctamente en sus cotizaciones al IMSS. La falta de transparencia y la posible manipulación de cifras por parte de las plataformas no solo afectan el acceso a la seguridad social, sino que también erosionan la confianza en el sistema y en las promesas de la reforma laboral. El caso pone de manifiesto la complejidad de regular la economía gig y la necesidad de una supervisión constante y rigurosa por parte de las autoridades para garantizar los derechos laborales de miles de trabajadores.
El debate sobre la naturaleza de la relación laboral entre las plataformas y sus repartidores sigue abierto. Mientras las empresas argumentan ser intermediarias tecnológicas, los trabajadores reclaman ser empleados con derechos plenos, incluyendo el acceso a la seguridad social. La resolución de estas discrepancias es crucial para el futuro del modelo de trabajo en plataformas digitales en México y para asegurar que la reforma laboral cumpla sus objetivos de protección y justicia para todos los trabajadores.
La situación actual subraya la importancia de la vigilancia continua y la acción decidida por parte del IMSS, el SAT y la STPS. La credibilidad de la reforma y la protección de los derechos de los repartidores dependen de una aplicación estricta de la ley y de la sanción a quienes intenten evadir sus responsabilidades, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales como la salud y la seguridad social. La presión ejercida por colectivos como Hermandad Delivery es vital para mantener el escrutinio público y forzar a las empresas a operar con mayor transparencia y responsabilidad.
En este contexto, la postura de Uber y la respuesta de las autoridades serán determinantes. La investigación en curso y las posibles sanciones enviarán un mensaje claro a todo el sector sobre la importancia de cumplir con la ley y proteger los derechos de los trabajadores. La lucha por una seguridad social completa y justa para los repartidores de plataformas digitales apenas comienza, y la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación será fundamental para asegurar que se alcancen los objetivos deseados.
La reforma laboral buscaba precisamente cerrar estas brechas y asegurar que la naturaleza del trabajo en la era digital no significara una renuncia a derechos básicos. Los casos como el de Uber demuestran que aún queda un largo camino por recorrer para que esta promesa se materialice plenamente para todos los trabajadores de plataformas en México.