La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva estrategia arancelaria global, esta vez fundamentada en la lucha contra el trabajo forzoso. Sin embargo, analistas y expertos legales advierten que este tercer intento por establecer un muro de gravámenes generalizados podría enfrentar el mismo destino que sus predecesores: ser anulado por los tribunales.

Alan Wm. Wolff, investigador del Instituto Peterson para Economía Internacional (PIIE) y exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha expresado serias dudas sobre la legalidad y viabilidad de esta nueva medida. Según Wolff, el Congreso de Estados Unidos no ha otorgado al presidente facultades lo suficientemente amplias como para imponer aranceles generales sobre prácticamente todas las importaciones. La Constitución, argumenta, reserva esta atribución exclusiva al Poder Legislativo, lo que pone en entredicho la base jurídica de la acción ejecutiva.

Contradicciones Legales y Falta de Ratificación

Un punto clave de crítica reside en la aparente contradicción de la administración Trump al justificar los nuevos aranceles con el combate al trabajo forzoso, mientras que Estados Unidos no ha ratificado dos de los instrumentos internacionales más importantes en esta materia: el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 y el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos convenios obligan a los Estados firmantes a prevenir activamente el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y facilitar mecanismos de reparación, algo que EE.UU. no está legalmente comprometido a hacer a nivel internacional en este momento.

Un Historial de Intentos Fallidos

Esta nueva estrategia representa el tercer intento de la Casa Blanca por mantener un esquema arancelario de alcance global. El primer intento se basó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la misma que Trump utilizó para imponer aranceles a México, Canadá y China por cuestiones migratorias y de tráfico de fentanilo, así como para los aranceles del "Día de la Liberación" en abril de 2025. Sin embargo, la Corte Suprema anuló este uso de la ley en febrero de 2026.

Posteriormente, la administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo un gravamen temporal del 10% bajo el pretexto de atender un problema de balanza de pagos. No obstante, esta disposición tiene un límite de 150 días, y los aranceles expiraron el pasado 24 de julio, dejando a la administración sin un fundamento legal para su continuidad.

La Sección 301: Una Nueva Vía Dudosa

Ante el vencimiento de los aranceles temporales, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) activó una tercera vía: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta sección permite al presidente responder a actos, políticas o prácticas extranjeras que sean consideradas injustificables, discriminatorias o que perjudiquen el comercio estadounidense. La medida contempla la imposición de aranceles del 10% o 12.5% sobre productos provenientes de aproximadamente 60 economías, cuyos gobiernos, según Washington, no han impedido de manera efectiva la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Aunque se incluyeron exenciones que cubren cerca de la mitad de las importaciones de los países afectados, y se ofrecieron tratamientos especiales para mercancías vinculadas con el T-MEC, la base legal sigue siendo objeto de escrutinio.

Impacto Económico Estimado: Cientos de Miles de Millones

El alcance económico de estos nuevos gravámenes es considerable. Según cálculos del Tax Policy Center (TPC), los aranceles definitivos bajo la Sección 301, enfocados en el trabajo forzoso, podrían generar aproximadamente 581,000 millones de dólares en ingresos fiscales entre 2026 y 2036. Esta cifra representa cerca de una tercera parte de los 1.7 billones de dólares que se estima recaudaría toda la estrategia arancelaria de Trump en la misma década, la cual incluye otros gravámenes sectoriales, nacionales y comerciales.

El TPC también proyecta que el conjunto de la política arancelaria recaudará 179,000 millones de dólares solo durante 2026. Sin embargo, se anticipa una disminución gradual de la recaudación a lo largo de la década, ya que se espera que empresas y consumidores estadounidenses busquen sustituir productos gravados por alternativas más económicas o proveedores distintos.

Carga para los Hogares Estadounidenses

Además de los ingresos fiscales, la política comercial de Trump tendría un impacto directo en los hogares estadounidenses. El TPC estima que los aranceles anunciados impondrán una carga promedio de alrededor de 920 dólares por hogar o unidad tributaria estadounidense durante 2026. Esto subraya la idea de que, en gran medida, el costo de estos aranceles es absorbido por la economía doméstica.

Eficacia Cuestionada y Escenario Judicial

El PIIE también pone en duda la eficacia económica de utilizar aranceles generales como herramienta para combatir el trabajo forzoso. Investigaciones de la Reserva Federal de Nueva York sugieren que cerca del 90% del costo de los aranceles es absorbido por empresas y consumidores estadounidenses, en lugar de ser pagado por los países exportadores. Wolff señala que, si bien EE.UU. prohíbe la importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde 1930 y la Sección 301 permite responder a tales prácticas, su uso para imponer sanciones secundarias de alcance casi global es inédito.

La agrupación de países en pocas categorías para aplicar tasas uniformes también es cuestionada, argumentando que las medidas deberían reflejar las diferencias en leyes, acciones y resultados de cada país en la lucha contra el trabajo forzoso si el objetivo es modificar comportamientos gubernamentales.

El escenario judicial para esta nueva política ya ha comenzado a perfilarse. Apenas un día después de la entrada en vigor de los gravámenes, el Liberty Justice Center presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional en representación de dos empresas afectadas, anticipando una batalla legal prolongada.