La administración del presidente Donald Trump ha sellado un acuerdo multimillonario para adquirir tres centros de detención de inmigrantes en California, desembolsando 950 millones de dólares. Esta maniobra busca otorgar al gobierno federal un control más directo sobre la infraestructura necesaria para ejecutar su ambiciosa política de deportaciones masivas.
Las instalaciones adquiridas se ubican en Adelanto, al sur de California, y en conjunto poseen una capacidad para albergar a más de 2,600 personas. A pesar de la compra, la compañía GEO Group Inc. continuará operando estos centros bajo un contrato que se extiende hasta diciembre de 2034, según confirmó la propia empresa.
George C. Zoley, director ejecutivo de GEO, expresó su satisfacción por la transacción, destacando la expectativa de seguir brindando servicios de apoyo seguros y de alta calidad en virtud de los contratos a largo plazo vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Históricamente, el ICE ha dependido en gran medida de empresas penitenciarias privadas y de acuerdos con gobiernos locales para gestionar el espacio destinado a la retención de inmigrantes. Estos individuos esperan la deportación o la resolución de sus procesos judiciales.
Sin embargo, bajo la actual administración Trump, se ha observado una tendencia creciente hacia la compra directa de estas instalaciones por parte del gobierno federal, sin abandonar por completo la contratación de empresas privadas para su operación.
Este movimiento se suma a otras adquisiciones recientes. A principios de año, el ICE pagó aproximadamente 1,500 millones de dólares por dos centros de detención adicionales, incluyendo uno con capacidad para casi 2,000 personas cerca de San Diego, que sigue siendo operado por CoreCivic tras la venta.
Ambas compañías, GEO y CoreCivic, han indicado que están en negociaciones para la posible venta de otras propiedades al gobierno federal, lo que sugiere una estrategia continua de consolidación de infraestructura de detención bajo control directo del ICE.
Funcionarios de la agencia han argumentado ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), el brazo fiscalizador del Congreso, que la propiedad de los centros de detención otorga al ICE un mayor control sobre la capacidad y la ubicación estratégica de estas instalaciones, especialmente en áreas donde se anticipa una mayor necesidad.
La GAO, sin embargo, ha emitido advertencias sobre esta estrategia. Un informe reciente señala que la compra de centros de detención ya existentes por parte del ICE podría generar despilfarro. Aunque los funcionarios de la agencia afirmaron haber considerado riesgos como responsabilidades ambientales y el historial de los sitios, la GAO concluye que el ICE no ha evaluado adecuadamente la viabilidad económica a largo plazo de ser propietario de estas instalaciones.
La agencia también ha explorado otras vías para expandir su capacidad ante el notable incremento en las detenciones por motivos de inmigración. Según la GAO, el ICE gastó cerca de mil millones de dólares en la compra de 11 almacenes a nivel nacional con la intención de convertirlos en centros de detención, aunque posteriormente decidió vender al menos siete de estas propiedades.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, el ICE ha reportado arrestos de más de 650,000 personas, con aproximadamente 600,000 deportaciones registradas hasta mediados de julio, según datos oficiales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido estas acciones, declarando que las actividades policiales diarias son esenciales para mantener la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y que el ICE necesita los recursos adecuados para cumplir la misión presidencial.
El aumento en las detenciones y la expansión de la infraestructura de detención han intensificado el escrutinio sobre las condiciones dentro de estos centros. Organizaciones de derechos civiles y exdetenidos han manifestado repetidamente su preocupación por la atención médica, la seguridad y el trato recibido en diversas instalaciones, incluyendo la de Adelanto.
Los operadores de estos centros, como GEO y CoreCivic, han negado consistentemente las acusaciones de irregularidades o maltrato, defendiendo la legalidad y la humanidad de sus operaciones.
En el contexto de estas políticas, la administración Trump ha implementado medidas como la prohibición de alta velocidad y el endurecimiento de las reglas de tráfico para los operativos de persecución de migrantes, buscando optimizar la efectividad de sus acciones de control migratorio.