El Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos de la administración federal, enfrenta una crisis silenciosa pero persistente: más de 25 fallas eléctricas han mermado su funcionamiento desde su puesta en marcha, provocando retrasos significativos y pérdidas de potencia, incluso con equipos recién adquiridos.
La última de estas incidencias, ocurrida a principios de julio, dejó varado a un convoy entre Cancún y Mérida, obligando a los pasajeros a esperar hasta seis horas para reanudar su viaje. Este incidente es solo la punta del iceberg de una problemática que se remonta a los primeros días de operación del ferrocarril.
Información obtenida por El Financiero a través de solicitudes de Transparencia revela que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) ha registrado al menos 24 episodios de falta de potencia en las unidades del Tren Maya entre el 15 de diciembre de 2023 y el 14 de abril de 2026. El primer reporte data de apenas unos días después del inicio de operaciones, el 17 de enero de 2024.
Opacidad en la Información y Pérdidas Millonarias
La paraestatal Tren Maya, que según reportes preliminares enfrenta pérdidas diarias de al menos 7 millones de pesos, ha mostrado una notable reticencia a transparentar estos incidentes. Al ser consultada vía Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa remitió a su página de prensa, la cual carece de información completa sobre los siniestros.
De hecho, la información oficial proporcionada por el Tren Maya solo documenta dos eventos de pérdida de potencia en sus locomotoras: uno el 19 de agosto de 2025 y otro el 25 de marzo de 2025. Estas cifras contrastan drásticamente con los registros de la ATTRAPI, lo que sugiere una posible discrepancia o minimización de los problemas por parte de la empresa operadora.
La flota de 42 ferrocarriles, cuyo suministro fue adjudicado a la empresa francesa Alstom mediante un contrato de 37 mil millones de pesos, parece estar lejos de cumplir las expectativas de fiabilidad y eficiencia.
Denuncias de Hundimientos y Reserva de Información
Paralelamente a las fallas eléctricas, el Tren Maya enfrenta serias acusaciones sobre presuntos hundimientos en el tramo 5, particularmente en la zona donde se realizaron obras adicionales de apuntalamiento. A pesar de las denuncias de activistas y ambientalistas, y de una orden presidencial para realizar un análisis estructural, las dependencias involucradas se han negado a proporcionar información clara.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la construcción de varios tramos, ha clasificado la información sobre los dictámenes técnicos de los apuntalamientos como "seguridad nacional", una medida que, si bien se remonta a la fase de construcción, se ha extendido para cubrir incidentes posteriores a la operación.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la que se le encomendó la elaboración de un dictamen, se ha declarado incompetente, delegando la responsabilidad en el Ejército, el Tren Maya y la ATTRAPI. Ninguna de estas entidades ha asumido la responsabilidad de aclarar la situación de los hundimientos reportados.
Contexto de un Proyecto Ambicioso y Problemático
El Tren Maya, concebido como un motor de desarrollo turístico y económico para el sureste mexicano, ha estado envuelto en controversias desde su concepción. Las críticas no solo se han centrado en los sobrecostos y los impactos ambientales, sino también en la viabilidad técnica y operativa de una obra de tal magnitud.
Históricamente, megaproyectos de infraestructura de esta envergadura suelen enfrentar desafíos técnicos y logísticos. Sin embargo, la recurrencia de fallas eléctricas y la opacidad en la gestión de la información sobre incidentes graves como los hundimientos, plantean serias dudas sobre la supervisión y el control de calidad en la ejecución y operación del Tren Maya.
Analistas señalan que la falta de transparencia y la aparente minimización de los problemas técnicos podrían erosionar la confianza pública y afectar la rentabilidad esperada del proyecto, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios y la integridad del medio ambiente.
Las implicaciones de estas fallas van más allá de los retrasos y las incomodidades para los pasajeros. Representan un desafío para la administración actual, que debe demostrar la capacidad de gestionar eficientemente proyectos de gran escala y garantizar la seguridad y fiabilidad de la infraestructura pública.
La situación actual del Tren Maya subraya la necesidad de una mayor rendición de cuentas y de una gestión transparente en los proyectos de infraestructura prioritarios, especialmente aquellos que involucran recursos públicos significativos y que tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos y en el desarrollo regional.
El futuro del Tren Maya dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para abordar de manera efectiva estas fallas técnicas, resolver las dudas sobre su estabilidad estructural y restaurar la confianza en uno de los proyectos insignia del país.