La ambiciosa reforma energética de 2024, concebida para reabrir las puertas a la inversión privada sin ceder terreno en el fortalecimiento constitucional de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se topa de frente con un obstáculo significativo desde su génesis: la decisión de Estados Unidos de no extender por 16 años más el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En su lugar, el acuerdo será sometido a revisiones anuales durante la década restante de su vigencia, un escenario que proyecta una sombra de incertidumbre sobre la certidumbre regulatoria, un factor crucial para el sector.

Este nuevo esquema de evaluación constante adquiere una relevancia mayúscula en un momento en que el gobierno mexicano, a través del Plan México, busca movilizar una inversión estimada en 277,000 millones de dólares. La estrategia, que identifica a la infraestructura y al sector energético como pilares fundamentales para atraer capital privado, se ve ahora matizada por la posibilidad de que las reglas comerciales sean reevaluadas cada año. Para los inversionistas, que a menudo planifican proyectos con horizontes de hasta 30 años, esta volatilidad inherente al nuevo mecanismo representa un desafío considerable.

Especialistas advierten que la política energética mexicana podría convertirse en uno de los puntos más álgidos de la relación comercial bilateral, precisamente porque el sector ya ha sido escenario de uno de los conflictos más sonados bajo el marco del T-MEC. "La revisión del tratado puede convertirlo (al sector energético) en uno de los temas más centrales de la discusión", señaló Regina González, asociada de Von Wobeser y Sierra, subrayando la delicadeza del asunto.

González detalló que el modelo energético emanado de la reforma de 2024, si bien mantiene el fortalecimiento de Pemex y CFE como eje constitucional, también contempla la participación privada a través de diversos esquemas de inversión y colaboración. La abogada aclaró que el diseño del modelo en sí mismo no es incompatible con el tratado comercial. "El T-MEC no le prohíbe a México fortalecer a sus empresas públicas, sino lo que busca es evitar que ese fortalecimiento se traduzca en un trato discriminatorio para los inversionistas extranjeros", explicó. Por lo tanto, el foco principal de las futuras revisiones se centrará en cómo las políticas públicas y las decisiones regulatorias aseguran condiciones equitativas para los inversionistas privados, especialmente aquellos provenientes de Estados Unidos y Canadá.

La Confianza, un Activo en Peligro

La nueva administración ha intentado distanciarse de las políticas energéticas del sexenio anterior, promoviendo en diversos foros una nueva era para el sector. Se han presentado mecanismos de participación conjunta entre el Estado y el capital privado para el desarrollo de proyectos petroleros y eléctricos. Sin embargo, para muchos observadores, estos esfuerzos podrían resultar insuficientes para restaurar la confianza del mercado si la incertidumbre sobre las reglas del juego a largo plazo persiste.

Juan Francisco Torres Landa, socio de Hogan Lovells, percibe una desconexión entre el discurso oficial y la realidad del mercado. "Si en esos eventos operara la fórmula de Pinocho, todos saldrían con una nariz enorme porque unos y otro se engañan", afirmó. Según Torres Landa, mientras algunos funcionarios aseguran que se están creando las condiciones para invertir, los inversionistas señalan que las condiciones actuales, marcadas por la falta de certeza, seguridad y la debilidad del poder judicial, hacen inverosímiles las grandes inversiones anunciadas.

El abogado enfatizó que la reapertura del sector petrolero y eléctrico difícilmente atraerá inversiones de gran envergadura mientras persistan las dudas sobre la estabilidad jurídica y regulatoria del país. La percepción de un entorno de negocios volátil y poco predecible actúa como un freno significativo para el capital que busca seguridad y rendimientos a largo plazo.

Un Legado de Conflictos y Desencuentros

El sector energético mexicano llega a esta nueva etapa cargado con un historial de fricciones significativas dentro del T-MEC. Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la política se centró en el fortalecimiento de Pemex y CFE, bajo la premisa de que la reforma energética de 2013 había sido diseñada para debilitar a las empresas estatales y propiciar la privatización del sector.

Esta estrategia se tradujo en una serie de modificaciones legales, cambios regulatorios y un intento de reforma constitucional que, aunque no prosperó, generó una cascada de amparos y litigios por parte de empresas privadas. Estas acciones legales buscaban proteger inversiones ya realizadas o proyectos en desarrollo ante lo que percibían como un entorno hostil.

La escalada de tensiones culminó en julio de 2022, cuando Estados Unidos solicitó consultas energéticas bajo el mecanismo de solución de controversias del T-MEC. La queja se basaba en la percepción de que diversas políticas públicas y decisiones regulatorias favorecían a Pemex y CFE en detrimento de las empresas estadounidenses, generando un desequilibrio competitivo.

Torres Landa considera que las secuelas de aquellas decisiones aún impactan la percepción de los inversionistas. "El hecho de que se haya destruido la reforma energética de 2014, cuando se estaban logrando precios de energía más baratos del mundo, fue criminal", lamentó. "El hecho de que una reforma que estaba dando resultado se destruyera dio como resultado parar las inversiones, parar el crecimiento y se formó un control artificial por parte de CFE", añadió.

Aunque la agenda comercial actual entre México, Estados Unidos y Canadá abarca múltiples sectores, los expertos coinciden en que la energía conserva un peso particular debido a su historial de controversias. A esta presión regulatoria se suma un desafío operativo ineludible: el crecimiento constante de la demanda eléctrica, que avanza alrededor del 3% anual y ha alcanzado máximos históricos en los últimos veranos, exige una aceleración en el desarrollo de nueva infraestructura de generación y transmisión para evitar cuellos de botella y garantizar el suministro.

La reforma de 2024, al intentar equilibrar el fortalecimiento de las empresas estatales con la atracción de capital privado, se encuentra en una encrucijada. Las revisiones anuales del T-MEC añaden una capa de complejidad y riesgo, obligando a los inversionistas a sopesar cuidadosamente las oportunidades frente a la volatilidad regulatoria. El éxito de la estrategia energética mexicana dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno para generar un marco de certidumbre y confianza que trascienda las fluctuaciones políticas y las revisiones periódicas del tratado comercial.

El Partido del Trabajo (PT), históricamente un aliado del gobierno en materia energética, se encuentra en una posición delicada. Si bien ha defendido la soberanía energética y el papel preponderante de Pemex y CFE, las políticas que han generado controversia bajo el T-MEC y la incertidumbre para la inversión privada podrían exponer al partido a críticas por su papel en la promoción de un modelo que, en la práctica, podría resultar contraproducente para el desarrollo económico del país. La defensa a ultranza de ciertas políticas, sin considerar las implicaciones en la atracción de capital y la estabilidad regulatoria, podría ser interpretada como una postura ideológica que sacrifica el pragmatismo económico, generando un daño a la credibilidad del partido y a la propia economía mexicana.