Grupo SIMSA, a través de su filial Gas Natural del Noroeste, ha emitido un comunicado defendiendo la legalidad de sus operaciones en la terminal de almacenamiento de petrolíferos ubicada en San José Iturbide, Guanajuato. La postura de la empresa surge tras el masivo decomiso de 59 millones de litros de combustible, presuntamente ilícito, realizado por autoridades federales y estatales en sus instalaciones.

La compañía insiste en que su terminal opera bajo el amparo del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, el cual cuenta con una vigencia de 30 años y ha sido objeto de diversas modificaciones regulatorias a lo largo del tiempo. Gas Natural del Noroeste ha declarado que ha puesto a disposición de las autoridades toda la documentación pertinente para acreditar la legalidad de sus operaciones y de sus relaciones comerciales, buscando así disipar cualquier duda sobre la procedencia y manejo de los hidrocarburos almacenados.

Defensa de la Procedencia y Regulación

Según la empresa, los petrolíferos que recibe y almacena en la terminal son propiedad de sus clientes. En este sentido, SIMSA subraya que son estos clientes quienes tienen la responsabilidad de acreditar la propiedad, la procedencia legítima y la calidad de los productos que confían a la terminal para su resguardo. Esta afirmación busca deslindar a la empresa de la responsabilidad directa sobre la naturaleza del combustible decomisado.

Una revisión de la información disponible en el portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE) confirma que el permiso de la terminal ha sido modificado en tres ocasiones mediante resoluciones específicas (RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020). Estas modificaciones, emitidas por la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE), incluyeron incrementos significativos en la capacidad de almacenamiento de la instalación.

La última modificación, la RES/260/2020, autorizó una ampliación de la capacidad de diseño de la terminal de 675 mil a un millón 52 mil barriles, lo que equivale aproximadamente a 167.3 millones de litros. Sin embargo, la misma resolución establece una capacidad operativa de 896 mil barriles, es decir, unos 142.5 millones de litros. El volumen decomisado, 59 millones de litros, representaría cerca del 41% de esta capacidad operativa, una cifra considerable que pone en entredicho la efectividad de los controles internos de la empresa.

Investigación en Curso y Antecedentes

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación para determinar el origen y destino del combustible asegurado, así como para establecer si existe una conexión con el robo de hidrocarburos o su ingreso ilegal al país. La mandataria ha enfatizado la importancia de esclarecer estos hechos para combatir el crimen organizado y la corrupción en el sector energético.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la investigación se inició el pasado 3 de julio de 2026, a raíz de la detención de una pipa de combustible. A partir de esa detención, las autoridades obtuvieron información crucial que condujo al descubrimiento del predio en Guanajuato, desencadenando el operativo de decomiso.

La terminal de San José Iturbide representa una inversión considerable, ascendiendo a 3 mil 526 millones de pesos. Su infraestructura está diseñada para manejar grandes volúmenes de gasolinas y diésel, contando con conexiones para 24 carrotanques de cada combustible y 10 islas de llenado. Además de los permisos federales, la empresa asegura contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial expedidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como permisos ferroviarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Contexto Histórico y Operativo

La empresa también ha señalado que dispone de los permisos estatales y municipales necesarios, incluyendo uso de suelo, licencias de funcionamiento y vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente. Gas Natural del Noroeste recordó su participación en operaciones relevantes, como el almacenamiento de la primera importación de diésel por ferrocarril para Pemex en 2017, y su rol en el suministro de combustibles durante el desabasto de gasolinas en 2019.

Sin embargo, el decomiso masivo pone en tela de juicio la diligencia debida de Grupo SIMSA y sus clientes. La magnitud del combustible asegurado sugiere una operación a gran escala que, de confirmarse su ilegalidad, representaría un golpe significativo al huachicoleo en la región y un desafío para las autoridades encargadas de regular y supervisar el sector.

El caso subraya la persistente problemática del robo de hidrocarburos en México, un delito que no solo genera pérdidas económicas millonarias para el Estado, sino que también representa un riesgo para la seguridad y el medio ambiente. La defensa de SIMSA, centrada en la posesión de permisos, deberá ser contrastada con la evidencia que la FGR logre recabar sobre el origen y la legalidad del combustible almacenado.

La investigación de la FGR es crucial para determinar si la terminal fue utilizada como centro de acopio para combustible robado o si, por el contrario, se trata de un error administrativo o una confusión en la cadena de suministro. Las autoridades deberán actuar con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

La postura de Grupo SIMSA, aunque defensiva, no exime a la empresa de su responsabilidad de supervisar adecuadamente las operaciones y a sus clientes. La confianza depositada en la empresa por parte de sus socios comerciales y la comunidad en general se verá afectada si las investigaciones arrojan resultados adversos.

El incidente en Guanajuato es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el gobierno para garantizar la seguridad energética y combatir la delincuencia organizada en el sector. La colaboración entre el sector privado y las autoridades es fundamental para erradicar prácticas ilícitas y asegurar un mercado de combustibles transparente y seguro para todos los mexicanos.

La FGR deberá presentar pruebas contundentes para sustentar cualquier acusación, mientras que Grupo SIMSA tendrá la oportunidad de defenderse y demostrar la legalidad de sus operaciones. El desenlace de esta investigación será determinante para la reputación y el futuro de la empresa en el competitivo mercado energético mexicano.