La presidenta Claudia Sheinbaum puso en la mira un convenio que levanta serias dudas sobre lealtades políticas y respeto a la soberanía nacional. Durante su visita a Chihuahua, la mandataria federal ordenó una revisión exhaustiva del acuerdo que la gobernadora panista Maru Campos firmó en 2022 con el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

El pacto, que abarca temas sensibles como migración y seguridad, fue suscrito cuando Campos apenas iniciaba su administración y Abbott consolidaba su agenda antiinmigrante. Ahora, cuatro años después, el gobierno federal cuestiona si este entendimiento bilateral cruzó líneas constitucionales que reservan la política exterior y migratoria exclusivamente a la federación.

Sheinbaum fue contundente al señalar que el convenio "podría implicar afectaciones a la soberanía nacional", un término que en lenguaje diplomático equivale a una acusación grave. La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿qué compromisos asumió la administración panista de Chihuahua con un estado estadounidense conocido por sus políticas migratorias extremas?

El PAN y Morena, ambos protagonistas de este episodio, enfrentan ahora el escrutinio público. Campos deberá explicar qué concesiones ofreció a Abbott en un momento donde la relación bilateral México-Estados Unidos atraviesa turbulencias. Mientras tanto, la revisión legal ordenada por Sheinbaum determinará si hubo excesos de autoridad o simple negligencia institucional.

Lo cierto es que este caso expone una vez más la fragilidad del federalismo mexicano cuando gobiernos estatales actúan como si fueran entidades soberanas. La coordinación entre Chihuahua y Texas en temas migratorios pudo haber parecido pragmática en 2022, pero hoy luce como un potencial conflicto constitucional que ninguna de las partes involucradas puede ignorar.

La presidenta dejó claro que la política exterior es facultad exclusiva del gobierno federal, un recordatorio que suena a advertencia para otros gobernadores tentados a negociar directamente con autoridades extranjeras. El mensaje es inequívoco: los acuerdos internacionales, aunque sean con estados vecinos, requieren aval de la federación.

Ahora resta esperar los resultados de la revisión legal y las explicaciones que tanto Campos como su equipo deberán ofrecer. Mientras tanto, el acuerdo Chihuahua-Texas se convierte en un caso de estudio sobre los límites del poder estatal y los riesgos de la improvisación diplomática.