La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se desmarcó públicamente de una propuesta impulsada por la ministra Lenia Batres para establecer impuestos sobre las herencias y el dinero proveniente de las Afores de trabajadores fallecidos. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum enfatizó que su gobierno no tiene contemplado abrir un debate legislativo en torno a este tema, aunque reconoció que el gravamen a las herencias es una práctica común en muchos países.

"No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos", declaró la mandataria, poniendo un freno a la iniciativa que había sido planteada por la ministra Batres.

La Presidenta fue enfática al señalar que no se buscará llevar esta propuesta al Congreso de la Unión. "No abriría ese debate legislativo. Es opinión de la ministra y tiene derecho de tener su opinión", añadió, subrayando la autonomía de criterio de los miembros del Poder Judicial, pero marcando una clara diferencia con la postura de su administración.

El Argumento de Lenia Batres

La ministra Lenia Batres, quien fue una de las más votadas en las elecciones judiciales de 2025, había argumentado que considerar las herencias como sujetas a impuestos es una cuestión de justicia social. Sostuvo que los recursos heredados no provienen del esfuerzo propio de quien los recibe, sino que son una transferencia de riqueza que, en su opinión, puede perpetuar y acentuar las desigualdades sociales existentes.

"Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana y que, en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse", expuso Batres en una de sus intervenciones, buscando justificar la necesidad de una redistribución de la riqueza a través de mecanismos fiscales.

En un video difundido en su canal de YouTube, la ministra profundizó en su argumento, citando estadísticas globales sobre la concentración de la riqueza. Señaló que aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial acumula el 76 por ciento de la riqueza total, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de políticas que busquen una mayor equidad.

"El único método que tiene nuestro mundo para la redistribución de la riqueza es el pago de impuestos, por eso es que hace unos días hablamos de que consideramos que se paguen impuestos a las herencias y legados", detalló Batres, presentando su postura como una herramienta para mitigar la brecha entre ricos y pobres.

Facultades del Congreso

Sin embargo, la propia ministra Batres reconoció una limitación fundamental para la implementación de su propuesta. Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si bien puede emitir criterios y sentencias, no tiene la facultad de crear o imponer impuestos. Esta atribución recae de manera exclusiva en el Poder Legislativo, es decir, en el Congreso de la Unión.

Por lo tanto, cualquier intento de gravar las herencias requeriría de una iniciativa de ley presentada y aprobada por diputados y senadores. La intervención de Batres, aunque exprese una opinión y un análisis sobre la política fiscal, no tiene el carácter de una orden o una decisión vinculante para el gobierno federal ni para el legislativo en términos de creación de nuevas contribuciones.

Contexto de la Política Fiscal en México

Históricamente, México ha tenido un sistema fiscal que, si bien ha evolucionado, no ha incluido un impuesto generalizado a las herencias de manera continua y significativa. Las propuestas para su implementación han surgido periódicamente, pero generalmente no han prosperado, a menudo por consideraciones políticas y económicas, o por la percepción de que podrían desincentivar la inversión o generar complicaciones administrativas.

La administración actual, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha mantenido una línea de prudencia en materia de reformas fiscales profundas, enfocándose más en la eficiencia recaudatoria y en la fiscalización de los contribuyentes existentes, en lugar de crear nuevas cargas impositivas de gran calado. La declaración de la Presidenta sugiere que esta postura se mantendrá, priorizando la estabilidad y evitando debates que puedan generar incertidumbre económica o social.

La postura de la ministra Batres, por otro lado, se alinea con corrientes de pensamiento que abogan por una mayor progresividad fiscal y una redistribución más activa de la riqueza, especialmente en un contexto global donde la desigualdad económica es un tema de creciente preocupación. Su iniciativa, aunque rechazada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa un debate relevante sobre la equidad y la justicia fiscal en el país.

Implicaciones y Reacciones

La decisión de la Presidenta Sheinbaum de desestimar la propuesta de la ministra Batres probablemente será vista por diversos sectores como una señal de continuidad en la política fiscal del gobierno, evitando cambios drásticos que pudieran afectar la percepción de estabilidad económica. Para los contribuyentes y potenciales herederos, esto significa que el status quo en materia de impuestos a las herencias se mantiene por el momento.

Analistas políticos y económicos observarán si esta diferencia de opiniones entre la Presidenta y una ministra de la Suprema Corte genera alguna tensión adicional o si se trata simplemente de expresiones de puntos de vista individuales dentro de un marco de respeto institucional. La relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial es un elemento clave en la gobernabilidad del país, y cualquier discrepancia pública, por mínima que sea, suele ser objeto de escrutinio.

En el ámbito legislativo, la puerta no está completamente cerrada para futuras discusiones sobre impuestos a las herencias, ya que la facultad reside en el Congreso. Sin embargo, la declaración de la Presidenta Sheinbaum establece un precedente claro sobre la posición del gobierno actual, haciendo menos probable que una iniciativa de este tipo prospere en el corto o mediano plazo sin un cambio significativo en la agenda política o en la opinión pública.

La ministra Batres, por su parte, continuará probablemente defendiendo sus posturas desde el ámbito judicial, contribuyendo al debate público sobre la necesidad de mecanismos más efectivos para la redistribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades. Su rol como ministra le permite influir en la discusión jurídica y social, aunque la implementación de políticas fiscales concretas dependa de otras ramas del gobierno.