El intermediario del pacto criminal

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación de 34 páginas que expone el presunto papel de Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa, como intermediario entre Los Chapitos y el gobierno estatal. Según el documento judicial, el legislador habría participado en reuniones clandestinas con los hijos de 'El Chapo' Guzmán —Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio— para coordinar la protección de sus operaciones de narcotráfico a cambio de apoyo político.

La acusación estadounidense señala que Inzunza, junto con Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, "ayudaron a Los Chapitos a colocar a funcionarios corruptos" en puestos clave de seguridad. Este arreglo habría permitido al cártel operar con impunidad mientras los políticos recibían "ayuda" para mantenerse en el poder. El documento describe cómo ambos funcionarios se convirtieron en "enlaces" que transmitían comunicaciones entre los capos y el gobernador Rubén Rocha Moya.

Reunión bajo resguardo armado

Uno de los encuentros descritos en la acusación ocurrió después de la elección de 2021 que llevó a Rocha Moya a la gubernatura. Según el expediente judicial, sicarios armados con cuernos de chivo y rifles de asalto custodiaron el lugar mientras Los Chapitos exigían el control de la Policía Estatal de Sinaloa como pago por su apoyo electoral. El objetivo: garantizar rutas seguras para el tráfico de drogas y eliminar a sus enemigos mediante detenciones selectivas que, paradójicamente, mejorarían la "percepción pública" sobre la seguridad en el estado.

La red de corrupción habría alcanzado a altos mandos policiales, incluyendo a José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, 'Juanito', comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Esta estructura permitió que el cártel no solo operara libremente, sino que utilizara las instituciones de seguridad como herramienta contra sus rivales.

Morena y el silencio cómplice

Lo más grave del caso no es solo la acusación contra un senador en funciones, sino el silencio ensordecedor del partido gobernante. Desde que se dio a conocer la acusación el 29 de abril, Morena no ha tomado medidas disciplinarias contra Inzunza, quien continúa ejerciendo su cargo legislativo como si nada. El senador ha negado las acusaciones y asegura ser "abogado de sí mismo", rechazando cualquier contacto con autoridades estadounidenses para negociar un acuerdo.

La acusación de Estados Unidos incluye delitos que van desde asociación delictuosa para tráfico de narcóticos hasta asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte. Sin embargo, el documento no menciona que Inzunza haya recibido sobornos directos; se limita a describir su función como operador político del cártel. Esta distinción legal no disminuye la gravedad de los señalamientos: haber servido como puente entre el Estado y el crimen organizado representa una traición a la confianza pública.

La impunidad como sistema

El caso Inzunza expone la profundidad de la captura del Estado en Sinaloa y plantea preguntas incómodas sobre la selección de candidatos en Morena. ¿Cómo llegó al Senado alguien con presuntos vínculos con el narcotráfico? ¿Qué filtros de seguridad fallaron? ¿O acaso nunca existieron? Mientras el legislador permanece en su curul y el partido guarda silencio, la acusación estadounidense se suma a un patrón preocupante: la normalización de la coexistencia entre el poder político y el crimen organizado en México.

La historia de Enrique Inzunza no es la de un político corrupto aislado, sino la de un sistema que permite, tolera y quizá hasta premia la colaboración con el narcotráfico. Hasta que Morena y las autoridades mexicanas actúen con la misma contundencia que la justicia estadounidense, casos como este seguirán siendo la regla, no la excepción.