La Secretaría de Gobernación (Segob) ha anunciado con bombo y platillo la localización de más de 16 mil personas en los últimos meses, atribuyendo este logro a la supuesta efectividad de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Sin embargo, la persistente crisis de desapariciones en el país y las críticas hacia las políticas de seguridad del gobierno actual arrojan una sombra de duda sobre estas cifras y la verdadera magnitud del problema.

En un esfuerzo por dar una apariencia de control y avance, la dependencia federal informó sobre la conformación de un grupo de nueve expertos, tanto nacionales como internacionales, encargados de realizar un análisis técnico y científico del registro de personas desaparecidas. La meta declarada es proponer recomendaciones que, teóricamente, fortalezcan las labores de búsqueda. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, presentó esta iniciativa desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

Un Panel de Expertos Bajo Escrutinio

Rodríguez detalló que estos expertos provienen de diversas disciplinas y su labor consistirá en revisar y validar las metodologías empleadas hasta ahora, con el objetivo de mejorar la calidad de la información y proponer herramientas técnicas que optimicen la búsqueda de personas. "Su trabajo también permitirá identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el Registro Nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización", afirmó la secretaria. La intención, según sus palabras, es "conocer qué hay detrás de cada registro, contar con información suficiente para buscar a las personas y garantizar que cada caso tenga una ruta de atención y búsqueda".

El subsecretario Medina se encargó de nombrar a los integrantes de este panel: Mayank Kejriwal (Universidad del Sur de California), Zubin Jelveh (Universidad de Maryland), Ted Enamorado (Universidad de Washington en San Luis), Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera (CIESAS Veracruz), Esteban Salmón (UNAM), Guillermo Guevara (ITAM) y Rodrigo Canales (Universidad de Boston). Queda pendiente la autorización de una especialista en análisis de datos de una institución en Massachusetts. El subsecretario aseguró que se están concluyendo los instrumentos de colaboración y confidencialidad necesarios para que estos expertos puedan desarrollar su trabajo con las debidas garantías de protección de la información de las víctimas y sus familias.

Cifras Oficiales vs. Realidad Cruda

La Segob presume que, entre las acciones implementadas, se encuentran la integración de carpetas de investigación para cada reporte de desaparición, lo cual permitiría realizar simultáneamente la búsqueda y las diligencias ministeriales. Se reportan 6 mil 939 localizaciones a través del cruce de registros administrativos mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI). Además, se mencionan 4 mil 788 casos concretados y formalizados en el Registro Nacional mediante la coordinación con entidades federativas, y mil 214 personas encontradas con vida por la CNB.

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) es otro de los pilares que la dependencia destaca, afirmando haber localizado a 3 mil 473 personas mediante labores coordinadas desde el Centro de Mando Nacional, con la participación de Segob, CNB, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Se señala que se trabaja con las 32 entidades federativas para instalar puestos de mando estatales y activar respuestas inmediatas ante un reporte de desaparición.

El Contexto de una Crisis Humanitaria

Es crucial contextualizar estas cifras dentro de la alarmante realidad de la inseguridad y la violencia en México. La Estrategia Nacional de Búsqueda, si bien busca dar respuesta a una crisis humanitaria sin precedentes, opera en un entorno donde la desaparición forzada y la violencia generalizada han dejado miles de familias en la angustia y la incertidumbre. La cifra de 16 mil personas localizadas, aunque pueda parecer significativa, debe ser analizada a la luz de las decenas de miles de personas que aún permanecen desaparecidas, según registros oficiales y organizaciones de la sociedad civil.

Históricamente, México ha enfrentado desafíos monumentales en materia de seguridad y justicia. La proliferación de grupos delictivos, la corrupción y la debilidad institucional han sido factores determinantes en el aumento de las desapariciones. La Estrategia Nacional de Búsqueda, lanzada en un contexto de creciente presión social y exigencia de rendición de cuentas, intenta abordar esta problemática desde múltiples frentes, incluyendo la identificación humana, la búsqueda en campo, la coordinación interinstitucional y el acompañamiento a familiares.

Implicaciones y Preguntas Pendientes

La conformación del grupo de expertos internacionales es, en teoría, un paso positivo que podría aportar nuevas perspectivas y metodologías. Sin embargo, la efectividad de estas recomendaciones dependerá de la voluntad política para implementarlas y de la capacidad del Estado para superar los obstáculos estructurales que han impedido avances sustanciales en la resolución de casos y la localización de personas.

La dependencia también reporta 13 mil 750 atenciones y reuniones realizadas por el Gobierno de México con familias y colectivos, como parte del acompañamiento a víctimas. Si bien este tipo de acciones son fundamentales para mantener un canal de comunicación y ofrecer apoyo, no sustituyen la necesidad imperante de resultados concretos en la búsqueda y la justicia.

La Segob enumera diez líneas de acción, que van desde garantizar datos completos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta la identificación humana y la prevención de la captación de jóvenes por grupos delictivos. La efectividad de estas acciones, sin embargo, sigue siendo objeto de debate y escrutinio por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, quienes a menudo denuncian la lentitud de los procesos, la falta de recursos y la persistente impunidad.

En última instancia, la narrativa oficial de éxito en la localización de personas debe ser contrastada con la realidad de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos y exigen verdad, justicia y memoria. La labor del grupo de expertos será crucial para evaluar objetivamente las políticas implementadas y proponer caminos viables para enfrentar uno de los mayores desafíos humanitarios de México.