El pasado oscuro de Laura Zapata vuelve a arrojar sombras sobre su presente. A más de 20 años del traumático secuestro que vivió junto a su hermana Ernestina Sodi, la actriz se encuentra en el ojo del huracán judicial una vez más. Armando Figueroa, uno de los sentenciados por aquel plagio, ha promovido un juicio de amparo indirecto, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar la comparecencia de Zapata en el proceso.

Este nuevo capítulo, que la propia actriz ha calificado como una forma de revictimización, la obliga a enfrentar de nueva cuenta las versiones que la han señalado como partícipe del delito que la convirtió en víctima. "Me imagino que para salir de la cárcel", declaró Zapata sobre las intenciones detrás del amparo promovido por Figueroa, conocido también como ‘El Duende’ o ‘Romeo’.

El secuestro, ocurrido en 2002, fue un episodio que marcó profundamente a la familia Sodi-Zapata. Tras salir de una función de teatro en la Ciudad de México, Laura y Ernestina fueron interceptadas por un grupo armado y mantenidas en cautiverio durante aproximadamente 45 días. Un calvario que, según relata la actriz, dejó secuelas imborrables.

Zapata, quien ha construido una carrera interpretando a icónicas villanas en telenovelas, se ha visto envuelta en una batalla legal y mediática para limpiar su nombre. A pesar de haber recibido citatorios previos relacionados con el caso, en esta ocasión, sus abogados le han advertido que su presencia podría ser ineludible. "Definitivamente yo no tengo nada qué ver, es un caso juzgado, yo soy la víctima, él es un delincuente", afirmó con contundencia.

La actriz ha identificado a Figueroa como miembro de la banda "Los Tiras", un grupo que, según sus declaraciones, operó en conjunto con secuestradores de los Petriciolet, conocidos por el brutal asesinato del joven Alejandro Martí. Zapata ha señalado a Figueroa como "El Duende", el mismo individuo que, de acuerdo con los testimonios, ejerció violencia sexual contra su hermana Ernestina, quien lamentablemente falleció en noviembre de 2024.

La fractura familiar que provocó el secuestro se agudizó con las versiones encontradas entre las hermanas. En su libro "Líbranos del mal" (2005), Ernestina Sodi insinuó que Laura podría haber tenido un papel en la prolongación de su cautiverio, alimentando las teorías de un "autosecuestro" orquestado para obtener beneficios económicos de su otra hermana, la reconocida cantante Thalía.

Laura Zapata ha desmentido categóricamente estas acusaciones, argumentando que dichos señalamientos no forman parte de la investigación judicial. "Ávila Camacho aconseja a Ernestina Sodi que diga que yo formo parte de todo esto, para que ella vendiera su libro", declaró, mostrando su hartazgo ante la persistencia de estas versiones.

La actriz se siente "revictimizada por la justicia y la sociedad" ante la insistencia con la que se le ha señalado como "autosecuestrada" e incluso se le ha vinculado sentimentalmente con su captor. "Yo no tuve nada con este secuestrador", enfatizó, viendo en la actual notificación judicial una oportunidad para aclarar los hechos y deslindar responsabilidades.

Zapata considera que este proceso es crucial para que la opinión pública comprenda que el secuestro fue un delito grave cometido en su contra y contra su hermana, y no una estrategia para obtener ganancias. "Para callar también bocas de que no soy partícipe de este delito, de autosecuestrada", sentenció.

La situación ha escalado al punto de que Laura Zapata ha anunciado su intención de denunciar por daño moral a los influencers Kunno y Fabio, quienes, según la actriz, han difundido la versión de su "autosecuestro". Esta acción legal busca poner un alto a la difamación y proteger su reputación.

El caso de Laura Zapata y Ernestina Sodi es un recordatorio sombrío de la inseguridad que ha azotado a México, donde la línea entre víctima y victimario a veces parece desdibujarse en el entramado judicial y mediático. La persistencia de estas narrativas subraya la necesidad de un abordaje más sensible y riguroso en casos de secuestro, evitando la revictimización de quienes han sufrido tales horrores.

La intervención de figuras públicas en procesos judiciales, ya sea como víctimas o como parte de la defensa, siempre genera un escrutinio adicional. En este caso, la notoriedad de Laura Zapata añade una capa de complejidad, donde la búsqueda de justicia se entrelaza con la batalla por la percepción pública y la defensa de la propia integridad.

El contexto de este amparo también pone de relieve las complejidades del sistema penitenciario y los mecanismos legales disponibles para los reclusos. Si bien el amparo es un derecho fundamental, su uso en casos de delitos graves como el secuestro puede generar controversia, especialmente cuando involucra a las víctimas en procesos que reabren heridas.

La declaración de Zapata sobre la violencia sexual sufrida por su hermana Ernestina añade una dimensión aún más trágica al relato. Este tipo de detalles, a menudo ocultos o minimizados, son cruciales para comprender la magnitud del trauma y la brutalidad de los actos cometidos por las bandas criminales.

En retrospectiva, el caso Sodi-Zapata se convirtió en un símbolo de las fallas en la procuración de justicia y la vulnerabilidad de las figuras públicas ante el crimen organizado. La lucha de Laura Zapata por reivindicar su posición como víctima es un reflejo de las batallas que muchas personas enfrentan para ser escuchadas y creídas ante la adversidad.

La actriz ha expresado su deseo de que esta situación sirva para "que la gente entienda que no soy una autosecuestrada". Su determinación por aclarar los hechos, a pesar del dolor que ello implica, demuestra una fortaleza notable ante un sistema que, en ocasiones, parece perpetuar el sufrimiento de quienes ya han sido lastimados.