La política de precios máximos para el diésel, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, enfrenta un desafío significativo. Alrededor del 20% de las gasolineras en todo el país, lo que se traduce en aproximadamente 2 mil 166 establecimientos, continúan vendiendo este combustible por encima del límite de 27 pesos por litro establecido en un acuerdo voluntario con el gobierno. Esta situación, revelada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pone en entredicho la efectividad de las medidas implementadas para controlar los precios y genera preocupación entre los consumidores y los empresarios del sector.

La Profeco ha identificado a Baja California como el estado con el mayor número de establecimientos que no se apegan al acuerdo, registrando 273 gasolineras en esta situación. Le siguen de cerca Tamaulipas, con 178; Michoacán, con 166; y Jalisco y Sonora, cada uno con 161 estaciones que ignoran el precio límite. Estos datos sugieren una resistencia considerable a la política de precios en diversas regiones del país, lo que podría indicar problemas estructurales o una falta de compromiso por parte de algunos actores del mercado.

En contraste, la Ciudad de México y Colima muestran un panorama más alentador. En la capital del país, la Profeco solo ha detectado tres gasolineras que aún venden diésel por encima de los 27 pesos por litro. En Colima, la cifra asciende a ocho establecimientos. Si bien estos números son positivos y sugieren una mayor adherencia al acuerdo en estas entidades, la presencia de cualquier estación que incumpla sigue siendo motivo de atención.

Incumplimiento en la Capital y el Estado de México

Dentro de la Ciudad de México, se han identificado tres puntos específicos donde el precio del diésel supera el límite establecido. En la alcaldía Álvaro Obregón, la estación ubicada en Postes No. 114, en la colonia José María Pino Suárez, operada por Urbana 270, S.A. de C.V., ha sido señalada. En Coyoacán, la gasolinera en Calzada de Tlalpan No. 3039, colonia Santa Úrsula Coapa, de Servicio Santa Úrsula, S.A. de C.V., también se encuentra en la lista. Finalmente, en Iztapalapa, la estación en Eje 5 Sur No. 44, colonia Paseos de Churubusco, de Servicio Tres Encinas, S.A. de C.V., completa la lista de incumplimientos en la capital.

El Estado de México, por su parte, presenta un número considerablemente mayor de gasolineras que no respetan el precio límite del diésel. En el municipio de Acolman, dos establecimientos han sido señalados: uno en la Carretera federal México-Pirámides No. 3, San Agustín Acolman, operado por OF La Regional, S. de R.L. de C.V., y otro en la Carretera libre México-Pirámides km 10+300, esquina calle Juárez No. 1, Santa Catarina, de Autoservicio Viajero, S.A. de C.V.

Otros municipios mexiquenses con reportes de incumplimiento incluyen Atlacomulco, con dos estaciones señaladas; Calimaya, también con dos; Capulhuac, Chapultepec, Chiconcuac, Coatepec Harinas (con dos), Cuautitlán Izcalli (con dos), Ecatepec de Morelos, Hueypoxtla, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, Lerma, Luvianos, Metepec, Naucalpan de Juárez, Ocoyoacac (con cuatro estaciones), Polotitlán, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso (con dos), San Mateo Atenco y Tenancingo. La extensa lista subraya la magnitud del desafío para la Profeco y el gobierno federal en su intento por hacer cumplir el acuerdo de precios.

El Riesgo para la Sustentabilidad Empresarial

La imposición de un precio límite de 27 pesos por litro de diésel ha generado una fuerte reacción por parte de los empresarios del sector gasolinero. Advierten que esta medida, si bien busca beneficiar al consumidor, pone en grave riesgo la sustentabilidad de sus negocios. Argumentan que los márgenes de ganancia se han reducido drásticamente, llegando en algunos casos a ser de apenas 70 centavos por litro, lo cual consideran insuficiente para cubrir los costos operativos y mantener la viabilidad de las estaciones de servicio.

Esta situación ha llevado a algunos empresarios a considerar la posibilidad de no adherirse al acuerdo o, en casos más extremos, a evaluar el cierre de sus negocios. La falta de rentabilidad adecuada podría desincentivar la inversión en el sector y, a largo plazo, generar escasez de combustible o una menor calidad en el servicio. La Profeco, por su parte, se enfrenta a la tarea de supervisar y sancionar a los establecimientos que no cumplen, pero la vasta red de gasolineras en el país dificulta una vigilancia exhaustiva.

Contexto y Antecedentes de la Política de Precios

La política de control de precios para combustibles como el diésel no es nueva en México. Históricamente, los gobiernos han intervenido en el mercado de energéticos para mitigar el impacto de la volatilidad internacional en los bolsillos de los ciudadanos. Sin embargo, estas intervenciones a menudo generan tensiones con el sector privado, que argumenta distorsiones en el mercado y afectaciones a la libre competencia.

El acuerdo voluntario con el gobierno de Claudia Sheinbaum para fijar un precio máximo al diésel se enmarca en una estrategia más amplia para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. No obstante, la resistencia observada por parte de un sector significativo de gasolineros sugiere que la implementación de estas políticas requiere un equilibrio delicado entre los objetivos sociales y la viabilidad económica del sector.

Implicaciones y Futuro del Acuerdo

Las implicaciones de este incumplimiento generalizado son diversas. Por un lado, los consumidores que logran encontrar gasolineras que respetan el precio límite se benefician, pero aquellos que no tienen acceso a ellas enfrentan precios más altos. Por otro lado, la persistencia de precios por encima del tope podría erosionar la confianza en las políticas gubernamentales y generar un clima de incertidumbre en el mercado.

El futuro del acuerdo de precios para el diésel dependerá en gran medida de la capacidad de la Profeco y del gobierno para asegurar el cumplimiento generalizado. Si la tendencia de incumplimiento continúa, es probable que se deban considerar medidas más estrictas, como sanciones más severas o incluso la revisión del acuerdo en sí. La sustentabilidad del sector gasolinero y la protección al consumidor se encuentran en un punto crítico, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el rumbo de esta política.

La situación actual pone de manifiesto la complejidad de gestionar un mercado tan sensible como el de los combustibles. La administración de Sheinbaum enfrenta el reto de equilibrar las demandas sociales con las realidades económicas del sector, buscando soluciones que garanticen tanto la accesibilidad del diésel para los consumidores como la rentabilidad para los empresarios. La efectividad de estas medidas será un indicador clave de la capacidad de su gobierno para navegar desafíos económicos complejos.