La coordinación en materia de seguridad entre los estados de Durango y Zacatecas se ha hecho añicos, dando paso a un cruce de acusaciones públicas que evidencian la tensión y la desconfianza en la lucha contra el crimen organizado. Lo que comenzó como un discurso de unidad para enfrentar la creciente ola de violencia, se ha transformado en un enfrentamiento verbal entre las administraciones estatales, cada una señalando a la otra como posible receptora de criminales desplazados.
El epicentro de esta disputa se ubica tras el contundente "Operativo Rastrillo" implementado en Zacatecas, una medida drástica adoptada después de un brutal multihomicidio ocurrido el pasado 18 de julio, donde perdieron la vida diez personas, dos de ellas originarias de Durango. La estrategia zacatecana, que implicó el despliegue de fuerzas federales y estatales, generó la advertencia de que grupos delictivos, al verse acorralados, estarían buscando refugio en las zonas serranas de Durango.
El Gobernador de Durango Niega el "Efecto Cucaracha"
Ante las presuntas advertencias de Zacatecas, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, salió al paso para desmentir categóricamente la existencia de información oficial que confirmara el ingreso de grupos criminales provenientes de la entidad vecina. Villegas no solo rechazó la idea del "efecto cucaracha", sino que lanzó un desafío directo a las autoridades zacatecanas: si poseían datos concretos sobre el desplazamiento de delincuentes hacia Durango, debían compartirlos por los canales institucionales y no a través de declaraciones públicas que, a su juicio, buscaban "embarrar" a su estado.
"Que no nos quieran embarrar", sentenció Villegas, asegurando que Durango se mantenía en una situación de tranquilidad. Esta postura buscaba deslindar a su administración de cualquier responsabilidad y poner en duda la veracidad de las afirmaciones provenientes de Zacatecas, sugiriendo una posible estrategia para desviar la atención de problemas internos.
Zacatecas Responde con Cifras y un Dardo Envenenado
La respuesta de Zacatecas no se hizo esperar y elevó aún más el tono de la confrontación. En una conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, desestimó la idea de que informar sobre la movilidad de grupos criminales implicara responsabilizar directamente al gobierno de Durango. Para respaldar su postura, Mugüerza presentó datos contundentes de la Fiscalía de Zacatecas, revelando que durante 2026, un total de 70 personas originarias de Durango habían sido detenidas en su estado.
Las detenciones, según detalló, estaban principalmente relacionadas con delitos de narcomenudeo, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Como prueba adicional, señaló que uno de los individuos vinculados al proceso por el multihomicidio del 18 de julio era, precisamente, originario de Durango. Ante estas revelaciones, el funcionario zacatecano lanzó un dardo directo al gobernador Villegas: "Si él se sintió embarrado, pues que se limpie, sus razones tendrá". Esta frase encapsuló la tensión y la acusación mutua, dejando claro que la disputa estaba lejos de resolverse.
Durango Califica la Actitud de "Grosera y Prepotente"
La réplica duranguense no se hizo esperar, y el secretario general de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela, intervino para intentar bajar los ánimos, aunque sin dejar de criticar la forma en que se habían manejado las cosas. Vela Valenzuela hizo un llamado a mantener la coordinación entre ambas entidades, pero no dudó en calificar la actitud del funcionario zacatecano como "grosera y prepotente" hacia el gobernador Villegas.
El funcionario duranguense enfatizó que la seguridad no debía reducirse a señalar el lugar de origen de los detenidos, sino que requería una colaboración genuina, un intercambio de información fluido y acciones conjuntas para mermar la capacidad operativa y de desplazamiento de los grupos criminales. Reiteró la idea de que los problemas de seguridad trascienden las fronteras administrativas y que, por lo tanto, la respuesta de los gobiernos también debería hacerlo, sugiriendo que la confrontación pública era contraproducente.
Un Contexto de Violencia y Fronteras Complicadas
La disputa entre Durango y Zacatecas no surge en un vacío, sino en un contexto de alta violencia y una geografía territorial compleja. Ambas entidades comparten una frontera que ha sido históricamente un corredor para la operación de grupos criminales, especialmente en la región conocida como el "Triángulo Dorado". La presencia de organizaciones como Los Cabrera Sarabia, con raíces en la sierra de Durango y vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, es un factor constante en la dinámica de seguridad de la zona.
Estos grupos criminales han extendido su influencia a municipios zacatecanos como Sombrerete, Fresnillo, Río Grande y Juan Aldama, áreas que colindan directamente con Durango. La detención de individuos originarios de Durango en operativos recientes en Zacatecas, como el ocurrido en Fresnillo donde se señaló a un presunto integrante de una célula delictiva, subraya la interconexión de las actividades criminales a través de las fronteras estatales.
Implicaciones y el Camino a Seguir
El enfrentamiento entre las administraciones de Durango y Zacatecas pone de manifiesto las dificultades inherentes a la estrategia de seguridad a nivel nacional. La falta de coordinación y la tendencia a la confrontación pública entre estados vecinos pueden crear fisuras que los grupos criminales aprovechan para reorganizarse y expandirse. La presencia de cientos de efectivos militares y las investigaciones en curso en ambas entidades, ordenadas por el gobierno federal, subrayan la gravedad de la situación.
La disputa verbal, aunque llamativa, oculta una realidad más profunda: la necesidad imperante de una colaboración interinstitucional sólida y transparente. La seguridad en México es un desafío que exige unidad de propósito y acción coordinada, no acusaciones mutuas que solo benefician a quienes buscan sembrar el caos. El "efecto cucaracha" es una realidad en la lucha contra el crimen, y negarlo o culpar al vecino solo retrasa la solución efectiva. La pregunta que queda en el aire es si ambos estados podrán superar sus diferencias y trabajar juntos, o si la guerra de declaraciones continuará debilitando la frágil paz en la región.