La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una directriz clara: los bachilleratos que operan bajo esquemas militarizados deberán modificar sus planes de estudio o cesar sus actividades antes del 31 de agosto. Sin embargo, esta disposición federal parece encontrar resistencia en dos estados clave: Guanajuato y Zacatecas, cuyos gobiernos han anunciado su intención de mantener sus preparatorias militarizadas en funcionamiento.

Ambas administraciones estatales argumentan que sus modelos educativos, si bien incorporan disciplina, no constituyen una formación militar propiamente dicha, sino que se enfocan en áreas tecnológicas y de seguridad ciudadana, cumpliendo así con objetivos distintos a los que la SEP busca erradicar.

Guanajuato Defiende su Modelo Bivalente

En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha sido enfática al señalar que los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) continuarán sus operaciones. Estos centros educativos, que atienden a más de 3 mil 500 estudiantes, se integran al sistema público estatal y ofrecen formación especializada en campos como ciberseguridad, protección civil y seguridad ciudadana. La mandataria aclaró que no se abrirán nuevas instituciones bajo esa denominación y que la entidad transitará hacia el modelo del Bachillerato Integral Guanajuato (BIG), pero garantizando la continuidad para los alumnos ya inscritos.

La postura de Guanajuato se alinea con la necesidad de ofrecer alternativas educativas que preparen a los jóvenes para el mercado laboral y la educación superior, combinando la disciplina con conocimientos técnicos y prácticos. La SEG ha reiterado que el enfoque no es castrense, sino de desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo.

Zacatecas Asegura Continuidad Académica

Por su parte, en Zacatecas, la Secretaría de Educación estatal ha confirmado que las preinscripciones y el inicio del ciclo escolar para los estudiantes del Bachillerato General Militarizado y del Bachillerato General Policial seguirán su curso. Armando Delgadillo Ruvalcaba, titular de la dependencia, aseguró que la continuidad académica está garantizada mientras se completan los procesos administrativos con la Federación y se reciben las notificaciones oficiales.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, defendió el modelo zacatecano, describiéndolo como una combinación de disciplina y formación académica que ha facilitado que una parte significativa de sus egresados continúe estudios universitarios. La administración estatal busca mantener un equilibrio entre la disciplina necesaria para la formación integral y el acceso a una educación de calidad.

Llamados al Diálogo y la Conciliación

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado a la gobernadora de Guanajuato para mantener un diálogo abierto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Sheinbaum explicó que la medida federal tiene como objetivo primordial proteger los derechos de los estudiantes y evitar posibles abusos, aclarando que las Fuerzas Armadas no participan en la operación de estos planteles. La mandataria federal enfatizó la importancia de revisar la situación para asegurar el cumplimiento de la normativa educativa nacional.

En la misma línea, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, instó al gobierno de Guanajuato a priorizar el diálogo con la SEP. Monreal recordó que la rectoría de la educación en México recae en la Federación, y por ende, las soluciones a este tipo de controversias deben alcanzarse a través de la conciliación institucional y el respeto a la ley.

El Fundamento de la Restricción de la SEP

La decisión de la SEP de prohibir o modificar los esquemas de escuelas militarizadas se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La dependencia federal busca evitar prácticas disciplinarias que sean incompatibles con el sistema educativo nacional y dejar claro que la formación castrense es competencia exclusiva de las instituciones militares del Estado.

La SEP ha reiterado que la revisión se enfoca en planteles que operan bajo modelos militarizados, con el objetivo de asegurar que la educación impartida en el país se ajuste a los principios constitucionales y a la Ley General de Educación. La meta es garantizar un entorno educativo seguro y respetuoso, libre de cualquier práctica que pueda atentar contra la integridad y los derechos de los estudiantes.

Implicaciones y el Camino a Seguir

La postura de Guanajuato y Zacatecas plantea un desafío a la autoridad educativa federal, abriendo un debate sobre la interpretación de los modelos educativos y el alcance de la autonomía estatal en materia de educación. La SEP, por su parte, se mantiene firme en su directriz, buscando un consenso que priorice la protección de los menores y el respeto a la ley.

El desenlace de esta situación podría sentar un precedente importante sobre cómo se gestionarán las instituciones educativas con esquemas de disciplina rigurosa en el futuro. La clave residirá en la capacidad de los gobiernos estatales y la SEP para encontrar un punto medio que satisfaga las necesidades educativas de los jóvenes sin comprometer sus derechos fundamentales ni la rectoría de la educación por parte de la Federación.

La tensión entre la autonomía estatal y la normatividad federal en materia educativa se pone de manifiesto una vez más. Los próximos días serán cruciales para determinar si se logra un acuerdo o si la controversia escala, afectando potencialmente el inicio del ciclo escolar para miles de estudiantes en Guanajuato y Zacatecas.

Este conflicto subraya la complejidad de armonizar los diversos enfoques educativos que coexisten en el país, así como la importancia de un diálogo constructivo entre los distintos niveles de gobierno para garantizar una educación de calidad y segura para todos.