La organización civil Que Siga la Democracia ha lanzado una ofensiva legal contra el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la reciente negativa de otorgarle el registro como partido político nacional. La agrupación, encabezada por Édgar Garza Ancira, ha presentado una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), buscando revertir la decisión del órgano electoral que, según ellos, ignora el cumplimiento de los requisitos legales y podría estar incurriendo en un trato desigual.

En una conferencia de prensa celebrada en las inmediaciones de la Sala Superior, Garza Ancira expresó su confianza en que los magistrados electorales corregirán la plana a los consejeros del INE. Sostuvo que, a diferencia de lo que determinó el Consejo General del INE, Que Siga la Democracia sí cumplió con las exigencias normativas, lo cual, afirmó, quedó demostrado cuando la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio INE aprobó su prerregistro el pasado 24 de junio. Esta aprobación previa, argumentan, debió haber sido suficiente para obtener el registro definitivo.

Acusaciones de Favoritismo y Desigualdad

Uno de los puntos centrales de la impugnación radica en la comparación con otras dos organizaciones, PAZ y Somos México, a las que el INE sí otorgó el registro como partidos políticos el 25 de junio. Garza Ancira y su equipo legal señalan que estas agrupaciones incurrieron en las mismas irregularidades que el INE utilizó para negar el registro a Que Siga la Democracia. Esta aparente disparidad en el criterio del INE es vista como una clara señal de favoritismo y un obstáculo injustificado para la consolidación de su proyecto político.

René Quiñones, abogado de Que Siga la Democracia, detalló las tres determinaciones específicas del INE que buscan revocar. La primera es el dictamen de fiscalización que sancionó a la organización con un monto de un millón 232 mil pesos, derivado de diversas irregularidades detectadas en sus finanzas. La segunda se refiere a una sanción por 92 afiliaciones que, según el INE, presentaban inconsistencias. Finalmente, la tercera y más crucial determinación es la negativa del registro como partido político, la cual, argumentan, vulnera los derechos político-electorales de las más de 300 mil personas que decidieron afiliarse a la agrupación.

Irregularidades Cuestionadas y Derechos Afectados

Respecto a las 92 afiliaciones con inconsistencias, Quiñones calificó la decisión del INE de considerarlas para negar el registro como una medida desproporcionada. Argumentó que estas supuestas fallas no deberían ser un impedimento para el registro de un partido político nacional, especialmente cuando se trata de un número relativamente pequeño en comparación con la base de afiliados total.

En cuanto a la fiscalización, el abogado de Que Siga la Democracia acusó al INE de carecer de una motivación sólida en su resolución, la cual fue aprobada por mayoría. Quiñones recordó que no todos los consejeros electorales estuvieron de acuerdo con la sanción, sugiriendo que las irregularidades detectadas no eran de la magnitud suficiente como para justificar la negación del registro. Esta división interna en el INE, según la defensa, refuerza su argumento de que la decisión fue arbitraria.

La organización insiste en que la negativa de otorgarles el registro constituye una violación flagrante de los derechos político-electorales de sus 302 mil afiliados. El derecho de asociación y de participar en la vida política del país, subrayó Quiñones, no puede ser vulnerado por meras presunciones o suposiciones del INE sin pruebas contundentes. La agrupación se aferra a la idea de que el TEPJF reconocerá la validez de sus esfuerzos y les permitirá convertirse en el tercer nuevo partido político para competir en los comicios de 2027.

Contexto del Proceso de Registro de Nuevos Partidos

El proceso para obtener el registro como partido político nacional en México es notoriamente complejo y riguroso. El INE establece una serie de requisitos que van desde la obtención de un número mínimo de afiliados en diversas entidades federativas, hasta la presentación de informes detallados sobre ingresos y gastos, pasando por la validación de asambleas y la estructura territorial. El objetivo de estas exigencias es asegurar que las nuevas fuerzas políticas cuenten con una base sólida, una organización real y una gestión financiera transparente, evitando así la proliferación de "partidos fantasma" o meras franquicias políticas.

Históricamente, muchas organizaciones han intentado obtener su registro y han enfrentado obstáculos similares. El INE, como árbitro electoral, tiene la facultad de negar el registro si detecta incumplimientos significativos en cualquiera de los rubros. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la negación del registro, dependiendo de la gravedad de las faltas. La fiscalización de los recursos, en particular, es un área donde el INE ha sido cada vez más estricto, buscando evitar el uso indebido de fondos y la opacidad en las finanzas de los partidos.

Implicaciones y Futuro Político

La decisión final del TEPJF sobre la impugnación de Que Siga la Democracia tendrá implicaciones importantes. Si el tribunal falla a favor de la organización, no solo se estaría validando su esfuerzo y el de sus afiliados, sino que también se enviaría un mensaje claro al INE sobre la necesidad de aplicar criterios uniformes y justos en los procesos de registro. Además, la incorporación de un nuevo partido político podría reconfigurar el panorama electoral, especialmente de cara a los comicios de 2027, donde se renovarán gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, además de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, si el TEPJF confirma la decisión del INE, Que Siga la Democracia deberá enfrentar las consecuencias y replantear su estrategia política. La negativa de registro podría ser interpretada como una señal de debilidad o de falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para operar como partido político. En cualquier caso, la disputa legal subraya la tensión constante entre las aspiraciones de nuevas fuerzas políticas y los controles y contrapesos establecidos por el marco legal electoral mexicano, diseñado para garantizar la estabilidad y la representatividad del sistema de partidos.

La postura de Que Siga la Democracia, al acusar trato desigual y violación de derechos, pone el foco en la transparencia y equidad del proceso electoral. La resolución del TEPJF será observada de cerca por otras organizaciones que buscan registro y por la opinión pública, interesada en la conformación del espectro político nacional y en la garantía de que las reglas del juego sean aplicadas de manera imparcial por las autoridades electorales.

El camino para consolidarse como partido político es arduo y está lleno de desafíos. La organización ahora espera que la justicia electoral le brinde la oportunidad de demostrar su viabilidad y su compromiso con la democracia mexicana, buscando revertir lo que consideran una decisión injusta y arbitraria por parte del INE.