La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha presentado un ambicioso anteproyecto de presupuesto para el año 2027, solicitando a la Cámara de Diputados la considerable suma de 6 mil 104.5 millones de pesos. Este monto representa un incremento del 12.7 por ciento en términos reales en comparación con los recursos asignados al máximo tribunal en 2026, una cifra que sin duda generará debate en el Congreso.

El documento, aprobado por el Pleno de la Corte el pasado 6 de agosto, ya ha sido turnado al Órgano de Administración Judicial (OAJ) como parte del proceso formal para la definición del presupuesto de la Corte para el ejercicio fiscal venidero. La justificación principal esgrimida por la SCJN para este aumento radica en que una abrumadora mayoría de los fondos solicitados, específicamente ocho de cada diez pesos, se destinarán a cubrir los sueldos y las prestaciones de sus integrantes, conforme a lo estipulado en la ley y las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

La institución judicial ha enfatizado que las remuneraciones propuestas se apegan estrictamente a los artículos 94 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, aseguran que ninguna de las percepciones supera el monto establecido para la persona titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos correspondiente, buscando así mantener una línea de austeridad en los máximos niveles salariales.

Proyectos y Mantenimiento: Más Allá de los Salarios

Más allá de los gastos de personal, la SCJN ha señalado que los recursos restantes permitirán dar continuidad a diversos proyectos de innovación y mejora institucional. Estos fondos también serán cruciales para llevar a cabo trabajos de mantenimiento esenciales en las instalaciones del máximo tribunal. Adicionalmente, se contempla la renovación gradual del equipo tecnológico de Plural TV, el canal de televisión de la Corte, que, según se informa, cuenta con más de dos décadas de antigüedad, evidenciando la necesidad de modernización.

La institución judicial ha defendido su propuesta presupuestaria, calificándola como una respuesta a una política de administración responsable de los recursos públicos. Sostienen que la solicitud se basa en criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia, buscando contener el gasto sin comprometer las condiciones necesarias para el cumplimiento de su mandato constitucional. Este enfoque, afirman, es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Contexto de Recortes y Medidas de Austeridad

Es importante recordar que la SCJN ha enfrentado un panorama de restricciones presupuestarias en años recientes. Durante 2025 y 2026, la Corte experimentó reducciones significativas respecto a los montos originalmente solicitados. En 2025, el recorte ascendió a 714.4 millones de pesos, equivalente a un 12 por ciento de lo pedido, mientras que para 2026, la disminución fue de 661 millones de pesos, un 11.2 por ciento.

Como consecuencia de estas limitaciones, la Corte implementó diversas medidas de austeridad durante 2026. Entre ellas, se destaca la eliminación de varias prestaciones y apoyos dirigidos a ministros y mandos superiores. Asimismo, se aplicaron recortes en los gastos de telefonía móvil y gasolina, y se canceló el ajuste salarial programado para todo el personal, demostrando un esfuerzo por adecuar sus finanzas a las circunstancias.

Otras acciones implementadas incluyeron la reducción de 83 plazas en áreas administrativas, lo que representó una disminución del 10 por ciento de la plantilla en dichos departamentos. También se cancelaron los recursos destinados a becas para el personal, una medida que, si bien busca la eficiencia, podría tener implicaciones en el desarrollo profesional de los empleados.

El Polémico Seguro de Gastos Médicos Mayores

Uno de los puntos más destacados y potencialmente controvertidos del anteproyecto para 2027 es la inclusión de una previsión presupuestaria para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de la institución. Sin embargo, esta prestación estaría excluida para las ministras y los ministros, una distinción que podría generar debate interno.

La contratación de este seguro, de concretarse, estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal y a la eventual aprobación por parte de la Cámara de Diputados, lo que significa que su implementación no está garantizada. La ministra Lenia Batres Guadarrama ha expresado públicamente su oposición a esta prestación, calificándola de inconstitucional y solicitando que los 95 integrantes de su ponencia no se beneficien de ella, lo que anticipa posibles discusiones y divisiones al interior del máximo tribunal.

El anteproyecto presupuestario de la SCJN para 2027 aún deberá transitar por todas las etapas correspondientes del proceso legislativo y presupuestario antes de convertirse en el presupuesto definitivo. La decisión final recaerá en la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra sobre la asignación de estos recursos.