El panorama fiscal para 2027 se perfila sin la creación de nuevas tasas impositivas, según las proyecciones de los profesionales de la contaduría en México. Sin embargo, esta aparente calma en cuanto a la imposición de nuevos gravámenes no debe interpretarse como un respiro para los contribuyentes, ya que se anticipa una intensificación significativa de las labores de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), ha sido clara al señalar que la estrategia del gobierno para incrementar la recaudación de ingresos públicos se centrará en la vigilancia exhaustiva de personas físicas y empresas. "No creo que vaya haber nuevos impuestos, sí creo que se va ir reforzando mucho más la fiscalización, como ha sido este año, para que haya más recaudación", afirmó Leija Rodríguez, haciendo un llamado al sector empresarial para prepararse ante una "inercia de la recaudación exhaustiva".
El Paquete Económico 2027, que será presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Congreso de la Unión, tiene como fecha límite de entrega el próximo 8 de septiembre. En este contexto, los especialistas contables prevén una menor dependencia de los ingresos petroleros y un mayor peso de los tributos en el presupuesto nacional. La meta de la SHCP para el próximo año es reducir el déficit fiscal, y la efectividad en la captación de ingresos será crucial para alcanzar este objetivo.
Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del IMCP, complementa la visión al destacar el auge de las herramientas tecnológicas que la autoridad fiscal está implementando. "Lo que vamos a tener más adelante es un auge de todas estas herramientas tecnológicas que está utilizando la autoridad para fiscalizar", señaló, refiriéndose a mecanismos como "auditorías exprés" para detectar comprobantes falsos, invitaciones y revisiones profundas.
Figueroa Moncada coincide en que no se vislumbra una reforma fiscal con nuevos impuestos, pero sí un "apretar más a los de costumbre" y un esfuerzo por fiscalizar a los grandes contribuyentes, particularmente a través del escrutinio de la documentación comprobatoria. Esta estrategia busca asegurar el cumplimiento tributario y combatir la evasión fiscal de manera más efectiva.
Los datos del primer semestre del año actual pintan un panorama de ingresos públicos por debajo de lo programado. Se registraron faltantes de 141,003 millones de pesos en los ingresos totales, con déficits específicos de 118,043 millones en ingresos petroleros y 53,725 millones en ingresos tributarios. Incluso al descontar la inflación y comparando con el mismo periodo de 2025, el crecimiento de los ingresos totales fue marginal, apenas del 0.1%, con un 2.1% en petroleros y un 0.4% en tributarios.
Este escenario subraya la urgencia del gobierno por optimizar la recaudación. La intensificación de la fiscalización se presenta como la vía principal para compensar la volatilidad de los ingresos petroleros y asegurar la suficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2027. Los contadores advierten que las empresas y los individuos deben estar preparados para un escrutinio más riguroso, lo que podría implicar una mayor carga administrativa y la necesidad de una documentación fiscal impecable.
Históricamente, México ha transitado por ciclos de mayor o menor intensidad en la fiscalización. Tras periodos de reformas fiscales que introdujeron nuevos impuestos o modificaron las tasas existentes, es común observar una fase de consolidación y fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia. La administración actual parece estar apostando por esta segunda etapa, buscando maximizar la recaudación a través del cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales ya existentes.
Las implicaciones de esta mayor fiscalización son diversas. Por un lado, podría generar un efecto disuasorio contra la evasión y el fraude fiscal, promoviendo una mayor cultura de cumplimiento. Por otro lado, podría representar un desafío adicional para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que podrían enfrentar mayores costos operativos y de cumplimiento. La efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad del SAT para implementarlas de manera eficiente y equitativa.
Analistas económicos señalan que la apuesta por la fiscalización, en lugar de la creación de nuevos impuestos, puede ser una estrategia políticamente más viable, evitando generar descontento social o reacciones adversas del sector empresarial. Sin embargo, la efectividad de esta política dependerá de su capacidad para generar los ingresos esperados sin ahogar la actividad económica.
El enfoque en la fiscalización también podría estar ligado a la necesidad de financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, que suelen requerir un flujo constante y predecible de recursos públicos. La administración actual ha puesto énfasis en estos rubros, y asegurar su financiamiento es una prioridad.
En conclusión, mientras que la promesa de no nuevos impuestos para 2027 ofrece un respiro aparente, la advertencia sobre una fiscalización más rigurosa por parte del SAT es una señal clara para todos los contribuyentes. La preparación, la transparencia y el estricto apego a la normatividad fiscal serán fundamentales para navegar el panorama tributario en los próximos años, buscando evitar sorpresas y asegurar el cumplimiento de las obligaciones.
La inminente presentación del Paquete Económico 2027 marcará la pauta definitiva sobre las estrategias de recaudación que el gobierno implementará. La comunidad contable y el sector empresarial estarán atentos a los detalles, pero la dirección general parece estar clara: mayor vigilancia y control sobre los contribuyentes existentes.