La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ha vuelto a aparecer en escena, esta vez encabezando una reunión con integrantes de la colectiva de madres buscadoras Ehécatl. El encuentro, difundido con fotografías oficiales, se presentó como un espacio para "escucharlas y atender sus demandas". Sin embargo, la mera escenificación de un diálogo choca frontalmente con la cruda realidad que enfrentan miles de familias mexicanas: la persistente y alarmante cifra de personas desaparecidas.
Rodríguez Velázquez, en su papel de alta funcionaria del gobierno federal, no perdió oportunidad para recalcar el "compromiso permanente" de la administración de Andrés Manuel López Obrador en el "tema de personas desaparecidas". Palabras como "responsabilidad y respeto" fueron pronunciadas, buscando proyectar una imagen de diligencia y empatía. Pero, ¿qué hay detrás de estas declaraciones cuando la búsqueda de la verdad y la justicia parece un camino cada vez más empinado y desolador?
La presencia de otras funcionarias clave en el área, como Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Martha Lidia Pérez, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), subraya la supuesta seriedad del evento. Se supone que estas instituciones son el pilar del Estado para enfrentar la crisis de desapariciones, pero su efectividad ha sido cuestionada repetidamente por organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, por las propias madres que buscan a sus hijos.
La colectiva Ehécatl, que participó en este encuentro, representa solo una fracción de las innumerables agrupaciones que recorren el país, palmo a palmo, desenterrando la terrible herencia de la violencia y la impunidad. Sus demandas, que van desde la agilización de los procesos de búsqueda hasta la protección de sus integrantes frente a posibles represalias, son un grito desesperado que parece resonar en oídos sordos o, peor aún, en oídos que solo buscan apagar el ruido con gestos cosméticos.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho de la "justicia" y la "verdad" sus estandartes. Sin embargo, en materia de desapariciones, los resultados son magros y las promesas se diluyen en la burocracia y la falta de resultados tangibles. Las cifras oficiales, a pesar de los esfuerzos por maquillarlas, siguen siendo un espejo implacable de una realidad que el Estado parece incapaz de controlar o, en el peor de los casos, de querer enfrentar con la contundencia necesaria.
¿Cuántas reuniones más serán necesarias para que las madres buscadoras vean avances reales? ¿Cuántas fotografías más se tomarán para documentar encuentros que no se traducen en la localización de sus seres queridos o en la sanción de los responsables? La pregunta que flota en el aire es si estas reuniones son un genuino intento de solución o una estrategia para contener la presión social y mediática, presentando una fachada de atención mientras la crisis se agrava.
La narrativa oficial insiste en el "compromiso permanente". Pero para las madres que llevan años buscando, "permanente" se ha convertido en sinónimo de "eterno" y "sin resultados". La "responsabilidad y respeto" que invoca la Secretaria Rodríguez Velázquez se ponen a prueba cada día en las fosas clandestinas, en los testimonios de violencia y en la desconfianza creciente hacia las instituciones.
Es crucial analizar el contexto en el que se dan estas reuniones. México atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente, con miles de personas desaparecidas y un índice de violencia que no da tregua. En este escenario, cualquier esfuerzo por atender a las víctimas es, en principio, bienvenido. No obstante, la crítica se cierne sobre la efectividad y la profundidad de estas acciones.
La Comisión Nacional de Búsqueda, a pesar de contar con un presupuesto y un mandato claro, ha enfrentado obstáculos significativos, incluyendo la falta de recursos suficientes, la resistencia de algunas autoridades locales y la complejidad inherente a la búsqueda de miles de personas en un territorio vasto y violento. La reunión con la colectiva Ehécatl, si bien puede ser un paso, no puede ser el punto final de la acción gubernamental.
Las madres buscadoras no buscan solo ser escuchadas; buscan resultados. Buscan que el Estado mexicano cumpla con su obligación de investigar, de encontrar a los desaparecidos y de llevar ante la justicia a quienes los privaron de su libertad. La reunión con Rosa Icela Rodríguez, por lo tanto, debe ser vista no como un logro en sí mismo, sino como una oportunidad más para que el gobierno demuestre, con hechos y no solo con palabras, que está verdaderamente comprometido con la causa.
La insistencia del gobierno en destacar su "compromiso" puede ser interpretada como un intento de desviar la atención de la falta de resultados contundentes. La inseguridad y la desaparición forzada son problemas estructurales que requieren soluciones profundas y sostenidas, no meros gestos de buena voluntad. La Secretaria Rodríguez Velázquez tiene la oportunidad de demostrar que esta reunión es el inicio de un cambio real, y no solo otra fotografía para la historia.
El "llegar a la verdad y la justicia" es una meta ambiciosa que requiere más que buenas intenciones. Implica desmantelar redes criminales, depurar cuerpos de seguridad, garantizar la protección de testigos y víctimas, y asegurar que los responsables rindan cuentas. La pregunta que queda es si la reunión de ayer fue un paso firme en esa dirección o simplemente un intento más por apaciguar a quienes exigen justicia.
La presión sobre el gobierno federal para abordar la crisis de desapariciones es inmensa. Las madres buscadoras son un recordatorio constante de la deuda que el Estado tiene con miles de familias. La Secretaria Rodríguez Velázquez y su equipo tienen la responsabilidad de convertir estos encuentros en acciones concretas que marquen una diferencia real en la vida de quienes buscan a sus seres queridos.
En última instancia, la efectividad de estas reuniones se medirá no por las fotografías compartidas o las declaraciones emitidas, sino por el número de personas encontradas, por los avances en las investigaciones y por la justicia que finalmente alcance a las víctimas y sus familias. La tarea es monumental, y la paciencia de quienes buscan se agota.