El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha anunciado su regreso oficial al cargo tras una licencia de casi cuatro meses. La decisión, calificada por el propio mandatario como personal y con la "frente limpia y en alto", se da luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos lo señalara, junto a otros nueve funcionarios de su administración, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa y una "conspiración" para importar narcóticos a cambio de favores políticos y sobornos.

Rocha Moya había solicitado la licencia temporal el pasado 1 de mayo, argumentando la necesidad de enfrentar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Durante su ausencia, la gubernatura fue ocupada por Yeraldine Bonilla. Sin embargo, el gobernador ha insistido en su inocencia, calificando las imputaciones como "falsas" y "patrañas urdidas en su contra", y ha reivindicado su pertenencia a la Cuarta Transformación, proyecto político del partido Morena.

Investigación en Curso y Contexto Político

La Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno de México ha emitido un comunicado aclarando que, si bien el regreso de Rocha Moya es una "determinación de carácter personal", las carpetas de investigación relacionadas con él y los otros nueve funcionarios siguen activas en la FGR. La Cancillería mexicana, por su parte, ha reiterado sus solicitudes al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener más información sobre las acusaciones.

Este retorno se produce en un contexto de alta tensión y violencia en Sinaloa, marcado por eventos recientes que involucran a figuras del crimen organizado y la política local. Uno de los casos que ha cobrado relevancia es la detención de Fausto ‘N’, identificado como chofer de Héctor Melesio Cuén, quien fuera diputado electo por la coalición PAN-PRI-PRD y asesinado en Culiacán el pasado 25 de julio. Fausto ‘N’ es considerado un testigo clave en las investigaciones sobre el secuestro y posterior asesinato de Cuén, así como en las complejas relaciones que vinculan a políticos con líderes del narcotráfico.

El Caso de Fausto ‘N’ y las Declaraciones de ‘El Mayo’ Zambada

Según las indagaciones, Fausto ‘N’ habría acompañado a Héctor Melesio Cuén a una reunión en un rancho presuntamente vinculado a ‘Los Chapitos’, donde también se encontraba Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Posteriormente, Cuén fue asesinado y Zambada habría sido secuestrado y trasladado a Estados Unidos. En una carta enviada en agosto de 2024, ‘El Mayo’ Zambada confesó haber acudido a dicha reunión a petición de Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, con el fin de mediar en supuestas "diferencias" entre políticos sinaloenses, incluyendo una disputa entre Cuén y el propio gobernador Rocha Moya. Zambada relató haber sido emboscado y llevado por la fuerza durante ese encuentro.

La detención de Fausto ‘N’ y su posterior vinculación a proceso por encubrimiento de homicidio, según reportes recientes, subraya la intrincada red de complicidades y eventos violentos que rodean a la política en Sinaloa. Su papel como chofer de Cuén lo posiciona como una figura central para esclarecer los hechos y las posibles conexiones entre el crimen organizado y esferas del poder.

Implicaciones y Futuro Político

El regreso de Rocha Moya al poder en Sinaloa, a pesar de las acusaciones y la investigación en curso, plantea interrogantes sobre la fortaleza de las instituciones y la percepción de justicia en el estado. La decisión de la FGR de mantener abiertas las carpetas de investigación, mientras el gobernador retoma sus funciones, genera un escenario de incertidumbre política y legal.

Históricamente, las acusaciones de vínculos entre autoridades y el crimen organizado han sido un lastre para la gobernabilidad en diversas regiones de México. La 4T, que prometió erradicar la corrupción y la impunidad, enfrenta en Sinaloa un desafío mayúsculo para demostrar su compromiso con la legalidad y la transparencia, especialmente cuando figuras de alto perfil son señaladas por agencias de inteligencia extranjeras.

Analistas señalan que la estrategia de Rocha Moya de solicitar licencia y esperar el resultado de la investigación interna, para luego regresar proclamando su inocencia, podría ser una táctica para intentar recuperar el control político y la narrativa. Sin embargo, la persistencia de la investigación por parte de la FGR y la atención de las autoridades estadounidenses sugieren que el caso está lejos de cerrarse.

Las implicaciones de este caso trascienden el ámbito estatal. Las acusaciones de Estados Unidos ponen en entredicho la efectividad de los mecanismos de control y contrapeso dentro del sistema político mexicano y la capacidad del gobierno federal para garantizar la integridad de sus funcionarios. La relación bilateral en materia de seguridad y justicia se ve inevitablemente tensada por este tipo de señalamientos.

El futuro político de Rubén Rocha Moya dependerá en gran medida de cómo evolucione la investigación de la FGR y de la información que las autoridades estadounidenses decidan compartir. Mientras tanto, su regreso al cargo en Sinaloa se produce bajo la sombra de la duda y con la mirada atenta de la opinión pública y de los organismos de procuración de justicia.

La decisión de Morena de respaldar, implícitamente, la postura del gobernador al no tomar medidas disciplinarias internas significativas, también es un factor a considerar. El partido en el poder parece apostar por la presunción de inocencia y por la narrativa de una persecución política o mediática, una estrategia que podría ser arriesgada si las pruebas en su contra resultan contundentes.

En este escenario, la gobernabilidad de Sinaloa se mantiene en vilo. La capacidad de Rocha Moya para ejercer su mandato con legitimidad y eficacia, mientras enfrenta estas graves acusaciones, será puesta a prueba en los próximos meses. La ciudadanía sinaloense espera respuestas claras y acciones contundentes que restauren la confianza en sus instituciones y garanticen la seguridad y el estado de derecho en la entidad.