El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por Omar García Harfuch, ha desmentido categóricamente las versiones que circulaban sobre la supuesta ocultación del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en instalaciones del Ejército.
Mediante un comunicado oficial, la dependencia federal calificó como “absolutamente falsas” ambas versiones, tanto la de un operativo militar para trasladar y ocultar al exmandatario sinaloense, como la de su permanencia bajo resguardo del Ejército en alguna instalación militar del país.
“El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que a todo el mundo le quede claro”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, reforzando la postura oficial y desestimando cualquier especulación sobre un encubrimiento gubernamental.
La postura del gobierno mexicano, reiterada por la mandataria, es clara: Estados Unidos debe presentar las pruebas correspondientes respecto a las acusaciones que vinculan a Rubén Rocha con supuesta colaboración con cárteles del narcotráfico. La administración federal insiste en que no existe ninguna acción para proteger u ocultar a personas que enfrenten investigaciones, ya sean de autoridades mexicanas o extranjeras.
CERO IMPUNIDAD, LA BANDERA OFICIAL
Omar García Harfuch, a través del Gabinete de Seguridad, enfatizó que la política de “cero impunidad” se aplica sin distinciones, sin importar cargos, filiaciones políticas o relaciones personales. Los resultados de esta política, aseguró, son públicos y verificables.
En este sentido, se destacó que durante la actual administración se ha logrado la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluyendo líderes y operadores de organizaciones criminales. Esta labor de inteligencia e investigación ha permitido desmantelar no solo las cúpulas delictivas, sino también sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento.
Las cifras oficiales presentadas por el Gabinete de Seguridad apuntan a una reducción significativa en la incidencia delictiva. Se informó que la estrategia implementada ha contribuido a una disminución del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que se traduce en aproximadamente 39 homicidios menos por día.
Investigaciones y Servidores Públicos
La política de “cero impunidad” también ha alcanzado a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas. Como resultado de operaciones como la “Operación Enjambre” y otras acciones coordinadas, se ha procedido a la detención de 87 servidores y exservidores públicos, entre los que se incluyen siete presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de las investigaciones.
Este enfoque integral busca no solo la captura de los responsables, sino también la desarticulación de las redes que sustentan la criminalidad en el país. La colaboración entre las distintas fuerzas federales y la inteligencia compartida son pilares fundamentales para el éxito de estas acciones.
Contexto y Antecedentes
Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y las subsecuentes negaciones del gobierno federal, se enmarcan en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre autoridades y el crimen organizado. Históricamente, Sinaloa ha sido un estado clave en el mapa del narcotráfico en México, y cualquier señalamiento de colaboración entre funcionarios y estos grupos genera una profunda preocupación nacional e internacional.
La administración actual ha hecho de la lucha contra la impunidad una de sus banderas principales. Sin embargo, la percepción pública a menudo se ve influenciada por la forma en que se manejan estos casos, especialmente cuando involucran a figuras políticas de alto perfil. La transparencia y la presentación de pruebas sólidas son cruciales para mantener la confianza ciudadana.
Implicaciones y Reacciones
La negativa del Gabinete de Seguridad a las versiones sobre la ocultación de Rocha Moya busca, por un lado, disipar rumores y, por otro, reafirmar la postura del gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses. La exigencia de pruebas por parte de México subraya la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia, incluso en casos de alta complejidad.
Analistas señalan que la forma en que se desarrolle este caso podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales y en la percepción internacional sobre la efectividad de México en la lucha contra el crimen organizado. La credibilidad del gobierno en su política de “cero impunidad” está en juego.
El Camino a Seguir
El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de la población, reducir la violencia y combatir la impunidad en todo el país. La atención se centrará ahora en la evolución de las investigaciones y en la posible presentación de pruebas por parte de las autoridades estadounidenses, así como en la respuesta que el gobierno mexicano pueda dar a ellas.
La declaración oficial busca cerrar filas y proyectar una imagen de unidad y determinación en la aplicación de la ley, sin importar el nivel jerárquico de los implicados. La ciudadanía espera resultados tangibles y un proceso judicial transparente que deslinde responsabilidades y fortalezca el Estado de derecho.
La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en que su gobierno no protege a nadie y que la justicia prevalecerá. La veracidad de las acusaciones contra Rocha Moya y la solidez de las pruebas que se presenten serán determinantes para el desenlace de este complejo caso.
En resumen, el Gabinete de Seguridad ha salido al paso de las especulaciones, asegurando que Rubén Rocha Moya se encuentra en su domicilio y no bajo resguardo militar, al tiempo que reafirma el compromiso del gobierno federal con la política de cero impunidad y la exigencia de pruebas a las autoridades extranjeras.