Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, recibió este sábado un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer ante el Ministerio Público Federal. A través de redes sociales, el mandatario morenista declaró ser "un hombre probo" sin nada que ocultar, prometiendo atender el requerimiento "con la frente en alto".
La citación se produce en el marco de una investigación derivada de acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que señalan a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses —incluido Rocha Moya— de supuesta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El gobernador dirigió su mensaje a "las y los sinaloenses" y a la presidenta Claudia Sheinbaum, invocando su trayectoria como aval de integridad.
La FGR confirmó que diversas personas están siendo convocadas para rendir entrevistas ministeriales, buscando avanzar en el esclarecimiento de los hechos "con seriedad y exhaustividad". La institución subrayó que actúa conforme a sus atribuciones constitucionales, respetando el debido proceso.
Paralelamente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también fue citada como testigo en una investigación separada relacionada con el desmantelamiento de un narcolaboratorio y la muerte de dos agentes de la CIA durante un operativo en la Sierra del Pinal. Campos denunció persecución política, afirmando que el citatorio llegó tras sus declaraciones públicas sobre la situación de seguridad en su estado.
Ambos casos mantienen en el centro del debate la relación entre autoridades estatales y el crimen organizado, mientras la FGR promete combatir la impunidad. Rocha Moya insistió en que "la verdad habrá de prevalecer", aunque las acusaciones estadounidenses proyectan una sombra considerable sobre su administración.
La citación del gobernador sinaloense representa un episodio inédito para un mandatario en funciones de Morena, partido que ha enfrentado crecientes cuestionamientos sobre su estrategia de seguridad y los vínculos de algunos de sus cuadros con estructuras criminales. El desenlace de estas investigaciones podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel.