GOBERNADOR EN EL EXILIO MILITAR
Desde la noche del 30 de abril, fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios, por presuntas complicidades con el Cártel de Sinaloa y específicamente con "Los Chapitos", el mandatario ha dejado de residir en su hogar en Culiacán. Fuentes indican que Rocha Moya se encuentra ahora resguardado en instalaciones militares, bajo la protección del Ejército Mexicano, una situación que el gobierno federal ha intentado desmentir.
DESMENTIDOS OFICIALES Y FUENTES CONFIABLES
El gabinete de seguridad emitió comunicados para negar que existiera un operativo destinado a ocultar, resguardar o cambiar de ubicación a Rocha Moya. Estas declaraciones surgen como respuesta a reportajes que señalaban precisamente esta protección, incluyendo la versión de que fuerzas federales lo habrían trasladado ante la inminente posibilidad de un operativo estadounidense para su captura. A pesar de los desmentidos oficiales, la información proveniente de fuentes periodísticas se mantiene firme, argumentando que la "4T" se ha visto expuesta en su intento de proteger y encubrir al gobernador, viéndolo como una pieza clave que podría desentrañar una red de complicidades.
LA TENSIÓN ENTRE GOBIERNOS Y MEDIOS
Este tipo de controversias son una manifestación natural de la dinámica entre gobiernos y medios de comunicación en democracias con libertad de expresión. Los desmentidos oficiales, aunque predecibles, no invalidan la información obtenida por periodistas de fuentes confiables. La complementariedad de las versiones, que parten de la misma premisa –la protección gubernamental a Rocha Moya–, subraya la gravedad de las acusaciones que lo vinculan directamente con el crimen organizado desde que el Departamento de Justicia de EE.UU. lo señalara.
EL RUIDO DE PALACIO NACIONAL Y LA CORTINA DE HUMO
El "ruido" generado en Palacio Nacional con estas aclaraciones, y la búsqueda de un "enemigo externo" como Donald Trump o el exembajador Ken Salazar para justificar la defensa de Rocha Moya, parece ser una cortina de humo. El objetivo sería desviar la atención de la otra cara de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada: la aparente ineficacia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para prevenir o anticipar operaciones de alto impacto, a pesar de la información que supuestamente poseía el Centro Nacional de Inteligencia.
IMPUNIDAD HISTÓRICA Y LAXITUD GUBERNAMENTAL
La impunidad que "El Mayo" Zambada gozó durante cuatro décadas es un antecedente crucial. Gobiernos anteriores intentaron capturarlo sin éxito. Sin embargo, durante el sexenio de López Obrador, se observó una aparente deferencia hacia los líderes del cártel, una laxitud en la aplicación de la ley y una tolerancia a la expansión del tráfico de fentanilo. Estas omisiones y presuntas complicidades, especialmente ante la crisis de salud por fentanilo en Estados Unidos, habrían creado las condiciones para que Washington actuara directamente.
FALLAS EN LA SEGURIDAD NACIONAL
La captura de Zambada en una finca en Culiacán, que pasó desapercibida para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), revela presuntas fallas graves. Investigaciones en Estados Unidos sugieren que, a pesar de los enlaces del jefe del CNI, el general Audomaro Martínez, con diversos cárteles, no se tuvo conocimiento previo de la operación orquestada por "Los Chapitos" en colaboración con autoridades estadounidenses. Esto plantea serias dudas sobre la efectividad y el control de la inteligencia nacional.
LA RUTA DEL AVIÓN Y LA DESTRUCCIÓN DE CAPACIDADES
La falta de detección del avión que trasladó a Zambada a Nuevo México por parte de la Marina, operadora de radares en el país, se atribuye a que voló por debajo del alcance. Sin embargo, el Estado mexicano contaba con la capacidad de detectar la trazabilidad de aeronaves no autorizadas mediante satélites a través de Plataforma México. Esta capacidad fue, según reportes, destruida por Manuel Mondragón, exresponsable de seguridad en el sexenio de Peña Nieto, con el aval presidencial, lo que debilitó significativamente las herramientas de vigilancia aérea.
EVIDENCIAS CONTRA ROCHA MOYA
La protección a Rocha Moya es difícil de ocultar ante las pruebas presentadas. El relato del Departamento de Justicia estadounidense detalla cómo "Los Chapitos" habrían financiado su campaña, amenazado y secuestrado a candidatos opositores para favorecer su candidatura a la gubernatura. Estas acusaciones coinciden con denuncias presentadas por afectados en 2021 que, según se reporta, nunca fueron atendidas por las autoridades mexicanas.
ACUSACIONES DE TRAICIÓN Y MANIPULACIÓN DE EVIDENCIA
Adicionalmente, una carta pública de Zambada, ya detenido en Estados Unidos, lo acusa de traición, revelando que una reunión planeada con el diputado Héctor Melesio Cuén no culminó en su asesinato como lo informó la fiscalía sinaloense. El exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien investigó el crimen pero aparentemente ignoró la acusación contra Rocha Moya, concluyó que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones –una figura cercana al senador Enrique Inzunza, también imputado por Washington–, mintió y manipuló evidencia. Quiñones renunció y fue investigada, pero sin consecuencias legales significativas. Su sucesora, Claudia Zulema Sánchez, presuntamente continuó con la alteración de datos.
EL ROL DE MORENA Y LA INSEGURIDAD LATENTE
Estos eventos ponen en entredicho la narrativa de seguridad del gobierno de la "4T" y la integridad de Morena. La presunta protección a figuras acusadas de vínculos con el narcotráfico, sumada a las fallas en la inteligencia y la seguridad nacional, exacerban la percepción de inseguridad y la impunidad en el país. La defensa abierta de Rocha Moya por parte del oficialismo, en lugar de una investigación transparente, alimenta las sospechas sobre la profundidad de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y LA PRÓXIMA JUGADA
La situación de Rocha Moya y las acusaciones de Estados Unidos representan un golpe significativo para la imagen del gobierno federal y del partido Morena. La forma en que se maneje este caso definirá la credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia mexicanas ante el escrutinio internacional y la opinión pública nacional. La pregunta clave es si se optará por la transparencia y la rendición de cuentas, o si se continuará con la estrategia de protección y desinformación.