El Director del IMSS, Zoé Robledo, en el Ojo del Huracán por Desabasto de Medicamentos
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en medio de una de las mayores movilizaciones del sector salud en años. Sin embargo, a pesar de las semanas de protestas y la aparente displicencia inicial de las autoridades, la cabeza de Zoé Robledo, director general del IMSS, no ha estado sobre la mesa de negociación. Esto se debe, según fuentes internas y de la industria farmacéutica, a una estrategia política y operativa que ha logrado aislarlo de las exigencias directas, a diferencia del secretario general del IMSS, el doctor Rafael Olivos, cuya renuncia sí es demandada.
La situación actual, que ha derivado en un severo desabasto de medicamentos e insumos, no se resolverá únicamente con la posible conciliación salarial del personal médico, de enfermería y administrativo. La raíz del problema, según análisis del sector, se encuentra en la compleja reconstrucción de un sistema de salud que, de acuerdo con la fuente, fue desmantelado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sin la implementación de un modelo alternativo eficiente. A esta problemática se suman las ambiciones políticas y de control que, presuntamente, ha ejercido el propio Zoé Robledo.
Ambiciones Políticas Detrás del Desabasto
Fuentes de la industria señalan que el desabasto de medicinas fue, en gran medida, detonado por decisiones tomadas por Robledo desde mayo pasado, cuando se le trasladó la responsabilidad de la compra de medicamentos a la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Esta transferencia de poder ocurrió un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombrara a Carlos Ulloa como director de Birmex, con la encomienda de frenar la corrupción en el organismo, una tarea que aún no se ha concretado.
El equipo de Robledo, de acuerdo con la información recabada, habría apostado por el fracaso del modelo de compra, distribución y administración unificado de medicamentos e insumos médicos para el sector público. Este modelo abarca al IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex y centros de salud, excluyendo únicamente a los servicios médicos del Ejército y la Marina. La estrategia, según las mismas fuentes, consistiría en sabotear los procesos de asignación y entrega de insumos con el objetivo de recuperar el control sobre las compras y los contratos de distribución que previamente ostentaba el IMSS.
Descalificaciones y Precios Elevados
Públicamente, Robledo ha defendido la postura de que el desabasto es responsabilidad de los proveedores privados, quienes habrían incumplido con los plazos de entrega estipulados en los contratos. Sin embargo, esta narrativa oculta una práctica recurrente: la descalificación de un número considerable de propuestas en las licitaciones bajo argumentos técnicos que, en el ámbito de la industria, son considerados poco sólidos o carentes de fundamento. Esta táctica, según testimonios de la industria, ha llevado a la adquisición de insumos a precios significativamente más altos.
Una fuente del sector, que prefirió el anonimato por temor a represalias, afirmó que se ha optado por comprar a precios entre un 30% y 40% superiores a los ofertados por empresas que cumplían con los requisitos. Existe el temor generalizado de que cualquier reclamo o inconformidad pueda resultar en vetos de hasta dos años en futuras licitaciones bianuales, lo que perpetúa un ciclo de precios inflados y posibles actos de corrupción encubierta.
Rechazo a Ofertas y Acuerdos Estratégicos
La estrategia de Robledo no se detiene ahí. Según fuentes de la industria, se han desechado ofertas serias y documentadas para el suministro de medicinas e insumos a costos más bajos. Un ejemplo citado es el de fabricantes con certificaciones de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, que cuentan con la aprobación para la comercialización de sus productos en mercados internacionales. A pesar de esto, se ha optado por priorizar acuerdos con gigantes farmacéuticos como Moderna y AstraZeneca, empresas con una fuerte presencia y reconocimiento global.
Esta alineación de intereses parece coincidir con la visión de Eduardo Clark, subsecretario de Salud encargado de los servicios de atención médica. Ambos funcionarios han colaborado en el diseño de un plan ambicioso que busca centralizar y controlar todo el sistema de abasto de medicamentos e insumos, abarcando desde la compra y distribución hasta la prescripción, el almacenamiento y la planeación. El desarrollo de este modelo, denominado Sistema de Gestión de Insumos para la Salud, está a cargo de la Agencia de Transformación Digital, liderada por Pepe Merino, quien es jefe político de Clark, en colaboración con la empresa india Mastek, con el objetivo de digitalizar procesos, modernizar la logística y asegurar el abasto.
Controversia y Favorecimiento a Proveedores Extranjeros
Este plan integral ha generado considerable controversia. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) ha expresado su preocupación, argumentando que el modelo podría favorecer a proveedores extranjeros en detrimento de la industria nacional. La AMIIF destaca que el sistema de distribución privado nacional es capaz de entregar medicamentos a 40 mil farmacias y más de tres mil clínicas y hospitales privados en todo el país en menos de 24 horas, una eficiencia que, según ellos, podría verse amenazada.
Sin embargo, tanto Clark como Robledo han hecho caso omiso a estas observaciones, manteniendo su curso en la implementación del nuevo sistema. La fuente sugiere que esta postura podría ser indicativa de una agenda oculta que beneficia a ciertos actores del mercado, tanto nacionales como internacionales.
El Rol de Traxión en la Distribución
En cuanto a la distribución, Robledo habría aprovechado el desconocimiento de Carlos Ulloa al asumir la dirección de Birmex. Se le habría heredado un contrato previamente asignado a Medistik-avior, empresa propiedad de Aby Lijztain. Como se publicó hace más de dos años, Traxión, el consorcio de transporte al que pertenece Medistik-avior, ha sido un beneficiario recurrente de contratos gubernamentales. Durante la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, Traxión obtuvo el contrato para proveer servicios de transporte escolar obligatorio.
Traxión, a pesar de carecer de experiencia previa en el transporte de medicamentos, adquirió Medistik en marzo de 2022, una compañía especializada en logística. Tan solo tres meses después, obtuvo su primer contrato de distribución de medicamentos del IMSS y de Birmex. La empresa de Lijztain se ha consolidado, en gran medida gracias al impulso de Robledo, como un actor central en el oligopolio de la distribución de medicinas durante el presente sexenio.
La operación de Robledo, si bien ha generado malestar y críticas, también le ha permitido forjar alianzas tácticas con una nueva generación de funcionarios que han ido ascendiendo en la administración pública. Estas alianzas, según la fuente, son clave para mantener su posición y avanzar en su agenda, a pesar de las evidentes fallas en el sistema de abasto de medicamentos que afectan a millones de mexicanos.
Implicaciones y Futuro del Abasto
El contexto de estas decisiones políticas y operativas se da en un marco de profunda crisis en el sector salud, exacerbada por años de desinversión y mala gestión. La reconstrucción de un sistema de salud pública robusto y eficiente es una tarea monumental que requiere transparencia, colaboración y un enfoque en el bienestar ciudadano por encima de intereses particulares. La estrategia de Robledo, de confirmarse las acusaciones, representaría un grave atentado contra la salud pública y un ejemplo de cómo las ambiciones políticas pueden socavar los cimientos de las instituciones.
El futuro del abasto de medicamentos en México pende de un hilo. Las protestas del personal de salud y las denuncias de la industria farmacéutica son un llamado de atención que no puede ser ignorado. La presidenta Sheinbaum enfrenta la presión de tomar decisiones firmes para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, desmantelando las redes de influencia y corrupción que, presuntamente, operan desde el corazón del IMSS y otras dependencias del sector salud.
La falta de transparencia en los procesos de licitación y compra, sumada a la aparente descalificación arbitraria de ofertas, genera un ambiente de desconfianza y abre la puerta a prácticas poco éticas. La industria nacional, con su capacidad probada de distribución y su conocimiento del mercado local, parece ser relegada en favor de acuerdos que, si bien pueden involucrar a grandes corporativos farmacéuticos, no necesariamente garantizan el abasto oportuno y a precios justos para la población.
La situación exige una investigación profunda e independiente que arroje luz sobre las decisiones tomadas y las responsabilidades individuales. Solo así se podrá comenzar a sanar las heridas del sistema de salud y reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de proteger el bienestar de los mexicanos. La salud no puede ser rehén de intereses políticos o económicos; debe ser un derecho garantizado para todos.