La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha optado por una estrategia de último minuto, extendiendo el plazo para el registro de líneas telefónicas por 184 días adicionales. Sin embargo, esta medida, que busca dar una nueva oportunidad al 60.9% de las líneas que aún no han sido registradas para evitar su desconexión, ha sido criticada por su aparente falta de una estrategia clara por parte del propio regulador.

En lugar de presentar un plan de acción concreto para impulsar el proceso, los nuevos lineamientos de la CRT se limitan a instruir a las empresas de telefonía, como Telcel y AT&T, a notificar a sus usuarios sobre la proximidad de la fecha límite. Los operadores deberán enviar mensajes SMS recordando a los usuarios la fecha límite para vincular sus líneas, así como advertencias sobre la suspensión del servicio en caso de incumplimiento.

Esta decisión, según analistas del sector, traslada efectivamente la carga operativa y la responsabilidad del éxito de esta segunda fase a las compañías telefónicas. Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, calificó la prórroga como insuficiente, argumentando que no aborda las fallas fundamentales de la primera etapa, particularmente en lo referente a los derechos fundamentales de los usuarios y la protección de sus datos personales.

Moreno Loza señaló que un eventual fracaso de esta política recaería principalmente en la autoridad reguladora. Si bien las empresas de telecomunicaciones participarán en la ejecución, su rol se limitará a cumplir con las directrices impuestas por la CRT, sin tener la capacidad de implementar una estrategia integral que garantice la efectividad del registro.

La primera etapa del registro, que concluyó el 30 de junio, dejó a 98 millones de líneas telefónicas sin registrar, lo que representa un porcentaje significativo del universo total. Al 25 de junio, solo 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalentes al 39.1% de las líneas estimadas.

Las fuentes de la industria atribuyen este bajo nivel de vinculación a la falta de una estrategia de difusión efectiva por parte de la autoridad reguladora. A pesar de que la CRT lanzó una campaña informativa en abril, esta comenzó cuatro meses después del inicio del proceso, dejando a muchos usuarios con dudas sin resolver.

Las principales preocupaciones de los usuarios giran en torno a la justificación de la medida, el uso, resguardo y destino de sus datos personales. A esto se suma la implementación del proceso, con criterios dispares entre operadores para la toma de datos biométricos y cuestionamientos sobre la validación de líneas sin el consentimiento expreso de sus titulares.

El nuevo calendario establece fechas límite individuales para cada número telefónico, basadas en su último dígito, entre agosto y diciembre. Sin una estrategia clara por parte de la CRT para comunicar este calendario, explicar el proceso y justificar la medida, la política de identificación de líneas móviles enfrenta el riesgo de dejar sin servicio a millones de usuarios.

La CRT, al no presentar medidas concretas más allá de la extensión del plazo y la delegación de tareas a los operadores, parece apostar a que las empresas logren movilizar a los usuarios restantes. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad de las compañías para comunicar la urgencia y resolver las dudas persistentes de la población.

La falta de una estrategia integral por parte del regulador podría ser el talón de Aquiles de esta política, dejando a los operadores en una posición difícil para cumplir con los objetivos establecidos por la autoridad.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en su afán por cumplir con los objetivos de registro, ha dejado en manos de los operadores la tarea de convencer a los usuarios de la importancia de vincular sus líneas, una labor que podría resultar compleja sin un respaldo claro y una estrategia comunicacional robusta por parte de la propia CRT.

El éxito o fracaso de esta segunda fase del registro telefónico se perfila, por tanto, como un reflejo directo de la capacidad de las empresas de telecomunicaciones para movilizar a sus usuarios, pero también como un indicador de la efectividad de las directrices y el apoyo (o la falta de él) proporcionado por el ente regulador.

La CRT deberá monitorear de cerca los resultados de esta estrategia delegada y estar preparada para intervenir si las cifras de registro no alcanzan los objetivos esperados, evitando así una desconexión masiva de líneas telefónicas que podría generar un considerable descontento social y operativo.