Puebla se ha consolidado como el epicentro del robo de gas LP en México, concentrando más de la mitad de las tomas clandestinas a nivel nacional durante el primer trimestre del año. El Observatorio Ciudadano IGAVIM reportó 157 perforaciones ilegales en la entidad, lo que se traduce en una toma clandestina cada 13 horas y 57 minutos. Esta cifra representa un alarmante incremento del 35.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 116 incidentes.
El Huachigás: Un Delito en Constante Crecimiento
El fenómeno del "huachigás", que consiste en la extracción ilegal de gas LP de los ductos para su venta en el mercado negro, no solo genera pérdidas económicas millonarias, sino que también representa un grave riesgo para la seguridad pública y el medio ambiente. Las explosiones, incendios e intoxicaciones son consecuencias directas de la manipulación de este combustible sin los debidos protocolos de seguridad.
A nivel nacional, el primer trimestre del año sumó 299 tomas clandestinas, una nueva perforación cada siete horas y 19 minutos. Las cifras mensuales muestran una tendencia ascendente: 96 en enero, 91 en febrero y 112 en marzo. Aunque el volumen total es ligeramente inferior al del último trimestre de 2025, el repunte trimestral es innegable y genera preocupación.
Puebla y el Estado de México, Focos Rojos
Detrás de Puebla, el Estado de México se posiciona como el segundo estado con mayor incidencia, registrando 79 tomas clandestinas, un aumento del 43.6% respecto al año anterior. Veracruz se ubica en tercer lugar con 23 perforaciones, un incremento del 35.2%. En total, el delito se manifiesta en 11 entidades, pero la concentración en estos tres estados es particularmente significativa.
El Ducto Cactus-Tula-Guadalajara, Bajo Asedio Constante
Susana Cazorla, especialista en el sector energético, señala que el ducto Cactus-Tula-Guadalajara, uno de los más importantes del país, es el principal objetivo de estas actividades ilícitas. Las perforaciones constantes provocan interrupciones operativas y pérdidas de presión, obligando a Pemex a detener la operación de manera recurrente. "Las tomas clandestinas no han desaparecido, simplemente cambian de ubicación", advierte Cazorla, subrayando la naturaleza esquiva y persistente del problema.
Riesgos Latentes: Explosiones y Evacuaciones
Los incidentes derivados del huachigás ponen en jaque a las comunidades aledañas a la infraestructura. En junio, una explosión de cuatro pipas de gas LP en Tepeaca, Puebla, puso en riesgo a más de 2,000 personas. Días después, una fuga en San Matías Tlalancaleca, también en Puebla, obligó al desalojo de 120 personas. Estos eventos subrayan la urgencia de reforzar las medidas de seguridad y prevención.
Limitaciones en el Combate al Huachigás
El sistema Scada de Pemex, diseñado para monitorear en tiempo real los ductos, enfrenta serias limitaciones operativas debido a las condiciones de inseguridad en las zonas afectadas. Los trabajadores de Pemex no pueden enfrentarse a grupos del crimen organizado, y en ocasiones, la presencia de familias en los sitios de extracción dificulta la intervención de las autoridades. La vigilancia con drones y los operativos de seguridad, aunque presentes, resultan insuficientes ante la magnitud del problema.
La combinación de vigilancia tecnológica, operativos de seguridad y la fuerte presencia del crimen organizado crea un escenario complejo para erradicar el huachigás. A pesar de los mecanismos de monitoreo, las tomas clandestinas persisten y se desplazan, manteniendo la presión sobre la infraestructura energética nacional y la seguridad de las comunidades.
El contexto de inseguridad generalizada en la región, donde grupos delictivos operan con impunidad, exacerba la problemática del robo de gas LP. La falta de una estrategia integral que aborde tanto la seguridad pública como la protección de la infraestructura energética deja a Puebla y a otras entidades vulnerables ante este delito de alto impacto.
Analistas señalan que la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la limitada capacidad de respuesta en zonas de alta peligrosidad son factores clave que perpetúan el huachigás. La recuperación de la gobernanza territorial y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad son pasos necesarios para comenzar a revertir esta tendencia.
La persistencia del huachigás no solo afecta la economía formal y el suministro de gas LP, sino que también tiene un impacto directo en la vida de las personas, como lo demuestran los recientes incidentes de explosiones y fugas. La situación exige una respuesta contundente y coordinada por parte de las autoridades federales y estatales para proteger la infraestructura y, sobre todo, la vida de los ciudadanos.